Maduro hace un “remake” de planes de seguridad fracasados y lo titula Campaña Carabobo 2021

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Ronna Rísquez

@ronnarisquez

Desde el nombre (Campaña Carabobo 2021), pasando por las seis líneas de acción, hasta llegar a los ejecutores del programa: El “nuevo” plan de seguridad de Nicolás Maduro es un refrito de políticas de criminalidad ya conocidas, con los mismos actores y un final predecible.

Hasta los funcionarios designados para ejecutar el Plan Campaña Carabobo 2021 fueron reciclados: Tareck El Aissami, Néstor Reverol y Gustavo González López lideraron las políticas de seguridad del país como ministros de Relaciones Interiores (2008, 2012, 2016) y ninguno logró reducir la criminalidad. 

Por el contrario, durante la gestión de El Aissami -que hacía llave con Reverol, como viceministro- los homicidios aumentaron en 60% y se consolidó la figura del “pran”, mientras que González López fue el padre de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP).

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Foto El Cooperante

“Es un plan reactivo ante la muerte de una figura pública como el animador Arnaldo Albornoz. Ensamblaron lo primero que se les ocurrió para hacer un refrito y dar respuesta a ese asesinato. No tenían nada y lo que hicieron fue juntar todos los planes anteriores y los mezclaron. Agarraron Patria Segura -el primer plan de Maduro-, patrullaje inteligente, cuadrantes de paz, Movimiento por la Paz y la Vida, hicieron una reedición de la ley sapo y a la OLP le colocaron una “h”, lo metieron en una licuadora y sacaron eso”, explicó Luis Izquiel abogado penalista y experto en seguridad ciudadana.

Campaña Carabobo, así se llamó el comando de la campaña electoral que llevó a Hugo Chávez a la Presidencia de la República en 2012; Movimiento por la Paz y la Vida, fue la “institución” que en 2013 creó las zonas de paz; Cuadrantes de Paz, una división geográfica de patrullaje de seguridad diseñada por Miguel Rodríguez Torres cuando fue ministro de Relaciones Interiores en 2014… Es así como las 6 líneas de acción anunciadas por Maduro el pasado martes 17 de enero para combatir la criminalidad no son más que un refrito de viejas y fracasadas estrategias de seguridad ciudadana implementadas por los dos gobiernos chavistas en el pasado.  

 

1. Movimiento por la Paz y la Vida

Esta instancia gubernamental existe desde 2013. Está adscrita al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y en su primera etapa fue dirigida por José Vicente Rangel Àvalos, quien para ese entonces era viceministro de Seguridad Ciudadana.  

 

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No hay nada nuevo en su versión 2017 y su primera edición no dejó logros para añorar. El Movimiento por la Paz y la Vida -en teoría- fue creado con la finalidad de promover la convivencia en las localidades más violentas del país mediante la reinserción y pacificación de los grupos delictivos. Se les recuerda por ser los artìfices y fundadores de las Zonas de Paz, en septiembre de 2013. Las primeras se instalaron en el estado Miranda: 4 municipios de Barlovento y 6 de los Valles del Tuy.

Las Zonas de Paz -impulsadas por el Movimiento por la Paz y la Vida- se convirtieron en territorios liberados, donde los cuerpos de seguridad no podían ingresar y las bandas organizadas delinquían con impunidad. Estas zonas fueron usadas para ocultar a delincuentes evadidos de las cárceles o solicitados por las autoridades, y para mantener en cautiverio a vìctimas de secuestros. Las bandas delictivas se unieron para actuar contra la policía y preservar su “negocio”: el tráfico de drogas. La Cota 905, El Valle y El Cementerio, como zonas de paz, se convirtieron en el 2015 en la pesadilla de los cuerpos de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro. Ataques a ministros y viceministros, agresiones con granadas, asesinatos de policías y quema de vehículos policiales fueron la constante.

El ex basketbolista profesional Alexander Vargas será el encargado de conducir y poner nuevamente en acción al Movimiento por la Paz y la Vida.

 

2. Patria Segura y Patrullaje Inteligente

El Plan Patria Segura arrancó en el segundo semestre de 2013, como parte de la Misión A Toda Vida Venezuela. En su momento, el entonces ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informó que a través de Patria Segura “se buscaba fortalecer la seguridad ciudadana y disminuir los índices de violencia en el país… Destacó la necesidad de que todos los sectores del país se sumen a esta labor, cuyo fin es construir un país de paz y de convivencia ciudadana”.

Al momento de hacer la presentación de lo que fue su primer plan de seguridad, el presidente Nicolás Maduro, dijo: “el objetivo del Plan Patria Segura es establecer un sistema de protección para el pueblo”, según publicó el Correo del Orinoco el 13 de junio de 2013.

La oferta presidencial de protección para la ciudadanía también incluía el patrullaje inteligente como parte del plan Patria Segura. En esa oportunidad (junio de 2013) Maduro precisó “que, en función de esa meta, toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se encuentra desplegada en el país para proteger a las comunidades”.

Tres años y medio después, el 17 de enero de 2017, las cosas no han cambiado mucho: los homicidios pasaron de 24.763 en 2013 a 28.479 en 2016, según registros del Observatorios Venezolano de Violencia y Maduro nuevamente “ordenó al Estado Mayor del Sistema Policial Venezolano el despliegue de las fuerzas policiales con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), para que el Plan Patria Segura sea relanzado y cada vez más efectivo”, dice una nota publicada en la página de VTV.

 

3. Cuadrantes de la paz

En su nuevo plan de seguridad ciudadana, el presidente Nicolás Maduro tampoco sorprende con la implementación de los “Cuadrantes de la Paz”. En realidad esa forma de división del territorio para proteger a las comunidades de los delincuentes fue idea de Miguel Rodríguez Torres, cuando fue ministro de Relaciones Interiores. El proyecto surgió en 2013, pero febrero de 2014 era la fecha escogida para ponerlo en marcha.

Aunque se realizó una amplia campaña informativa, los cuadrantes realmente nunca funcionaron. Su activación fue opacada por el inicio de las protestas estudiantiles contra el gobierno de Maduro, los funcionarios que debían ocuparse de los cuadrantes fueron utilizados para reprimir las manifestaciones; los teléfonos asignados para reportar emergencias nunca eran atendidos y la intespectiva salida de Rodrìguez Torres del despacho de seguridad dejó a los cuadrantes como un formato de uso referencial de algunos cuerpos de seguridad.

“Los alcaldes y gobernadores aseguran que los cuadrantes fueron abandonados. Y en los cuadrantes no responde nadie”, indicó Luis Izquiel.

Este remake 2017 de los “Cuadrantes de la Paz” tiene un aditamento: la “unión cívico-militar”. Esta variación deja abierta la posible incorporación oficial de civiles armados (colectivos) a las funciones de patrullaje, lo cual ya ocurre de manera no formal.

El vicepresidente Tareck El Aissami, en una de las múltiples cadenas realizadas la semana pasada para ofrecer detalles de la Campaña Carabobo 2021, explicó que los Cuadrantes de Paz serán los “núcleos básicos de la política estructural de seguridad”. Para lograr este objetivo se requiere de gran cantidad de funcionarios de cuerpos de seguridad, que actualmente no tiene.

Por esa razón, el presidente Maduro y el vicepresidente invitaron a los jóvenes a sumarse a las filas de la Policía Nacional Bolivariana. Anunciaron que abrirán 10.000 plazas para nuevos aspirantes, que los nuevos uniformados saldrán a las calles apenas seis meses de su incorporación a la PNB.

 

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Adicionalmente, el viernes 20 de enero de 2017, el ministro Néstor Reverol informó a través de su cuenta de Twitter que instalarán cámaras de seguridad en todos los cuadrantes.

Una promesa similar hizo el ministro Rodrìguez Torres el 21 de agosto de 2013, cuando anunció la instalación de 30 mil cámaras de seguridad en todo el país. “La empresa estatal china Ceiec pondrá en marcha a mediados de septiembre en el Municipio Sucre un Sistema Integrado de Monitoreo con cámaras y asistencia denominado Sima”, decía la información publicada por Noticias 24.

En la pàgina del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela se dan más detalles del proyecto y se mencionan los recursos. “El Gobierno Bolivariano de Venezuela destinó mil 65 millones de dólares para la puesta en marcha del Sistema Integrado de Monitoreo y Asistencia (SIMA), según informó el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. El titular de esta cartera, añadió que los recursos fueron aprobados por el Fondo de Cooperación China-Venezuela”.

 

4. Sistema de Inteligencia de Protección Popular para la Paz (SP3)

“Toda acción policial debe estar fundamentada en la inteligencia para evitar desviaciones y excesos policiales, dijo Maduro al anunciar el plan de espionaje y delación vecinal que supuestamente servirá para identificar y ubicar a los delincuentes en los sectores populares.

Sin embargo, esta “estrategia” de vigilancia ciudadana es similar a la llamada “ley sapo”, que intentó aplicar Hugo Chávez con fines políticos en 2008. En esa ocasión Chávez promulgó y drogó de inmediato la ley de inteligencia y contrainteligencia que obligaba a cualquier persona a cumplir labores de inteligencia si así lo solicitaban las autoridades.

En 2012, Chávez nuevamente intentó revivir la esencia de la ley sapo con la aprobación de Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

En diciembre de 2016, luego de la ola de saqueos y violencia en los estado Bolívar, Apure y Táchira , el presidente Maduro “relanzó el Sistema de Protección Popular, conocido como SP3, el cual, a juicio de especialistas, reedita preceptos de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia -bautizada como ‘ley sapo’- del año 2008 que fue promulgada por el entonces presidente Hugo Chávez y derogada pocos días después”, dice una nota publicada por El Pitazo el 30 de diciembre.

 

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El mandatario vuelve a mencionar el SP3 un par de días después del asesinato del animador de televen, Arnaldo Albornoz, en el marco de la Campaña Carabobo 2021. El plan será coordinado por el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López, y “su función es advertir amenazas”, dijo Maduro.

Aunque no existe en la legislación venezolana, la figura de los delatores infiltrados ya ha sido usada por el Gobierno de Nicolás Maduro bajo la denominación de “patriotas cooperantes”. Estos personajes anónimos figuran como informantes y testigos en los expedientes de decenas de presos políticos desde 2014. Un de estos es el caso de Araminta González, que fue entregada a las autoridades por presuntos patriotas cooperantes, quienes la acusaron de terrorismo y conspiración.

 

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También en los reportes policiales se viene utilizando la denominación de “patriotas cooperantes” para referirse a los informantes o denunciantes de delitos comunes. En los barrios, esta práctica ha derivado en agresiones y asesinatos de dirigentes vecinales a quienes los miembros de las bandas delictivas han responsabilizado de entregarlos a las autoridades. Elizabeth Aguilera, jefa de la UBCH de la Escuela Sucre fue asesinada en junio de 2016 en la Cota 905 por integrantes de organizaciones delictivas. Le dispararon en el rostro y posteriormente quemaron su cuerpo en venganza por haber revelado su paradero a la policía.

 

5. Operación de Liberación Humanista del Pueblo

La Operación de Liberación del Pueblo (OLP) fue estrenada en la Cota 905 el 13 de julio de 2015 por Gustavo González López, quien estaba al frente del despacho de Relaciones Interiores en ese momento. El procedimiento fue una respuesta a una seguidilla de ataques perpetrados por las bandas delictivas que operaban en el sector contra el ministro de Deportes, el viceministro de Seguridad Ciudadana, funcionarios policiales y militares. Los hechos de violencia en el sector se incrementaron luego de que la franja que conecta la Cota 905, El Valle y El Cementerio fue convertida en zona de paz por iniciativa del José Vicente Rangel Ávalos.

Desde el día de su nacimiento la OLP se convirtió en el brazo ejecutor de una política de exterminio, avalada por el Gobierno y caracteriza por diversas violaciones a los Derechos Humanos. Las denuncias de irrespeto al derecho a la vida, el derecho a la vivienda, las torturas y los tratos crueles son innumerables. Algunas ONG como Provea y Cofavic llevan registros de estos casos y denunciado que la participación de diversos cuerpos de seguridad diluye las responsabilidades. Hasta la fecha más de 900 personas habrían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el marco de la OLP.

 

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Adicionalmente esta política del presidente Nicolás Maduro no contribuyó a reducir la violencia y la inseguridad en el país. El año 2016 cerró con 28.479 homicidios en todo el país, según el OVV.

Luego de las innumerables denuncias por los abusos y excesos cometidos durante estas razias, y en particular en la masacre de Barlovento -donde funcionarios del Ejército ejecutaron a 13 hombres detenidos en una OLP-, el presidente Maduro anuncia una versión moderada y “humanista” de la Operación de Liberación del Pueblo y utilizó el calificativo de “percances” para referirse a las violaciones de DDHH. Como si agregar una palabra al nombre de un plan de seguridad cambiará el pensamiento bélico de los funcionarios que realizan estos procedimientos desde hace 2 años, con “licencia para matar”.

“Las OLHP son una acción puntual que debe estar orientada por el respeto a los derechos humanos. La violencia no se combate con violencia”, dijo Maduro para relanzar por tercera ocasión en año y medio el procedimiento de exterminio que lleva a las zonas populares.

 

6. Casas de Justicia

Las casas de justicia tampoco son una novedad. Existen desde el 10 de julio de 2013. La primera fue inaugurada por la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz; la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez; y el ministro Miguel Rodríguez Torres en una vistosa y publicitada actividad en Ciudad Caribia.

 

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Foto Ministerio Público

“El TSJ está dispuesto a que la justicia llegue para los que están en la cúspide de la pirámide, porque estamos combatiendo con mucho vigor la impunidad”, aseveró la magistrada Gutiérrez en esa oportunidad. Pero tres años y medio después el sistema de justicia que ella lidera no ha alcanzado a los culpables de 92 % de los delitos que ocurren en el país.

Además la agradable instalación de Ciudad Caribia no sirvió de mucho a las víctimas de la OLP del 30 de junio de 2016. Los familiares de siete víctimas de ejecuciones extrajudiciales nunca fueron visitados, ni atendidos por el personal que hace vida en la casa de justicia.  

 

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En una noticia publicada por el Correo del Orinoco el 9 de diciembre de 2015, se anuncia la creación de seis casas de justicia penal en otros urbanismos de Misión Vivienda durante el primer semestre de 2016. La información dice: “Estas casas son espacios creados por el Gobierno Bolivariano para la transformación del sistema de justicia penal mediante la creación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos… Las Casas de Justicia Penal son espacios de articulación interinstitucional destinados a implementar un sistema de justicia municipalizado, cercano a las comunidades, que se encargue de conocer, investigar y decidir sobre los hechos punibles como faltas y delitos menores”.

En su alocución del 17 de enero de 2017, Maduro explicó: “Las casas de justicia, son casas para la resolución de conflicto, para la justicia temprana, para la combatir la impunidad, para llevar la Ley y el orden adentro de la comunidad”.

Y así se completa el reciclaje de los planes de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro, empaquetado ahora con el nombre de Campaña Carabobo 2021. “Esto no aguanta ningún un análisis serio. ¿Cómo hace uno para analizar esta mamarrachada política que se le ocurrió a Maduro?”, se pregunta Luis Izquiel.

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