Por Angel Alvarado Rangel (@AngelAlvaradoR)
Una de las características de los Estados fallidos es la incapacidad de quien ostenta el poder para ejercer la autoridad en su propio territorio. Cuando un Estado falla, porciones de su territorio pasan a ser controladas por grupos al margen de la ley que imponen sus propias reglas, de manera tal que el Estado pierde el monopolio en el uso legítimo de la fuerza. En Venezuela hemos observado a lo largo de los últimos años esas características en barrios, urbanismos, costas y fronteras, donde el Estado comparte el uso de la fuerza con “paramilitares”, guerrilla (FARC, ELN, FBL), bandas criminales, pranes, colectivos, etc.
En ciertos casos como el de la Cota 905 o Los Valles del Tuy, las llamadas zonas de paz se han establecido de forma premeditada como política pública desde el mismo gobierno. En estas zonas los “pranes”, colectivos o bandas organizadas han tomado el control del territorio sustituyendo al mismo Estado como autoridad. Esta situación se evitó en los barrios de Petare donde intentaron establecerse, porque la autoridad municipal no abandonó las labores de patrullaje en ellos estimando que esa medida podría ser el antecedente de un Estado fallido.
En otros casos como en las fronteras o en las costas, la corrupción que permiten las rentas de los mercados ilegales han retirado a las Fuerzas Armadas de puestos de control o vigilancia, los cuales haciéndose la “vista gorda” ante el paso de bienes “ilegales”, crean “corredores” al margen de la ley. En ese sentido, no parece ser casualidad que el 76% de los venezolanos piense que las Fuerzas Armadas están infiltradas por el narcotráfico (Observatorio Venezolano del Crimen Organizado.
Sea cual sea el caso, el abandono del territorio nacional por parte de los organismos de seguridad se ha visto reforzado por la necesidad del gobierno socialista de incorporar a las Fuerzas Armadas en el control de la economía y de la burocracia. Como bien lo ha señalado la ONG Control Ciudadano, actualmente el 32% de los militares han abandonado el resguardo de nuestra soberanía y se encuentran en altos cargos en Ministerios e Institutos. Esto quiere decir que sólo una parte de las fuerzas armadas está dedicada a brindar seguridad a los venezolanos. Esta situación sumada a la corrupción y al despeje deliberado de zonas, refuerza la necesidad de que exista una política pública nacional que tenga como fin el control del territorio
Frente a esta situación se requiere que el Estado cese sus negociones con grupos al margen de la ley, y recupere los territorios cedidos con una política de seguridad en el marco del respeto de misma legalidad y los derechos humanos. En segundo lugar se requieren mejores mecanismos de control sobre los cuerpos de seguridad para minimizar la corrupción en los mismos, para ello son positivas las experiencias en el uso de ciertas tecnologías, como son el GPS y las cámaras de seguridad en patrullas, uniformes y puestos de control, de manera tal que los mismos actúen apegados a las normas vigentes. Finalmente debemos reestructurar las Fuerzas Armadas para sacarlas de sus labores burocráticas y llevarlos a ejercer la soberanía en nuestras fronteras, costas y espacio aéreo. El control de todo el territorio debe ser una prioridad si queremos devolver la paz a Venezuela y la tranquilidad a nuestras calles.
