No es fácil entrar a un organismo público. Se han convertido en fortalezas con guardias armados, con refinados sistemas de seguridad y con un régimen de exclusión en el que solo faltan letreros que adviertan la reserva del derecho de admisión

Atrás quedaron las épocas cuando dirigentes vecinales, activistas políticos y sindicales de distintas procedencias ideológicas frecuentaban oficinas de ministerios e institutos oficiales haciendo diligencias para sus comunidades.

La atención al público era tarea cotidiana en esas instituciones. Se tramitaban solicitudes de alumbrado, agua, cloacas, canchas, módulos policiales. O se recibían quejas sobre maltrato de funcionarios y reclamos sobre interrupción o carencia de servicios públicos.

Esas actividades se convirtieron en rutina porque los solicitantes encontraban respuestas. Eran dependencias abiertas a los ciudadanos. Ya no son así. No hay quien reciba demandas de los vecindarios.

Al ser clausurada esa instancia, la gente no ha tenido otro lugar que la calle para protestar contra la inseguridad, el desabastecimiento o la falta de agua y de alumbrado público.

En la calle, el destinatario ya no es solo el funcionario responsable del servicio. Ahora, el mensaje va también dirigido a otros vecinos, a los transeúntes, a la opinión pública, con la esperanza de que el eco colectivo ablande los insensibles oídos de quienes ni escuchan ni reciben a nadie.

Con la calle no hay garantía de que se atiendan las exigencias de las comunidades, pero se produce una espiral de opinión y una contagiosa solidaridad que da fuerzas a los reclamantes para seguir la lucha.

La calle se ha convertido en una instancia pública porque no funcionan los canales regulares. Las protestas callejeras son miles. En caseríos, en barrios, en urbanizaciones, en plazas públicas, en calles y avenidas. Son un sensible termómetro del desespero de quienes no tienen quien los oiga ni haga caso a su clamor.

Esas amas de casa, consumidores, transportistas, vecinos de barriadas populares, estudiantes y trabajadores no son conspiradores. No actúan por encargo de nadie, sino en nombre de sus necesidades. El pueblo protesta porque no se lo atiende y porque se lo mantiene en el olvido.