El fuerte despliegue militar en el Palacio de Justicia de Puerto Ordaz alertó a los simpatizantes del alcalde de Caroní, José Ramón López, poco antes de las 10:00 de la noche de este martes, que la audiencia de presentación estaba a punto de finalizar y que la decisión apuntaba a mantener bajo arresto al burgomaestre a juzgar por los preparativos del traslado.

Uno de los portones estaba totalmente acordonado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes ante las manifestaciones de la gente activaron detonaciones al aire, causando momentos de tensión y confusión, mientras el alcalde era retirado por otro de los portones donde un grupo permanecía en vigilia.

El llanto, las consignas y gritos de repudio por la sentencia que mantenía detenido a López colmaron la noche frente a la sede del Poder Judicial de Ciudad Guayana. En efecto, el vocero del equipo de abogados de López, Alexander Andrade, confirmó la medida de privativa de libertad y ordenaba a partir de ese entonces recluir al alcalde en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Tigre, estado Anzoátegui. Los delitos imputados corresponden a peculado doloso, concierto con contratista y evasión de proceso licitatorio.

“Los actos que se le imputan y todos los hechos que dice el Ministerio Público y los denunciantes que están allí, los traidores, son írritos, allí no existe una prueba que determine que nuestro alcalde haya cometido ningún hecho ilícito”, manifestó Andrade, quien calificó a López como un preso político.

Relató el defensor jurídico que en la audiencia cuando la jueza comunicó su dictamen, el hombre acuñado por el fallecido presidente y líder del proceso bolivariano, Hugo Chávez, como el “alcalde trabajador” exclamó: «yo me lo esperaba».

Decisión política

La defensa afirmó que el fallo de tribunales obedeció a una decisión política, alegando inconsistencias en el expediente. “Están buscando el quiebre de José Ramón López… lo cumbre de lo escrito por la Fiscalía del MP es que la concejala Crisálida Jiménez aparece como denunciante, pero también como denunciada; eso es una aberración del MP, pero aquí todos sabemos qué es lo que pasa”.

Explicó que procede esperar un lapso de 45 días para que se presenten los actos conclusivos para la acusación o el sobreseimiento de la causa. “Vamos a intentar ante la Fiscalía 25ª del MP con competencia nacional y la Fiscalía 4ª de Ciudad Bolívar someter todo el acerbo probatorio”.

Andrade agregó que López se esperaba la medida del tribunal y pidió, en consecuencia, a sus seguidores mantener la calma, aferrándose a su investidura por elección popular. “El alcalde les mandó a decir: ‘confío en mi pueblo… ellos son los que me pusieron en la Alcaldía, y ellos son los que me pueden sacar”.

La justicia del partido

Una vez arrestado el alcalde de Caroní, era bastante probable que permaneciera preso mientras transcurriera el lapso para las investigaciones de los fiscales. Era más que evidente que tras la decisión judicial se desarrollaba un juicio político que cuenta entre sus ingredientes principales el desacato del hoy imputado a la orden de Diosdado Cabello, es decir el buró nacional del PSUV, de abandonar la Alcaldía de Caroní y marcharse para Cuba, como estaba previsto en un plan inicial.

López ignoró la “línea pesuvista”, con la jugada de operarse en Puerto Ordaz. Sin embargo, la gota que rebosa el vaso y colma la paciencia del sector militar que dirige al partido de gobierno es el desafío abierto de López al intentar reincorporarse y dejar en el congelador la táctica de montar al general Justo Noguera Pietri, actual presidente de CVG, en la dirección general de la municipalidad, con miras a quedarse en el puesto de López.

Ha trascendido que el acuerdo consistía en la desincorporación consensuada y progresiva del alcalde hasta su abandono definitivo del cargo, debido a problemas de salud y una gestión pública deficiente, sobre todo, en materia de recolección de basura.

Sin embargo, la defensa constitucional que hizo López del manejo de los ejidos lo enfrentó con CVG y con el sector militar que está detrás de los proyectos de vivienda.

La misma noche en que la jueza admitió los delitos formulados por los fiscales contra López, los representantes de los Círculos de Lucha Popular (CLP) del municipio Caroní sostuvieron una reunión con el ex ministro y ahora candidato principal del oficialismo para la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, Héctor Rodríguez, para buscar un arreglo político, que tuviese como punto de partida la liberación del alcalde.

La decisión ya estaba tomada y no había vuelta atrás. El poder popular quedaba a un lado. La bota militar del PSUV tenía la última palabra.