Mi punto de partida es mi desacuerdo con el llamado a salir a la calle con la pretensión de tumbar al gobierno. En primer lugar porque así, en vez de tumbarlo, se lo pone en manos de los militaristas menos democráticos; en segundo lugar porque, como en cada uno de los dos bandos hay minorías que buscan “agudizar las contradicciones”, las marchas pacíficas, que son siempre legítimas, degeneran en violencia, que agudiza hasta el paroxismo la actuación abusiva de los cuerpos de seguridad y de los paramilitares, llamados por el gobierno colectivos, que, inconstitucionalmente, van armados, incluso públicamente.
Sin embargo, comprendo la salida a la calle de los estudiantes, en el sentido preciso de que interpreto que su motivación de fondo, es decir, lo que en realidad los mueve, que no tiene por qué coincidir con sus razones explícitas, es el desperfecto más visible de estos últimos años: la proletarización galopante de la clase media asalariada que no tiene cómo encajar al consumidor los aumentos de costos y ha visto disminuir velozmente la capacidad adquisitiva de sus salarios, que hoy no llegan a cubrir las necesidades básicas.
Los estudiantes están muy afectados por este presente, pero los desmoraliza mucho más la perspectiva del futuro cerrado, que ha conducido a salir del país a casi millón y medio de profesionales y que ven que es la suerte indeseada que los amenaza.
Aunque el pueblo no sea consciente de esta realidad injusta, ella lo afecta profundamente porque los servicios básicos, sobre todo de salud y educación, llevados por profesionales, han disminuido muchísimo de calidad, y entre las muchas razones que pesan, una, insoslayable, es que los salarios se han vuelto nada.
Lo más irritante de esta política gubernamental es que la lleva a cabo gente que pertenece a la misma clase, normalmente la media baja, que están sobrepagados por trabajar con el gobierno.
Volviendo al punto de partida, tengo que decir que, aunque creo en la legitimidad de las protestas estudiantiles, me parece que distraen del momento en el que estamos que está signado porque el gobierno, a causa de la política irresponsable en que se ha empecinado, no tiene cómo hacer frente a las necesidades de la economía con los dólares petroleros. Estamos sobregirados y este año entrará mucho menos porque parte de los préstamos contraídos son a cambio del suministro a futuro de petróleo, que, por tanto, saldrá, sin que lleguen dólares a cambio.
Es absolutamente imprescindible que se produzca muchísimo más en nuestro país y con mucha mayor productividad, de manera que las divisas se reserven para lo que no podemos producir. Para lograrlo todas las encuestas (entre ellas las dirigidas a los sectores –C, D y E, que son la base del chavismo) desde hace bastantes años señalan la necesidad de que el Estado no sea el sujeto de la producción ni tampoco sólo la empresa privada sino un acuerdo entre ambos en el que se dé a la empresa garantías, que hoy evidentemente no tiene, sobre la propiedad y las inversiones, y los derechos de los trabajadores vengan acompañados de sus correspondientes obligaciones claramente señaladas y exigibles ante la ley y los tribunales independientes del ejecutivo (como pide la constitución); y por su parte la empresa tome en serio su responsabilidad social, tanto con sus proveedores, como con sus empleados y con los usuarios de sus productos, y eso esté convenido entre las partes y sea también exigible ante tribunales imparciales.
Cuanto más se demore el gobierno en dar este paso necesario, peor para Venezuela. Y si no lo da, carece de legitimidad, no por su origen sino por su desempeño, que está conduciendo al país a la inviabilidad. Distraer al gobierno de asumir esta responsabilidad es un error gravísimo, que lo pagaremos todos. Y pretender tumbar al gobierno sin diseñar una alternativa superadora, que nos involucre a todos los venezolanos y que no pude dejar de contener lo mejor de lo que pretendió Chávez y sin constituir un equipo profesionalmente competente y no sectario capaz de llevarlo a cabo, es también meterse en un callejón sin salida.
Ahora bien, si el gobierno deja el sectarismo de gobernar sólo para los suyos y entra en diálogo con la sociedad y específicametne con la empresa privada para que, siendo decisores todos, todos echemos una mano en lo que nos concierne a todos, debemos felicitarnos y apoyarlo sinceramente.
Sin embargo, en lo que no debería haber ninguna demora ni diferencia entre los venezolanos es en la solución del problema de la violencia y en la marcha, no retórica sino verdadera hacia la paz. Nada puede justificar la violencia, sobre todo, la agresión física y, por nada del mundo, la muerte violenta. La patria no vale más que una sola vida humana. No tiene sentido sacrificarse por la patria. Tiene sentido que uno consuma su vida para el bien del país y todos tenemos que estar muy agradecidos a quien lo hace y tenemos que estimular que todos vayamos en esta dirección. Pero no se puede quitar la vida a nadie, alegando la defensa de la patria. Eso no tiene ninguna justificación. El que incumple la constitución y las leyes, si se le prueba por un tribunal imparcial y con derecho a la defensa, podrá ser condenado a pagar una multa congrua o podrá ir a prisión, a una prisión capaz de rehabilitar y en la que se respeten sus derechos humanos. No existe la pena de muerte. No podemos tolerar que se siga matando impunemente, no podemos aceptar que se siga matando.
Todos tenemos que unirnos para darle un parado a la muerte violenta, tanto a la violencia del Estado (sería bueno que el Estado tuviera presente que Chávez insurgió a raíz del 27 de febrero con la consigna de que nunca más dispararía el ejército contra el pueblo), como a la violencia de los colectivos, que si los llamamos por sus nombres son paramilitares, como a la de las bandas delictivas, como la violencia horizontal de los ciudadanos.
La situación es tan grave que tiene que comenzar por cada conciencia que determine no matar por nada del mundo y no responder a la violencia con más violencia. Tiene que comenzar con la opción personal por la paz, una opción incondicional. Sólo desde esa opción tendrá sentido todo lo demás. E infaltablemente que el Estado cumpla con su promesa de marcaje de todos las balas y las armas de manera que siempre se sepa quién pasó la bala de Cavim y a quien se la pasó y que haya responsabilidades administrativas y penales. Si el gobierno no está dispuesto a pagar este precio, y el de adecentar todos los cuerpos de seguridad, que hoy son parte del problema y no de la solución, no es un gobierno legítimo porque encubre el crimen. Dios quiera que pueda más el grito de la sangre derramada que clama al cielo.
Pedro Trigo SJ
