En el marco de la Asamblea número 100 de la Conferencia Episcopal Venezolana, los obispos exhortaron al Gobierno nacional a fomentar el diálogo, como un modo de entendimiento entre todos los sectores y como una eficaz medida de solución a los conflictos.

A través de un comunicado leído este jueves 10 por el obispo de Trujillo, Oswaldo Azuaje, y el obispo auxiliar de Caracas, Luis Tineo, se supo que el documento de nueve puntos recoge la preocupación del episcopado de que “aún persista el lenguaje agresivo y descalificador, especialmente por parte de alguno personeros del Gobierno. Igualmente nos preocupa la persistente inseguridad ciudadana acompañada de violencia y muerte en todo el país”.

También exhortaron a “a un entendimiento entre el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, y la oposición venezolana”.

Los altos prelados manifestaron su deseo de que se promueva un diálogo nacional “arraigado en un espíritu democrático de respeto y recíproco reconocimiento, un diálogo franco, abierto y respetuoso”.

Asimismo, reiteraron su disposición a participar en los planes que ayuden al desarme de la población y contribuyan a la paz en el país.

Ofrecemos el texto completo de los obispos venezolanos.

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Texto de la Exhortación Episcopal de la 100ª Asamblea de la CEV por el diálogo y la reconciliación

Los Arzobispos y Obispos de Venezuela, reunidos en la Asamblea Plenaria Ordinaria número cien, hacemos llegar a todos los hombres y mujeres del país nuestro saludo y bendición, al mismo tiempo compartimos con todos algunas reflexiones sobre el acontecer nacional a la luz de la fe cristiana. Esta Asamblea se inscribe en el marco del Año de la fe y el llamado de la Iglesia a una Nueva Evangelización. Hemos vivido recientemente como un tiempo de gracia la experiencia de la renuncia al pontificado del Papa Benedicto XVI y la elección del Papa Francisco, primer latinoamericano Obispo de Roma y sucesor de Pedro. Benedicto XVI nos regaló un testimonio de fe y humildad. Francisco nos trae, con un lenguaje cercano y de hondas raíces evangélicas, un aire de renovación y de crecimiento en la fe. Esta ocasión sea propicia para agradecerle sus palabras de solidaridad y preocupación por nuestro pueblo venezolano.

Durante este año todos hemos sido afectados por acontecimientos de gran trascendencia en el desarrollo de la vida social, política y económica de Venezuela. En el ámbito electoral, luego del fallecimiento del presidente Hugo Rafael Chávez, se realizó una nueva elección presidencial el 14 de abril. El proceso se caracterizó por una campaña ventajista a favor de una de las partes e hizo evidente la existencia de serias deficiencias en nuestro sistema electoral. La situación planteada dio lugar a hechos de violencia. Como señalábamos los obispos en nuestro Comunicado del 17 de abril: “La protesta justa y pacífica es un derecho civil que no puede ser conculcado ni reprimido. Rechazamos absolutamente cualquier tipo de violencia. Deploramos los hechos delictivos ocurridos el pasado 15 de abril, y exigimos una investigación imparcial para sancionar a los culpables”.

La profunda división del pueblo venezolano se pone en evidencia nuevamente. El bien del país exige un entendimiento entre las partes, la búsqueda de una plataforma común que permita avanzar y solucionar los problemas acuciantes. No es aceptable una solución que signifique la destrucción de los que no piensan igual. El elemento en común para todos es la Constitución, que señala y pone límites al proyecto de país que nos debe unir. Es una exigencia que impone la nación a todos. El bien del país exige que se promueva el reencuentro de todos los sectores sociales. Nuestra conferencia episcopal propicia el diálogo nacional, arraigado en un espíritu democrático de respeto y recíproco reconocimiento, un diálogo franco, abierto y respetuoso, con apego a la Constitución para la superación de los múltiples obstáculos que afectan nuestra convivencia ciudadana (cfr. Exhortación 8 de enero 2013).

Llamamos a todos a asumir participativa y responsablemente el reto de las elecciones municipales del ocho de diciembre del presente año con el propósito de contribuir al bien común y a la solución de problemas como la inseguridad, la vivienda, la preservación del medio ambiente y todo lo que afecte la calidad de vida.

Actualmente el país vive una crisis inflacionaria con un desabastecimiento intermitente de alimentos y otros artículos de primera necesidad. Pensamos que esta situación debe ser enfrentada fundamentalmente por las autoridades públicas de común acuerdo con empresarios, comerciantes e instituciones competentes. Se debe crear un clima de confianza que permita la reactivación de la producción y el crecimiento socioeconómico para beneficio de la colectividad, especialmente de los más pobres y vulnerables. Otro tanto podemos decir en lo referente a las carencias y deficiencias de los servicios públicos, como hospitales y centros de salud.

El gobierno ha implementado un nuevo plan para erradicar la violencia y la inseguridad pública. Al mismo tiempo, se ha promulgado una ley para el desarme civil y, aunque es prematuro evaluar sus resultados, hacemos votos por el éxito de este nuevo plan. La Iglesia promueve y apoya todas las iniciativas que promuevan la seguridad y la paz.

Nos preocupa que aún persista el lenguaje agresivo y descalificador, especialmente de parte de algunos personeros del gobierno. Igualmente nos preocupa la persistente inseguridad ciudadana, acompañada de violencia y muerte en todo el país. La falta de estadísticas oportunas y fiables no contribuye a la toma de conciencia y a la búsqueda de soluciones a tan graves problemas.

Constatamos que en nuestra sociedad hay un profundo relativismo e individualismo. Vivimos una crisis moral que debe ser afrontada con una nueva mentalidad que se traduzca en la elaboración de leyes justas y en su fiel cumplimiento. Es necesario que en y desde el poder judicial se combata la impunidad y se genere la confianza que el pueblo le debe tener. Es indispensable la despolitización y la imparcialidad de los agentes de justicia en el ejercicio de sus funciones. Por otra parte, el drama de los presos, perseguidos y exiliados políticos niega la posibilidad de disentir, característica de una verdadera democracia.

Hacemos un llamado a las autoridades gubernamentales y a todos los líderes de nuestra sociedad para que unan sus esfuerzos para el logro de la solución de estos problemas, abriendo espacios a la reconciliación en donde la justicia y la misericordia se encuentran (cfr. Sal 84,11).

La actual problemática de las universidades autónomas nacionales va mucho más allá de sus reivindicaciones económicas, ciertamente importantes y necesarias. Las universidades venezolanas han sido y son garantía de calidad educativa, de libertad y de inclusión social. La universidad autónoma requiere, por definición, de la libertad de cátedra y de investigación. Sin éstas peligran la autonomía y la pluralidad de ideas, características propias de toda universidad, y reconocidas por la Constitución Bolivariana (a.109-110). La autonomía universitaria no es una concesión del gobierno de turno, su deber es garantizarla. Invitamos a todos, gobierno y comunidad universitaria, a un sincero diálogo y a un compromiso por la mejora de las condiciones de funcionamiento de estas casas de estudio. Como Iglesia, fundadora de universidades y siempre presente en su proceso histórico, manifestamos nuestro apoyo a esta noble causa.

Todos los venezolanos debemos trabajar para desactivar las causas de la violencia mediante el respeto a la dignidad de la persona y sus derechos, teniendo como horizonte el llamado universal de Jesucristo a vivir en la verdad, el perdón y el amor recíproco (cfr. Mt. 18,21-22; Jn. 13,34). Son oportunas las palabras del Papa Francisco: “Invito al querido pueblo venezolano, y en particular a sus responsables institucionales y políticos, a que rechacen firmemente toda violencia y establezcan un diálogo basado en la verdad, el reconocimiento mutuo, en la búsqueda del bien común y en el amor por la nación”.

El anuncio de la Buena Nueva de Jesucristo nos llama al amor, al respeto por la vida, a la reconciliación y a la alegría de vivir. Urge una conversión que nos comprometa activamente en la construcción de una sociedad solidaria y pluralista, conforme al espíritu del Evangelio y los principios de nuestra Carta Magna, la Constitución. Nuestra Señora de Coromoto, presente en nuestra historia de ayer y de hoy, nos acompañe por caminos de comunión y paz.

Con nuestra bendición,

Los Arzobispos y Obispos de Venezuela