PHOTO: MIGUEL GUTIÉRREZ PARA THE WALL STREET JOURNAL.
Hasta el mes pasado, cuando la universidad pudo reabrir sus puertas en medio de serios problemas presupuestarios, William Saavedra, un estudiante de ortodoncia de 22 años, y algunos de sus compañeros ofrecían exámenes dentales gratuitos a la población en una silla de dentista ubicada en la ajetreada Plaza Brión de esta capital.
Su motivación no era puramente altruista: esta era la única forma en que podían acumular horas de experiencia clínica. A Saavedra le faltaba sólo un año para graduarse cuando su facultad, que pertenece a la mayor universidad pública del país, suspendió las clases el pasado septiembre en medio de un recorte de 70% en el presupuesto, una huelga de profesores y la falta de suministros, desde guantes de látex a bombillos eléctricos.
“La idea no es quedarse en la casa o tomarse unas vacaciones”, dice Saavedra, un muchacho delgado y con cara de niño, hijo de un ortodoncista. “Buscamos actividades aunque no tenemos clase”.
La Universidad Central de Venezuela, donde estudia, ha vuelto a dar clases, pero las condiciones muestran que la profundización del colapso económico del país está también causando otra crisis, que se desarrolla en cámara lenta: la desintegración del sistema de educación pública, alguna vez considerado uno de los mejores de América Latina.
Fundada en Caracas en 1721, esta casa de altos estudios es el buque insignia del sistema universitario público de Venezuela. En los últimos cuatro años, dicen los administradores, ha perdido casi una cuarta parte de sus 4.000 profesores después de que la inflación dejó a muchos de ellos ganando jornales equivalentes al precio de una lata de atún. El presupuesto mensual para suministros y administración de su facultad más grande, que enseña ciencias sociales, economía y administración de empresas a cerca de 7.000 estudiantes, ronda el equivalente de US$186 en el mercado negro.
Tratar de revertir el daño es una prioridad para la oposición venezolana, que en las elecciones de diciembre obtuvo la mayoría de escaños en la Asamblea Nacional. Un comité de nueve miembros se ha reunido con estudiantes, profesores y decanos, y planea recomendar que parte del considerable presupuesto militar de Venezuela sea canalizado a las universidades, dice Juan Andrés Mejía, un legislador de oposición y miembro del comité. Sin embargo, no está claro si se llevará a cabo, dado el enfrentamiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro con la oposición sobre nuevas iniciativas.
“Ahora tenemos crisis petrolera, entonces el país debe aumentar su productividad en otras áreas”, dice Mejía. “¿De dónde va a venir este talento cuando las universidades cierren sus puertas?”.
