Lo primero que le llamó la atención al encontrarse frente al conservador edificio de ladrillos llamado Edificio de la Secretaría General Organización de Estados Americanos, ese que se encuentra en la intersección de la calle 18 con la calle F, fue la absoluta tranquilidad y la calma con la que las personas entraban y salían del edificio. No podía dejar de pensar en el infame “Palacio de Justicia”, allá en la Esquina de Cruz Verde en Caracas, y en los ya típicos despliegues de la Guardia Nacional cuando se celebra alguna audiencia que podía generarle incomodidad al Ejecutivo. Aquel cordón verde se refugiaba en sus escudos de fibra de vidrio y en su emblema – “El Honor es la Divisa” – de descaro. Aquí, por el contrario, no había ni un fiscal de tránsito por ningún lado y, sin embargo, imperaba la calma y la cordura, cual homenaje a López Contreras.
Pasado el punto de seguridad y con la orientación de uno de los funcionarios se dirigió a unas escaleras que conducían al salón donde se llevaría a cabo la audiencia de la Situación general de derechos humanos en Venezuela, todo en el marco del período 154 de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“CIDH”) en la OEA. El simple hecho que la audiencia fuese pública ya transmitía un aire de transparencia. Buen comienzo, pensó para sí mismo.
La bandera azul del fondo del salón exhibía orgullosa el emblema de la CIDH y combinaba con los manteles también azules que cubrían las mesas en dónde posteriormente se sentarían el panel de Comisionados, los representantes legales de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y el Agente del Estado venezolano frente a la CIDH. La mesa estaba servida para la audiencia, literalmente, con los micrófonos y las botellas de agua sin destapar. De pronto algo le llamó la atención en la mesa del Estado venezolano; se trataba de una bandera venezolana con la leyenda “Venezuela se respeta”. Indistintamente del tono con el que se leyera aquello era evidente que desafiaba tanto a la contraparte como a la propia CIDH. Al margen de la forma, que cuando menos era altanera e infantil, pronto descubriría que desafiaba, además, sin fondo.
Una vez sentadas las partes interesadas el Comisionado que presidía la audiencia dio la bienvenida y una breve introducción en la cual indicaba que la audiencia había sido solicitado por ambas partes. Interesante aquello. Además, en el marco del más solemne decoro y reconociendo la investidura que correspondía al acto, el Comisionado se refería al Agente del Estado Venezolano y sus colegas como “la digna delegación del Ilustre Estado Venezolano”. Aquello de digna y de ilustre, lamentablemente, estaba por verse. En todo caso, el Comisionado explicó que cada parte tendría 20 minutos para explicar sus alegatos y seguidamente dio el derecho de palabra a las “organizaciones peticionarias”. Dicha delegación contaba con la presencia de un abogado de intachable trayectoria en materia de defensa de los derechos humanos (el “Abogado” ), al punto que hace ya algún tiempo fue parte de la misma CIDH ante quien se presentaba. Incluso había intercedido a favor de la defensa de los derechos humanos de políticos venezolanos de todo el espectro partidista.
Comenzó entonces el Abogado, con tono diáfano pero firme, explicando la manera en que se articula el resquebrajamiento del estado de derecho en Venezuela con la consecuente vulnerabilidad de los derechos humanos. Aquello era una tenebrosa sinfonía que intercambiaba cifras, hechos, datos e incluso información suministrada por el propio Estado venezolano con los conceptos de impunidad, represión, arbitrariedad y abuso de poder.
Denunció, entre otras cosas, la manera en la cual se eligieron a los altos representantes del “Poder Moral” en Venezuela. Insólito el nombre. Aquello en virtud de que el Poder Judicial (e incluso el propio Poder Legislativo) optó por convenientes lecturas de los votos y procedimientos requeridos para dichos nombramientos. Dónde se requería mayoría calificada (2/3), conforme a lo previsto en la Constitución, de pronto se interpretó que en la práctica más bien se trataba de mayoría simple de los presentes.
Prosiguió el Abogado explicando que el porcentaje actual de jueces provisorios venezolanos asciende a un escandaloso 80% y que aquello, inevitablemente, conlleva a que estos jueces sean sujetos a cualquier tipo de presiones externas. No podía el Abogado dejar de traer a colación el caso de la Juez Afiuni para ilustrar esta vulnerabilidad ¡y eso que en el caso de la Juez Afiuni se trataba de un juez titular! Si semejante desgracia le podía ocurrir a un juez titular, ¿qué tipo de salvaguarda podría tener un juez provisorio? Por cierto que, según el Abogado, aquello no es prerrogativa de los jueces por cuanto los fiscales venezolanos temen también recibir el nefasto oficio que con una línea truncaría su trayectoria profesional: “Usted ha sido removido de su cargo”.
Terminó su presentación el Abogado denunciando que habían dos alcaldes en ejercicio que habían sido procesados y juzgados en cuestión de horas. Extraña manifestación de celeridad y eficiencia en un país cuyo Poder Judicial se caracteriza por no estar apurado.
Seguidamente tomó la palabra el Agente pero tan pronto inició su discurso tildando a la CIDH como un “Tribunal de la Inquisición” debilitó la posición del Estado venezolano por cuanto fue un indicativo que se trataría de palabrería etérea y sosa. Continuó haciendo referencia a una publicación emitida en 1961 por el entonces Fiscal General de la República que alertaba de la precaria situación en materia de estado de derecho en Venezuela, pero lo que pretendía ser un sólido argumento resultó ser una inaceptable excusa. Aquello lo repetiría el Agente más adelante comentando que hay violaciones de derechos humanos en todos los países del mundo. Como si aquello, incluso de ser cierto, justificaría el deplorable desempeño del Estado Venezolano en la materia. Incluso siguió escudándose de la lógica y la vergüenza explicando que las correcciones no se pueden hacer “de la noche a la mañana”, en el entendido que 15 años de gobierno no son suficientes.
Los colegas del Agente fueron más sensatos y esgrimieron que (i) la cifra de jueces provisorios es del 66% y no el 80%, (ii) recientemente el Ministerio Público creó dos nuevas unidades especializadas en derechos humanos y (iii) la sanción de jueces venezolanos se impone por la vía judicial en lugar de por vía administrativa. Curiosamente no hicieron referencia a los nombramientos de los representantes del Poder Moral.
Para finalizar retomó la palabra el Agente arremetiendo con la artillería pesada del discurso anti-imperialista y así, convenientemente, condenó las sanciones del gobierno estadounidense “a Venezuela” (en lugar de reconocer que se trató de sanciones a individuos) y la “doble moral” de la CIDH frente al Caracazo y al 11 de abril del 2002 en Venezuela. Esta balacera verbal vino torpemente acompañada de manoteos, golpes a la mesa y tono burlón.
El Comisionado, en nombre del resto del panel, agotado de la verborrea del Agente suplicó a las partes que limitaran los alegatos finales a 3 minutos cada parte para poder dar fin a aquel triste espectáculo. Dichos 6 minutos no fueron más que el eco de las presentaciones anteriores.
No señor Agente, pensó mientras salía de la audiencia, lamentablemente hoy a Venezuela no la respetan ni en el extranjero ni en el territorio nacional. El respeto y la credibilidad se ganan y se construyen, no se exigen con discursos vacíos, patanerías y manoteos.
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