El pasado jueves, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de Ley de Amnistía y, con carácter de urgencia, lo remitió para su estudio y control a la Comisión de Política Interior, paso previo al debate final en la plenaria y a su aprobación definitiva. Mientras tanto, en Miraflores, Nicolás Maduro recibió a una escuálida representación del chavismo para conmemorar una vez más la fracasada intentona golpista de Hugo Chávez, entonces teniente coronel de paracaidistas. Aprovechó Maduro la inverosímil ocasión para declararse en rebeldía ante el Poder Legislativo, porque en la AN, no deja de repetirlo, se ha atrincherado la oligarquía apátrida con el perverso propósito de poner en libertad a los presos políticos y propinarle un fin anticipado a su período presidencial.
“Ni por las buenas ni por las malas”, advirtió entonces Maduro, enfurecido. Como si en este instante crucial sintiera estar muy por encima de la ley, de la Constitución y de la voluntad mayoritaria de los venezolanos, hartos hasta la desesperación por los efectos demoledores de su rotundo fracaso de gobernante.
Estos dos objetivos de la oposición los anunció Henry Ramos Allup antes de asumir la presidencia de la nueva AN, al divulgar los aspectos centrales de la agenda legislativa por venir. Y, en previsión de dudas posibles, los calificó de “no transables”. Es decir, que tampoco los diputados de la oposición, por las buenas ni por las malas, dejarán de cumplir su compromiso electoral de aprobar cuanto antes la Ley de Amnistía y encontrar, en el plazo de seis meses, la salida constitucional, democrática y pacífica del gobierno Maduro.
La decisión parlamentaria del jueves y la inmediata insubordinación presidencial, precisamente cuando se recuerda un año más el sangriento inicio del proceso político cuyo desenlace, por ahora, es la crisis más grave que haya sufrido Venezuela a lo largo de su historia republicana, nos coloca en el centro de una encrucijada oscura, de consecuencias imprevisibles.
La primera incógnita a despejar es si la Asamblea tiene suficiente fuerza para hacer cumplir la Ley de Amnistía, y para dar, un poco más tarde, los pasos constitucionales necesarios para poner en marcha la transición pacífica de Venezuela hacia la restauración de la democracia como sistema político. La segunda es si Maduro y los mandamases políticos y militares del régimen acatarán la decisión parlamentaria o si la ignorarán por completo con la grosera complicidad de un Tribunal Supremo de Justicia más rojo y militante que nunca.
Esta será la confrontación de todas las confrontaciones. Un conflicto absoluto, porque a partir de su aprobación la Ley de Amnistía marcará de manera irremediable el destino de ambas Venezuelas. Si la Asamblea puede hacer cumplir la ley, el hecho significaría la rendición más o menos incondicional de Maduro. En todo caso, la inclinación de la balanza en favor de su cesación como presidente de Venezuela. Si por el contrario el régimen entra en desacato de la Constitución y las leyes, y no pone en libertad a los presos políticos inmediatamente después de aprobada la ley y después se niega a admitir el fin de la “revolución bolivariana”, se habrá ejecutado un autogolpe de Estado y la AN sencillamente dejaría de existir.
En cualquier caso, el futuro debate de la Ley de Amnistía, su aprobación, el veto presidencial y la reiterada sanción parlamentaria, marcarán un punto de quiebre en el proceso político. A partir de ese instante del drama nacional, salga sapo o salga rana, Venezuela comenzará a ser, brusca o tranquilamente según lo decidan Maduro y las fuerzas que lo respalden en la eventual aventura de desconocer la legalidad constitucional, democracia a secas o dictadura, al fin sin disimulos, abierta e inaceptable. En ambas situaciones, por las buenas o por las malas, al margen de lo que Maduro y sus lugartenientes puedan pensar, tendremos que vérnosla y asumir una Venezuela mucho mejor o mucho peor, pero diametral y desafiantemente distinta a la actual.
@aduran111
El Nacional
