LA FUSIÓN DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE con el de Vivienda y Hábitat, anunciada por el presidente Nicolás Maduro, este martes, representa en la práctica la eliminación de esta cartera ministerial, cuyo rango pasaría a ser un viceministerio dentro del gabinete, debilitando su actuación dentro del poder ejecutivo, en un país cuya economía está basada en el aprovechamiento de sus recursos naturales y el ambiente. Así lo expresó, Diego Díaz Martín, presidente de la Vitalis y jefe de Estudios Ambientales de la Universidad Metropolitana.
Asegura que con esta decisión las políticas ambientales públicas consagradas al más alto nivel constitucional, quedarán sin un organismo rector, con lo cual se retrocede casi cuatro décadas desde su creación en 1976. Recordemos que Venezuela fue pionera en la creación de este ente ministerial en América Latina, referencia por sus planes y programas a nivel mundial.
El presidente de esta organización manifestó que la fusión de ministerios genera dudas en la comunidad conservacionista de Venezuela, al subscribirlo a la cartera constructivista de vivienda, aunque es enfático al afirmar que: “la constitución y las leyes ambientales siguen vigentes, independientemente si tenemos o no un ministerio del ambiente, por lo que son y serán de obligatorio cumplimiento”.
La decisión del presidente Maduro de adherir la palabra “Ecosocialismo” al nuevo ministerio fusionado, también genera confusiones entre los ambientalistas, quienes advierten que ese término no aparece ni una vez en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En cambio “ambiente” es mencionado 24 veces y “ambiental” 18, además que contamos con una Ley Orgánica del Ambiente y hasta una Ley Penal del Ambiente, entre decenas de otros instrumentos normativos.
Ante este hecho “la posición parece ser más ideológica que técnica o económica”, afirma Díaz Martín. Sin embargo, dado que tal decisión se tomó en base a estudios realizados, según informó el presidente de la República, el gobierno nacional debería hacer público tales análisis, a los fines que sean conocidos y valorados por la colectividad.
“Ojalá esta decisión fortalezca la gestión ambiental pública y permita que todas las viviendas que se construyan de ahora en adelante sean ecoeficientes, realizando las obligatorias evaluaciones de impacto ambiental y socio cultural que establece la ley, y asegurando mejores condiciones para todos, sin merma de nuestro ambiente y de nuestra calidad de vida”, concluyó.
