571 caraqueños fueron asesinados por organismos policiales en nueve meses

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Monitor de Víctimas ha registrado 1.242 homicidios en nueve meses en la Gran Caracas, desde mayo hasta diciembre. El principal móvil de estas muertes es la resistencia a la autoridad, que implica la participación de los cuerpos de seguridad. 63% (780 casos) ocurrió en el municipio Libertador, mientras que 36% se registró en los sectores capitalinos del estado Miranda

@fabicrisci17

 

 

El registro de estas cifras fue hecho por Monitor de Víctimas, un proyecto desarrollado por Runrun.es y Caracas Mi Convive, que combina periodismo de datos, participación ciudadana y periodismo de investigación. A través de la recolección de información -en alianza con ElPitazo.com, EfectoCocuyo.com, Crónica. Uno y El Coorperante- sobre los homicidios que ocurren en la capital venezolana, se busca caracterizar los hechos e identificar patrones que contribuyan con el diseño de políticas públicas orientadas a reducir la violencia.

“La sociedad venezolana está afectada transversalmente por la violencia, convirtiéndose en un eje fundamental para poder leer a los venezolanos”, señaló la abogada y directora de Cofavic, Liliana Ortega. El resumen anual de 2017 de la fundación InSight Crime ubica a Venezuela como el país más homicida de la región, con una tasa de 89 homicidios por 100 mil habitantes. Por su parte, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) registró 26.616 homicidios en Venezuela durante 2017.

 

Zonas más violentas

HomicidiosporMunicipio

La psicólogo social, criminóloga y doctora en Estudios del Desarrollo, Magally Huggins, explicó que los grupos delictivos tienden a concentrarse en sitios donde la posibilidad de hacer un proyecto de vida, lejos del delito, son menores.  “El sujeto de la violencia se construye día a día y nada estimula más la delincuencia que la impunidad”.

Los vecinos de Catia, municipio Libertador, denunciaron el aumento de casos en los que la muerte se produce en otras zonas de la capital y los cuerpos son abandonados  en las riberas del río Guaire, a la altura de Los Flores, por ejemplo. “A un señor del Junquito, como de 60 años, lo secuestraron y lo mataron, encontraron su cuerpo en el Guaire. Varios cadáveres fueron  arrojados en la zona cercana al río es muy sola y muy oscura”, contó un residente de la zona.

Los casos más frecuentes son ajuste de cuentas y redadas policiales; según los líderes en la zona no existen bandas organizadas de delincuencia común, ya que el control lo tienen los llamados colectivos o grupos armados afectos al gobierno que asumieron el control de gran parte del oeste de la capital de la República. “Hace unos días quitaron la luz de todo el sector porque buscaban un joven que estaba robando en las casas, nosotros desde las nuestras oíamos pasar las motos”, relataron los vecinos.

La directora de Cofavic, Liliana Ortega, explicó que según el Derecho Internacional todos los crímenes que comentan particulares, en los que se pueda probar que hay tolerancia del Estado, constituye responsabilidad internacional del mismo.

Por otra parte en las parroquias que conforman la zona del centro de Caracas (Sucre, Candelaria, San José, 23 de Enero, La Pastora, Altagracia y Catedral) se registraron 160 asesinatos en seis meses; siendo el robo, el ajuste de cuenta y la violencia policial los móviles con mayor número de víctimas .

La psicólogo social Magally Huggins denunció que en la capital existen zonas controladas por grupos delictivos gracias a la impunidad, lo cual ha permitido que tomen el control del tránsito en las calles y el tráfico de drogas, entre otras actividades. Indicó también que, en muchos casos, algunos de estos líderes delictivos tienen vínculos con los miembros de los cuerpos policiales del Estado.

“En Propatria, la policía entra a los bloques buscando personas solicitadas, pero a la semana sigue habiendo los mismos problemas de drogas y violencia”, contó Yonderwin Zambrano, líder en esta zona.

Los vecinos comentan que la comunidad siente mayor temor cuando entran los cuerpos policiales que por los mismos delincuentes. “Cada banda tiene su lugar y hay zonas a las que no se puede acceder, pero la gente teme más a la policía. Hubo un caso en el que los cuerpos de seguridad entraron a la cancha buscando a una persona solicitada y mataron a gente inocente que no estaba relacionada” señaló Zambrano.

El 77% de las muertes violentas en Caracas son en la vía pública, 19% en viviendas y 3% en establecimientos comerciales. De los casos de asesinatos en las viviendas 64% (129 casos) fueron muertes registradas como resistencia a la autoridad y ejecuciones policiales, solo 30 casos fueron por robo.

En el mes de septiembre El Nacional reseñó la muerte de Edward López Ojeda, tenía 20 años de edad y era mecánico. Su familia denunció que la Policía Nacional Bolivariana abrió la puerta de su vivienda, en la parte alta de La Vega, se lo llevó y lo asesinó de un disparo en el pecho.  Dentro del municipio Libertador, las parroquias La Vega, El Paraíso, Santa Rosalía, El Valle y Coche, zonas del sur oeste de Caracas, registraron 284 homicidios, 121 de ellos fueron resistencia a la autoridad y ejecuciones.

Esteban Farías, líder en la parroquia La Vega, relató el caso de cuatro jóvenes que la policía se llevó de La Ladera y fueron encontrados muertos en Mamera, parroquia Antímano. En La Vega el mayor número de casos se registra por robo, sin embargo los enfrentamientos con la policía son constantes. Farías también recuerda un caso en el que un joven se enfrentó contra los cuerpos de seguridad y al querer lanzar una granada, esta le detonó antes y le amputó el brazo; en ese hecho murieron dos personas que no estaban solicitadas.

 

 

Víctimas menos visibles

 

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Entre los meses de mayo y enero en  Caracas se registraron 68 mujeres asesinadas, 69% de ellas en el municipio Libertador.

De estos 68 casos, 22% tuvo como móvil el robo y 19% entra en la categoría de violencia de género. no de los casos que más conmovió a los vecinos de Propatria en el oeste de Caracas fue el de Ana Luna, una joven de 16 años asesinada por su pareja. “Los vecinos contaron que estaba en una fiesta y le dispararon en la frente por celos, ella tenía una bebé de 6 meses”, dijo Yonderwin Zambrano, líder en esta zona.

Para la abogada Liliana Ortega, la violencia de género es un tema por el que hay que continuar trabajando a pesar de que ha habido algunos avances; pero considera que al igual que todas las violaciones a Derechos Humanos, este tema también está en un manto de impunidad.

Monitor de Víctimas también registró que durante nueve meses 83 menores de edad fueron asesinados. La comunidad de Petare recuerda la muerte de Carlos Rivera, un joven de 17 años, que era parte del equipo Deportivo MB de la zona. Estaba celebrando con sus amigos el triunfo de su equipo, pero cuando iba regresando a su casa recibió un disparo desde un carro en el barrio Los Trailers. “A Carlos le gritaron y por curiosidad volteó, en ese momento le dispararon, pero no era a él a quien buscaban”, contó uno de sus compañeros y líder de la zona, Eyker Racero.

La psicóloga social Magally Huggins indicó que cada vez los delincuentes son más jóvenes, pero a la vez cada vez más las víctimas del delito también son más jóvenes.  “Las condiciones de vida de nuestra juventud son muy carentes. Los ejemplos positivos cada día son más escasos”, señaló.

Solo en el municipio Sucre se registraron 23 (28%) asesinatos a menores de 18 años. El promedio de edad en general entre las víctimas es de 47 años, sin embargo 161 (12%) de los 1.242, registrados en nueve meses, eran menores de 20 años.

“El Estado es el responsable de que no se comentan violaciones de Derechos Humanos, de los menores y de cualquier persona, debe velar porque se cumpla el derecho a la vida, a la integridad personal y al debido proceso.”, señaló Liliana Ortega.

 

Móviles de la violencia

 

Los casos de violencia policial (resistencia a la autoridad y ejecuciones) lideran la lista de los móviles con 571 muertes, 46% de los casos, en segundo lugar el robo con 298 crímenes, 24%, y el tercero ajuste de cuenta con 124 asesinatos, 10%.

“Está claro que todos los planes de seguridad ciudadana han fracasado, que no hay resultados positivos, ni para mejorar la seguridad ciudadana y mucho menos para garantizar los Derechos Humanos; las cifras sobre ejecuciones, detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales son elocuentes”, indicó la directora de Cofavic, Liliana Ortega.

La psicólogo social y criminóloga Magally Huggins expresó que la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) demostró que hay zonas de Caracas en donde la arremetida policial es más fuerte. “En el caso de Petare parecería que hay un nivel de convivencia entre la población y la delincuencia, y la policía entra prácticamente en complicidad con ellos” opinó.

Los vecinos de Petare contaron que a diferencia de otras zonas, los mayoría de las muertes violentas en el municipio Sucre son por robo, ajuste de cuenta y enfrentamientos entre bandas. Sin embargo, según lo registrado por Monitor de Víctimas, el 30% de los homicidios en el municipio fueron por violencia policial. “Creemos que no hay tantos casos de resistencia a la autoridad y ejecuciones debido a la corrupción, los cuerpos policiales pasan de largo por la zona. En sectores como La Dolorita, El Chorrito y El Torre es muy peligroso acceder”, denunció uno de los líderes comunitarios.

Uno de los casos que recuerda la comunidad fue la muerte de “Justo”, uno de los presuntos líderes del narcotráfico, quien fue asesinado supuestamente en  un ajuste de cuentas en la parte baja del barrio San Isidro, en Petare. Sin embargo Monitor de Víctimas registró en total solo nueve casos de enfrentamiento entre bandas, de los cuales siete sucedieron en el municipio Libertador.

Según la abogada Liliana Ortega, el Estado debería hacer un plan integral que permita desarrollar, lo que se llama en derecho internacional, las garantías de no repetición, que son aquellas que van dirigidas a las víctimas secundarias y a la sociedad. Que incluya reformas legislativas, acciones de reconocimiento, reparación integral a las víctimas y cohesión social, ya que considera que cada caso tiene que ser estudiado de manera específica para determinar las medidas.

“Está la vía de investigar y sancionar a los responsables, pero también están las garantías de no repetición para contribuir a la reducción de violencia y reparación de las víctimas, ambas tiene que ser transitadas por el Estado” apuntó la directora de Cofavic.

Por otra parte, la psicóloga social Magally Huggins, explicó que para disminuir los niveles de delincuencia debe haber una red articulada interministerial con la sociedad civil y que el  Estado que no estimule la violencia. “Con este nivel de deterioro, normalizar el sistema de justicia sin ocuparse del sistema educativo y la violencia intrafamiliar, los esfuerzos no serán suficiente. Debe haber una limpieza de los cuerpos policiales y también ocuparse de la población”, dijo finalmente Huggins.

 

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