La censura llegó a los cuerpos de seguridad disfrazada de "cyber-defensa"
La censura llegó a los cuerpos de seguridad disfrazada de «cyber-defensa»
La orden impartida el fin de semana pasado por el titular de Defensa Vladimir Padrino en el sentido de prohibir la divulgación de los resultados de procedimientos penales forma parte de una cadena que intenta controlar el flujo de información desde el aparato de seguridad estatal

 

@javiermayorca

EL SÁBADO 14 DE MAYO COMENZÓ a distribuirse en las unidades militares de todo el país una circular (conocida en medios castrenses como radiograma) en la que el ministerio de la Defensa implantaba nuevas restricciones a la divulgación de las informaciones sobre procedimientos penales.

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La orden del general en jefe Vladimir Padrino prohibió “realizar videos y tomar fotografías no autorizadas de acciones efectuadas por la FANB, Cicpc, Sebin y otros organismos de seguridad del Estado resultantes de la lucha contra la delincuencia organizada, el paramilitarismo, la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) entre otras”.

Desde entonces, el veto informativo también abarca todo lo relativo a la “captura y deceso de presuntos delincuentes”.

Padrino ordenó que los jefes de las unidades actuantes en cada procedimiento procuren que sus funcionarios no usen sus teléfonos celulares para la transmisión, el intercambio y la difusión de textos y fotos a través de las redes sociales y los sistemas de mensajería como el Messenger de Blackberry o Whatsapp.

La orden emanada del titular de Fuerte Tiuna parecía una reacción casi inmediata a la divulgación ese mismo día de la noticia sobre la captura, en un puesto de control vial de la Guardia Nacional en Clarines, del teniente del mismo componente Juan Abril, ex fiscal militar en Caracas, quien supuestamente conducía un Chevrolet Aveo de uso personal con un alijo de marihuana. Las fotos aparentemente tomadas con un teléfono celular mostraban al hombre vestido con su uniforme patriota y la cara sudorosa por la inesperada detención.

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Juan Abril, ex fiscal militar detenido con cargamento de marihuana

Al día siguiente, el Ministerio Público aclaró que el hombre ya no era oficial activo de la FAN, aunque en realidad los documentos en posesión del detenido indicaban lo contrario.

Más vergonzoso para la institución armada fue el caso reportado el fin de semana del 1 de mayo, cuando volcó una camioneta Toyota Land Cruiser de uso oficial de la cartera castrense, placas MD-239, manejado por el sargento primero del Ejército John Cuadros, con la compañía del primer teniente de la misma fuerza Juan Crispín, director de Administración y Logística del anexo militar del internado judicial de Santa Ana en el estado Táchira.

 

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Vehículo de la FANB que se volcó con droga

El rústico volcó pues los dos militares y un civil que murió en el accidente iban por la autopista José Antonio Páez a exceso de velocidad con destino San Carlos. Al parecer, una irregularidad en el pavimento unida a la intensa lluvia desencadenaron el siniestro. Cuando llegaron los agentes de la Policía Nacional hallaron al civil muerto por los traumatismos, a los militares maltrechos y, en una caja a un lado de la unidad volcada, 45 panelas de marihuana.

Los primeros partes de la PNB y de la propia GN sobre este hecho corrieron como pólvora por las redes y chats policiales ese mismo día luego de la 1:00 pm, es decir, dos horas después de conocido el hecho. Iban acompañados por numerosas fotos, entre ellas la del oficial con el uniforme que llevaba cuando cayó por la cuneta embarrada.

Los civiles también

Los militares tienen un marco legal que tradicionalmente les ha impedido informar sobre sus ejecutorias. Aunque la Constitución vigente desde 1999 establece la obligación de los funcionarios públicos de divulgar el resultado de sus labores, los profesionales de armas ponen más atención a lo dispuesto en el Reglamento de Servicio en Guarnición, que prohíbe “suministrar ningún tipo de información verbal o escrita sobre asuntos que cursen en las dependencias donde presten servicio”. Esta norma fue elaborada en 1988 y han mantenido su vigor a pesar de los cuestionamientos y juicios de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Según el general de brigada retirado Régulo Díaz (ex subcontralor general de la FAN) la posibilidad de controlar las informaciones que emanan del medio militar cambiaron a partir de 2005, pero especialmente con la irrupción de las redes sociales en todos los ámbitos de la vida diaria.

Ahora, indicó, la Fuerza Armada venezolana concibe la información como una amenaza, pues según la lógica militar eso erosiona el prestigio de la institución y de sus miembros ante el resto de la sociedad. Y en lo interno también merma la moral de las tropas.

“La detención de un ex fiscal rodó por todas partes. Eso causa una amenaza para la FAN, y por eso buscan bloquear las comunicaciones”, explicó.

Pero esta visión también es compartida por las cúpulas de las policías civiles de alcance nacional. El 1 de marzo, todos los jefes de área y directores de la policía judicial fueron convocados a una reunión en el auditorio de la central ubicado en la avenida Urdaneta. Encabezaron este encuentro el titular del MRI general Gustavo González López y el director del cuerpo, comisario general Douglas Rico.

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Ministro González López impuso restricciones a grupos de chats de funcionarios del Cicpc

Entre los puntos tratados en ese encuentro también se habló de las restricciones que se impondrían a partir de esa fecha a los “grupos de chats”. Ya no se compartiría la información entre las distintas direcciones, tal y como venía ocurriendo, sino que el director de cada unidad sería además el moderador del chat de su propio despacho. La información solamente sería compartida con los jefes de brigadas y de grupos. El efecto inmediato fue la disminución del intercambio de datos sobre los procedimientos policiales entre los distintos agentes.

En esa reunión, de la que se dispone un informe, se ordenó además que se identificara plenamente al funcionario que redacta la minuta correspondiente a cada procedimiento. A menudo, se trata de documentos dirigidos al director del cuerpo y firmados por el jefe del despacho que lleva la investigación. Esta medida tiene varios propósitos, entre los cuales figura la detección de posibles filtraciones a las redes sociales y medios noticiosos.

Una medida similar fue impuesta a los oficiales de la Policía Nacional Bolivariana desde 2014, cuando el cuerpo era encabezado por el general Manuel Pérez Urdaneta. En este caso había una prohibición expresa de aportar cualquier información a la prensa, según documentos disponibles.

Para el director de la organización Espacio Público Carlos Correa será muy complicado controlar el flujo de información en los cuerpos de seguridad, y más difícil aún la imposición de sanciones en lo interno de las filas policiales y militares. Por eso, cree que continuarán la persecución contra los medios y los periodistas.

“La mera prohibición no será suficiente. Si se filtra la foto de los comandos de la GN con el cadáver del Picure (José Tovar Colina) habría que sancionar a los funcionarios. Pero aquí van a castigar a quien difunde. La responsabilidad por la preservación de la información es de los funcionarios del Estado”, explicó el portavoz de la ONG que trabaja asuntos de libertad de expresión.

Advirtió que en el actual esquema de excepción a ciertas garantías constitucionales, vigente a partir del lunes 16 de mayo, se incrementará la persecución a todos los funcionarios de seguridad y divulgadores de información, quienes serán vistos ahora como un “enemigo interno”.

Bajo esta premisa, es muy probable que se incrementen los cierres de sitios web por parte de Conatel. Hasta 2015 sumaban más de 1.000. De acuerdo con Correa también se extenderá la vigilancia a los correos electrónicos y sistemas de mensajería por Blackberry y Whatsapp contratados por el Ejecutivo a una firma canadiense.

La “cyber-defensa”

En este contexto, el ministerio de la Defensa adelanta una serie de talleres en las unidades militares de todo el país con los encargados de las áreas de comunicaciones públicas y el personal que administra las cuentas de las redes sociales. Las jornadas tratan el “empleo de los medios digitales y redes sociales como arma en el ámbito de la cyber-defensa”.

La directora de la asociación Control Ciudadano Rocío San Miguel escuchó el término “cyber-defensa” por primera vez en víspera de los últimos comicios parlamentarios. Entonces se hablaba de poner en práctica mecanismos que impidieran la alteración del voto, algo que por cierto no compete a la FAN.

Pero ahora, según San Miguel, se trata de una “reacción tardía” del medio militar ante la violenta expansión de los medios digitales del país y el decaimiento y la censura que afectan los vehículos que tradicionalmente eran usados para la transmisión de informaciones y noticias.

“Esto está in crescendo. Asistimos a la formación de una dictadura que tarde o temprano tumbará el derecho a la información”, advirtió.