El Consejo Universitario de la Universidad Católica Andrés Bello,
Considerando
El deber que corresponde a las Universidades en la orientación de la vida del país mediante nuestra contribución en el esclarecimiento de los problemas nacionales, conforme lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Universidades, y artículo 6, ordinal 2°, del Estatuto Orgánico de la Universidad Católica Andrés Bello,
Considerando
Lo que representa para el Estado de Derecho las actuaciones de los cuerpos de seguridad ante el ejercicio del derecho fundamental a la manifestación previsto en el artículo 68 de la Constitución, así como el derecho a la libertad de expresión e información consagrados en el artículo 57 constitucional,
Considerando
Lo que representa para el Estado de Derecho el respeto del derecho al debido proceso en todas las actuaciones judiciales y administrativas, consagrado en el artículo 49 constitucional,
Considerando
Lo que representa para el Estado de Derecho el deber de los cuerpos de seguridad del Estado, de respetar la dignidad y los derechos humanos de todas las personas, conforme lo establecido en el artículo 55 constitucional,
Considerando
Las recientes citaciones a estudiantes por parte de cuerpos de seguridad del Estado, acompañadas de amenazas en medios de comunicación tutelados por el gobierno nacional,
Acuerda:
Primero: exigir a los cuerpos de seguridad del Estado, tribunales y demás órganos competentes, la liberación de los estudiantes detenidos, por el ejercicio del derecho a la manifestación conforme lo establecido en el artículo 57 constitucional.
Segundo: exigir a los órganos competentes la investigación de hechos denunciados que podrían calificarse como torturas o tratos crueles inhumanos o degradantes a estudiantes, para la determinación y castigo de los responsables, así como la justa reparación del daño social y moral causado a las víctimas, y a sus familiares, incluido el reconocimiento público realizado por el Estado.
Tercero: rechazar cualquier acción o decisión de los cuerpos de seguridad del Estado, tribunales u otros órganos del Sistema de Administración de Justicia, que desconozca el derecho al debido proceso y el respeto a la dignidad de los estudiantes. Concretamente, rechazamos la persecución judicial, y el sometimiento al escarnio público a través de los medios de comunicación estatales, de la estudiante de esta casa de estudios, bachiller Ana Karina García.
