Puro verbo, el del presidente de PDVSA. Escurridizo. Ya lo hizo con el maletín de Antonini Wilson. Lo hizo en el caso PDVAL. Para nada Rafael Ramírez va a admitir responsabilidad de la junta que presidente en el caso Illaramendi y la empresa MK-Fondo de Pensiones. ¿Alguien ha admitido el gran negocio de las pólizas de seguros de PDVSA y ministerios y empresas del Estado? Es que en este Gobierno nada se admite. Siempre sale la frase: que presenten las pruebas. Y por más pruebas que existan, nunca serán suficientes para que los organismos investiguen o el funcionario tenga algo de pudor, y renuncie al cargo. ¿No es el ejemplo de Alejandro Andrade en la Tesorería Nacional? Más dijo Carlos Kaufman en el juicio de Miami sobre el entradamado del alto Gobierno, ¿y qué pasó? Nadie admitió nada. Todo lo contrario: la respuesta fue: se trata de una conspiración. Por ahí anda todavía el general y ex-gobernador de Carabobo, Luis Felipe Acosta Carles, solicitando pruebas que demuestren sus nexos más que directos con el clan Makled. Ya es conducta. Ya es un guión. Los altos funcionarios caen no por el escándalo sino porque resultan incómodos para el poder central, para el jefe, para el comandante. Los jubilados de PDVSA han demostrado hasta la saciedad el grado de responsabilidad de la directiva de PDVSA en las decisiones estratégicas del fondo de pensiones.