Una investigación de IPYS Venezuela encontró que seis de las ocho autoridades que han pasado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones entre 2005 y 2016, han tenido en común la militancia en el partido de gobierno.

Un reporte de IPYS Venezuela en torno a los últimos once años de gestión de Conatel devela que su relación con el partido de gobierno lo ha convertido en un árbitro parcializado, utilizado como un motor político «que hostiga a los medios críticos y a las voces disidentes», asegura el informe.

Entre enero de 2005 y septiembre de 2016, Conatel acumuló 56 casos de violaciones a la libertad de expresión, que desencadenaron 129 acciones de investigaciones, multas, cierres, incautaciones de equipos y medidas de censura en los medios tradicionales, y en las plataformas digitales a lo largo de once años. De ellas se derivaron 50 cierres de estaciones televisivas y radiales en distintos estados de Venezuela, de las cuales se desconoce su estatus actual.

Al menos, 88% de estas 56 decisiones han sido tomadas por directores que han tenido una militancia activa en el Partido Socialista Unido de Venezuela. «Las ventanas para la denuncia y la crítica fueron desapareciendo por las órdenes estatales hasta lograr establecer un sistema atemorizado y cauteloso, que esquiva las coberturas noticiosas y de interés público, para evitar sanciones de Conatel», asegura el instituto.

Durante estos once años se afectó a 130 radioemisoras, televisoras, portales web y empresas proveedoras de internet en 22 estados de Venezuela. Por oficio de Conatel recibieron órdenes que restringieron las libertades de estas empresas para operar y también la de sus audiencias de recibir informaciones, opiniones y contenidos plurales, diversos y amplios, sin ningún tipo de condicionamiento.

* Con información de Ipys Venezuela