El gobierno comenzó a inspeccionar establecimientos del sector al considerar que «especulan con las necesidades de la gente en esos momentos tan difíciles»
Con la inspección de una casa fúnebre en Caracas que fue acusada de «especular» con el «dolor ajeno», las funerarias se convirtieron en el nuevo blanco de la «guerra económica» del presidente venezolano, Nicolás Maduro, contra la especulación y en busca de «precios justos».
«Hemos tenido la necesidad de comenzar las inspecciones a las funerarias del país, un área muy sensible, pero era necesidad del pueblo venezolano y con razón», dijo el mayor general Herbert García en su calidad de jefe del Órgano Superior para la Defensa de la Economía, creado por el Gobierno para enfrentar los factores que estarían conspirando contra el funcionamiento de la economía.
García Plaza encabezó ayer una inspección a la funeraria caraqueña Vallés para fiscalizar los precios cobrados por los servicios y analizar la estructura de costos y sus márgenes de ganancias.
Citando la muerte de su padre en febrero pasado, el militar afirmó que las funerarias con sus precios están «especulando con las necesidades de nuestros seres queridos en esos momentos tan difíciles».
Según el funcionario, en la funeraria inspeccionada se cobra por el alquiler de una sala fúnebre de 10.200 (1619 dólares) a 16.000 bolívares (2539 dólares), precios que consideró «fuera de lugar», aunque no anunció multas por esta situación, que el Gobierno suele sancionar bajo el delito de «usura».
«Creo que los dueños de la funeraria tienen que entrar en un profundo proceso de reflexión (…), reflexionar en su estructura de costos y de márgenes de ganancia porque la prestación de este servicio tan sensible no puede convertirse en un negocio con fin financiero», dijo tras la inspección.
«Nosotros vamos a ir a los lugares que tengamos que ir para supervisar que este tipo de especulaciones con el dolor ajeno no se produzcan en el marco de un Gobierno socialista», agregó.
Maduro indicó además que su gobierno continuará con las inspecciones en comercios de diversos sectores económicos para bajar los precios y así «proteger» las Navidades de todos los venezolanos.
El heredero político de Hugo Chávez lanzó a principios de noviembre una «guerra económica contra los usureros», como él llama a la ofensiva contra la escalada de precios a partir de la inspección de empresas para revisar los márgenes de ganancia e incluso la intervención con militares de una cadena de venta de electrodomésticos.
Los empresarios acusan al Gobierno de problemas en el acceso a las divisas en un país regido por un control de cambios desde 2003, lo que deja en manos del Estado el monopolio de la gestión y administración de la moneda extranjera, que se adquiere a través de una serie de trámites bajo un determinado número de supuestos.
