La necesidad que tiene Maduro de encontrar el voto requerido para la aprobación de la ley habilitante, nos ha obligado a detener la vista en el diputado que se prestará para que se haga realidad lo que busca. Todos miramos hacia un singular diputado gracias a cuyo voto se logrará una pretensión del Ejecutivo que se ha considerado como innecesaria e inconsistente. No es para menos. La identidad de quien se preste para la maniobra forma parte de un escenario capaz de mostrar situaciones de negación de compromisos partidistas y de deslealtad a principios de republicanismo, a través de las cuales se advierta, sin necesidad de microscopio, cómo van de mal en peor los movimientos de la política en la República Bolivariana. Sin embargo, el diputado 99 remite a situaciones de mayor trascendencia, que van más allá de la aprobación de un atributo que en esencia no congenia con el papel de quien detenta la jefatura del Gobierno.
En efecto, el apoyo del singular diputado a las pretensiones de Maduro significa la desaparición del freno con el que había topado en el Parlamento la hegemonía del régimen. La hegemonía del Gobierno obtiene, o puede obtener, la seguridad del sufragio calificado que la Carta Magna le impone para la aprobación de leyes orgánicas y para la designación de los altos poderes del Estado. Detenidas o apenas tomadas a medias las decisiones en torno a la designación de los detentadores de funciones de titularidad en el Tribunal Supremo de Justicia, en el Consejo Nacional Electoral, en la Fiscalía General de la República y en la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, la revolución se libraría de la forzada provisionalidad que la obligaba a llevar con pausa lo que quería hacer de prisa. Ahora se olvidaría de una púdica dilación aceptada a regañadientes, para llegar, por fin sin escollos, a cualquiera de las metas que se propusiera.
También significa un duro golpe para la oposición. Gracias a la votación obtenida en la última elección de diputados, la oposición se había convertido en un contrapeso que debía respetar el gobierno so pena de llegar a situaciones escandalosas de ilegalidad y violencia que llevarían a hablar de una dictadura sin antifaz. La oposición no perdería un representante, no sólo se quedaría sin una mano alzada entre otras muchas, sino la presencia y la importancia obtenida como herramienta de contención frente a las decisiones del gobierno. Se vería menguada hasta una precaria situación de adorno que no solamente mostraría su debilidad, sino que también la convertiría en compañera de unas decisiones que avalaría por el hecho de mostrarse como una presencia en la Cámara, ineficaz para contener a la revolución pero útil para concederle legitimidad desde el punto de vista formal.
La ley habilitante de Maduro depende de un voto, pero también el rumbo de los negocios públicos en general, la profundización de la revolución y la mengua aparatosa de la oposición. Pocas veces ha sido tan importante una mano alzada. El nombre de quien la levante no pasará inadvertido.
Fuente: El Nacional
