Hace un mes que las reglas electorales en Venezuela dejaron de existir. El Estado de derecho, ya de por sí cuestionado, quedó en receso después de que el 20 de octubre el Consejo Nacional Electoral (CNE) paralizó la recolección de firmas del revocatorio contra el presidente, Nicolás Maduro. La ausencia de una respuesta constitucional creó una sensación de incertidumbre dentro de la oposición. Se abría una etapa nueva para la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que había hecho del revocatorio su enseña. Mientras, se inició un diálogo con el Gobierno, auspiciado por El Vaticano, que generó más desilusión y rabia que esperanza. Los dirigentes de la MUD tratan ahora de luchar contra la desmovilización y desmoralización de su gente.
“Había que ir a la reunión porque pedimos que El Vaticano mediase, después de conseguirlo no podíamos ausentarnos”, argumentaba al diario español El País Henrique Capriles, excandidato presidencial y principal líder de la oposición. “Si no nos hubiésemos sentado, además, entraríamos en el jueguito macabro del Gobierno de que nosotros no queremos dialogar”, añade.
El líder de Primero Justicia, el partido mayoritario en la MUD, admite no obstante que no supieron trasladar un mensaje positivo del encuentro. El lenguaje empleado en el comunicado oficial, en el que entre otras cosas se hablaba de sabotaje económico y personas detenidas, en vez de presos políticos, fue un error y trajo consecuencias impredecibles. “Es cierto que hay un desencanto que no hace percibir nada bueno. La gente no tiene una expectativa”, asume Capriles, quien, por ello, trata de restarle trascendencia a las conversaciones con el chavismo. “El error es colocar el centro de nuestra acción en esa mesa, sería seguirle el juego al Gobierno. La mesa es un espacio de lucha más y así lo tenemos que asumir. No podemos, y eso es un tema que debemos solucionar, hacer ver que elegimos uno u otro tablero”.
Capriles cree que confiar una salida a la crisis social, económica y política a las conversaciones auspiciadas por el Vaticano y en la que median tres expresidentes iberoamericanos, entre ellos el español José Luis Rodríguez Zapatero, es caer en una suerte de trampa. “Los resultados del diálogo no dependen de la oposición, sino del Gobierno. Nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer. Además de sentarnos, se nos pidió que pospusiéramos la marcha a Miraflores [palacio presidencial] y el debate en la Asamblea Nacional sobre Maduro. Ahora le toca al Gobierno, si no cumple quedará aún más deslegitimado”. La pasada semana, liberaron al diputado Rosmit Mantilla, encarcelado desde hace más de dos años, el sexto que sale de la cárcel desde que se iniciaron las conversaciones. La oposición calcula que hay un centenar de presos políticos que el Gobierno debe liberar.
