Ante la posibilidad cierta de que la oposición obtenga no sólo una mayoría de votos sino también una mayoría de diputados en las próximas elecciones parlamentarias, es necesario que nos preguntemos cómo puede esperarse que actúe el Gobierno ante ese hecho y qué debe hacer la oposición frente a dichas acciones. Es claro que de un régimen que concibe la política en términos de conflicto definitivo, de aniquilamiento o sujeción total del contrario, no cabe esperar una conducta conforme a lo que es el funcionamiento normal de la democracia. En cambio, es previsible un comportamiento orientado a anular o reducir hasta el extremo la importancia y las potestades de la Asamblea Nacional.
Describamos brevemente en primer término el plano general en el que se desarrolla el conflicto cotidiano entre el régimen y las fuerzas opositoras: dado que el Gobierno fundamenta sus resoluciones en normas vigentes (al margen de lo forzada o absurda que nos parezca tal fundamentación) la oposición tiende a reaccionar de acuerdo con los automatismos típicos del político-jurista, utilizando mecanismos de impugnación ante diferentes instancias del Estado, con los que obtiene invariablemente un acto o sentencia contrario a sus demandas. Luego de quince años, ya parece haber caído en cuenta de que más allá del valor de dejar registro histórico de tales reclamos, semejantes recursos están decididos en lo sustancial antes de que sean presentados puesto que no hay en el país tribunales imparciales e independientes. Así, el Gobierno se ha aprovechado y se aprovecha cada día de este dilema opositor: «Si aceptamos el empleo de los mecanismos existentes en el ordenamiento, esto nos obliga a aceptar la validez de sus eventuales resultados dado que ello está implícito en el hecho de ejercer una acción ante un determinado órgano; pero si rechazamos dichos mecanismos como irremediablemente viciados, esto nos obliga a recurrir a vías no jurídicas y a sufrir el costo de ponernos –activa o pasivamente- al margen de la ley».
¿Cambia el juego de un modo significativo al ganar la oposición la mayoría de la próxima Asamblea Nacional? Veamos. Se trata de la instancia legislativa fundamental del Estado (la fuente de la ley) y al mismo tiempo de la instancia política de mayor importancia puesto que representa la libre voluntad de la nación. Pero nos encontramos aquí con un serio problema: el ámbito y alcance de las potestades de la AN se encuentran minuciosamente limitadas en la Constitución, y un aspecto central de tales limitaciones es la creación de la Sala Constitucional del TSJ, la cual tiene numerosas competencias para revisar y controlar los actos del poder legislativo. Es fácil prever que el Gobierno empleará todos los recursos posibles para minimizar la actuación de la AN, en particular el valioso instrumento que es la SC, definida por la propia Constitución como el último intérprete de la norma básica. Así pues, en la lucha por afirmar su existencia y el ejercicio de sus potestades, la AN estará sujeta a lo que declare y ordene la SC, esto es, estará sometida al régimen. La SC anulará leyes, anulará derogaciones de leyes y ordenará la vigencia de normas derogadas por la AN, dictará sentencias para impedir que se discutan y aprueben determinados proyectos de leyes, declarará con lugar amparos intentados por funcionarios investigados por la AN, anulará los nombramientos que haga la AN, impedirá interpelaciones, interpretará el Reglamento interior y de debates a favor de la minoría, declarará omisiones legislativas, ejercerá la jurisdicción normativa para legislar ella misma, dictará sentencias de interpretación constitucional, decidirá conflictos entre Poderes a favor del Poder contrario a la AN, etc.
Vista de tal manera, la lucha estaría ya decidida, independientemente de la mayoría que se obtenga en las elecciones parlamentarias. La ventaja que tiene el Gobierno, al contar con el control del Tribunal Supremo de Justicia, consiste en que el «sistema jurídico» está elaborado de acuerdo con las conveniencias del oficialismo, y los cambios que en él pretendan introducirse quedan sujetos al criterio de un tribunal que carece completamente de imparcialidad. Los instrumentos conceptuales de los que se valdrá el régimen son: a) apelar constantemente a un formalismo jurídico estricto, que obligue a la AN a aceptar las decisiones que sobre sus potestades y competencias formule la Sala Constitucional, enarbolando la bandera del respeto a la Constitución y al orden normativo –lo cual obviamente no implica respetarlos en la práctica-; y b) cuestionar la legitimidad de la nueva AN, contraponiendo dicha instancia de representación del «viejo Estado burgués» al «poder popular» en el que el pueblo se hace directamente sujeto político sin ninguna mediación.
Frente a esto, la próxima AN corre el riesgo de repetir trágicamente el ya descrito dilema de la oposición en los quince años anteriores: participa en el juego de recursos, impugnaciones y sentencias, aunque el resultado ya es sabido; o toma la ruta de la rebelión. Para evadirlo sólo hay un camino: la afirmación de una idea de derecho que le otorgue justificación jurídica, ética y política a las acciones de la AN. Sostenemos que la lucha básica se dará en torno a ideas de derecho y las probabilidades de la oposición de ganar esta confrontación dependen de que logre imponer una idea contraria a la que ha predominado hasta ahora. Tal idea consistiría, primero, en la afirmación del poder legislativo nacional como el poder soberano del Estado; segundo, el cuestionamiento del orden vigente como un conjunto de mecanismos tramposos cuya finalidad básica es impedir el cambio de gobierno y la expresión de la voluntad del pueblo; y tercero, defender radicalmente la legitimidad de la AN derivada de las elecciones parlamentarias.
Desde luego que semejante lucha no se dará únicamente en un plano de debate filosófico o académico. Y es muy importante alertar sobre el peligro que representa el predominio de un punto de vista puramente jurídico en las filas opositoras. No se trata de citar artículos o sentencias de cortes internacionales sino de postular enérgicamente y con absoluta convicción una forma de entender el derecho y el Estado. Ello exige afirmar ciertos conceptos y combatir otros; procurar la realización de ciertos hechos e impedir otros; afirmar ciertos valores y negar determinadas realidades. El punto inicial y básico es presentar a la Asamblea Nacional como la Nación reunida para considerar y decidir sobre los temas esenciales de su existencia. Ahora bien, en la praxis política concreta, ¿qué es específicamente lo que hay que hacer?: a) Frente al estricto formalismo al cual se aferrará el Gobierno contando con el dominio de la Sala Constitucional, es necesario insistir en que las «reglas» e «instituciones» que defiende no son más que un elaborado sistema de señuelos, redes y trampas y no un orden equitativo e imparcial; b) Frente al argumento de que la SC es la máxima instancia para decidir controversias y el supremo intérprete de la Constitución, hay que expresar claramente la voluntad de poner fin al secuestro del texto constitucional por parte de un grupo de funcionarios; los máximos intérpretes de la Constitución no pueden ser otros que los representantes de la Nación; y c) Frente al intento de mostrar a la AN como un cuerpo puramente representativo, contrario a la democracia auténtica, es necesario afirmar radicalmente su legitimidad.
Preguntemos: ¿Es compatible la impugnación del statu quo normativo e institucional en el sentido indicado con la presencia de diputados de oposición en la Asamblea Nacional? No sólo es compatible sino que dicha presencia es una condición necesaria para que semejante impugnación tenga éxito. Se trata de que la Asamblea Nacional ignore cualquier decisión del Tribunal Supremo de Justicia que se desvíe de la subordinación que en rigor tiene que exigírsele y que constituya una interferencia con el ejercicio de sus legítimas potestades.
Finalmente: es preciso tener muy presente que la victoria en la lucha por una nueva idea de derecho es la condición de cualquier programa sustantivo para la AN (leyes, derogaciones, controles, nombramientos, reformas, etc.). Para hacer algo que tenga sentido en el esfuerzo del país por reconstruir el Estado, primero es necesario que la AN logre derrotar el derecho del régimen. Este es el verdadero y crucial enfrentamiento, se dará en el plano de las ideas, del espíritu, de las emociones, de las convicciones morales, y del triunfo en él depende el restablecimiento de la democracia entre nosotros.
@Fdelgadosoto
