¿Cómo calificar el procedimiento ejecutado ayer en la madrugada por la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana para desmantelar, en forma simultánea, los tres principales campamentos de activistas opositores instalados en Caracas?
Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, considera que fueron detenciones masivas y arbitrarias, que destacan por la nocturnidad: “Tenemos imágenes, proporcionadas por vecinos, del momento en que los funcionarios que participaron en este operativo salieron de la sede del Sebin, en El Helicoide, aproximadamente a las 2:30 am”.
El ex juez penal Jesús Ollarves va más allá: “Fue un asalto militar, porque fue ejecutado mayoritariamente por militares (GNB), con procedimientos militares y los detenidos fueron trasladados a instalaciones militares, específicamente a Fuerte Tiuna y al CORE 5”.
Lo más grave es que las detenciones se hayan realizado a espaldas del Ministerio Público, como lo admitió ayer al mediodía la fiscal superior del Área Metropolitana de Caracas, Marisela Lucena Rivas.
No hubo garantías judiciales suficientes consideran los dos expertos. “¿Qué juez estaba despierto a esa hora de la madrugada para expedir las correspondientes órdenes judiciales, pues la Constitución indica que nadie puede ser detenido sin una orden judicial previa”, puntualizó Bolívar. Y Ollarves agregó: “En todo caso, las órdenes de detención deben especificar la identificación del aprehendido y los motivos de la aprehensión. El país tiene derecho de ver esas 243 órdenes judiciales, si le creemos al ministro Rodríguez Torres en cuanto al número de detenidos”.
La directora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB advirtió que no basta que el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informe el número de detenidos. “Los principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión de la ONU obligan a la publicación inmediata de una lista de detenidos. Doce horas después de los hechos, los familiares y abogados de los aprehendidos no conocían las condiciones en que se encontraban, pues no habían podido verlos”, denunció.
Ollarves indicó que en este caso no se puede alegar que había comisión flagrante de un delito: “Los tres campamentos estaban instalados desde hace varias semanas y ayer no ocurrió ningún evento que ameritara la irrupción de los cuerpos de seguridad”.
Ambos especialistas temen que, como en otras oportunidades, la Fiscalía haga imputaciones genéricas, sin especificar qué hizo cada quien. “Los jueces de control deben anular estas actuaciones, decretar la libertad plena de los aprehendidos y ordenar una investigación de los funcionarios que ordenaron y practicaron estas detenciones arbitrarias. Lo peor que puede ocurrir es que, de facto, los detenidos sean imputados como terroristas y aumente el número de presos por el ejercicio del derecho de protestar”, advirtió Ollarves.
“Operación limpia”
El ministro Miguel Rodríguez Torres, que participó en la acción contra los campamentos de manifestantes en Baruta y Chacao, dijo que fue una “operación limpia y sin agresiones”. Indicó que hubo 243 detenidos.
“Encontramos presunta cocaína, marihuana, perico, bombas molotov, miguelitos de todo tipo, morteros (…) Estaban circulando droga, armas. Había elementos ligados a la delincuencia. Cualquier desastre pudo ocurrir ahí”, afirmó Rodríguez.
También informó la incautación de billetes venezolanos, dólares, máscaras antigas, artefactos pirotécnicos, vidrios, niples, radios de comunicación y bombas lacrimógenas.
El jefe del Comando Estratégico Operacional de la FANB, general en jefe Vladimir Padrino López, escribió en Twitter que la operación militar restableció el orden público y el libre tránsito con respeto a los derechos humanos. (El Nacional)
Familiares exigen respetar derechos de jóvenes detenidos
Desesperados. Así se encontraban los familiares de los 243 estudiantes que fueron detenidos la madrugada de este jueves #8M en los campamentos instalados desde hace varias semanas en la Plaza Alfredo Sadel, la Plaza Bolívar de Chacao; Santa Fe y en la Torre HP donde funciona la sede en Venezuela de Naciones Unidas (ONU).
La joven Caterine Tangredi Suárez (22 años) fue detenida frente a la ONU. Su padre, de origen italiano y con 62 años en el país, Oliver Tangredi, dijo sentir «temor y decepción» por todo lo que está sucediendo. «Muchas veces le dije a mi hija que no saliera a la calle a protestar pero ella me decía que tenía que hacerlo porque en Venezuela ‘tenemos que luchar por el futuro’. Aquí estoy desesperado por mi hija», dijo.
Cristel Arteaga de 22 años de edad tiene discapacidad auditiva. «Yo logré verla cuando la trajeron esposada como si fuera una delincuente de la más baja calaña», narró su prima Andreina González, quien se encontraba junto a la madre de la joven.
Arteaga es una de las cuatro personas con discapacidad, aseguran familiares, fueron detenidos en los allanamientos. De los 243 jóvenes privados de libertad 18 son menores, entre ellos 12 varones, 5 mujeres y una joven embarazada, según un comunicado del Ministerio Público.
La joven María Betania Urrutia, también detenida en la ONU, logró comunicarse vía telefónica con su hermana, Kira Urrutia Escobar. «Estoy indignada porque ni a los malandros los tratan como lo han hecho con los estudiantes», dijo.
Los diputados, Miguel Pizarro (PJ – Táchira) y Stalin González (UNT- Distrito Capital) tuvieron acceso al Comando Regional N° 5, ubicado en Tazón donde hay más de cien jóvenes, 50 de ellas mujeres.
«Las jóvenes están aparte en la capilla del Core, acompañadas por fiscales de Derechos Fundamentales. No están en un lugar donde los funcionarios puedan maltratarlas», explicó Pizarro a los familiares.
La directora de Fundeci, Elenis Rodríguez, indicó que a los jóvenes se les realizan pruebas toxicológicas y exámenes médicos forenses. Además, revisión de expedientes para comprobar si tienen antecedentes penales. «Hoy serán presentados en tribunales», dijo.
Lilian Camejo, abogada del Foro Penal, dijo que hay un grupo de jóvenes recluido en la sede de la PNB en Catia y otro en Maripérez. «Los fiscales están realizando la revisión de identidades porque la cantidad de detenidos generó cierto desorden». (El Universal)
Detenidos serán llevados a tribunales
Las autoridades esperan presentar este viernes en tribunales a los dos centenares de jóvenes que fueron detenidos durante el desmantelamiento de cuatro campamentos opositores, lo que desató protestas callejeras en Caracas que dejaron un policía muerto.
Los detenidos permanecen recluidos desde la víspera en una instalación de la Guardia Nacional luego de ser arrestados durante el levantamiento de los campamentos, indicó a The Associated Press Nely Areas, una de los abogados de los detenidos.
Varios centenares de militares y policías nacionales arrestaron la víspera a 243 jóvenes que pernotaban en cuatro campamentos en el este de la ciudad, pero ya fueron liberadas 16 personas de las cuales 12 son adolescentes y cuatro padecen discapacidad auditiva, informó la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, en su cuenta de Twitter.
El ministro de Relaciones Interiores, mayor general Miguel Rodríguez Torres, dijo el jueves que las autoridades tienen evidencias que desde los campamentos salían grupos a «cometer hechos terroristas, incendiar las cabinas del metro, incendiar patrullas de la policía, enfrentarse con bombas molotov y con armas a los cuerpos de seguridad» y agregó que «es impresionante la cantidad de droga que se consiguió en este sitio».
Los familiares y abogados de los detenidos han rechazado los señalamientos del ministro y han denunciado que los jóvenes opositores fueron arrestados sin cumplir los procedimientos legales.
El desmantelamiento de los cuatro campamentos, que fueron instalados hace más de un mes en el este de la ciudad por varios centenares de jóvenes en protesta contra el gobierno, generó el jueves protestas callejeras en Caracas que dejaron un saldo de un policía nacional fallecido y otros dos heridos por arma de fuego.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro se ha visto afectado desde febrero pasado por una serie de protestas callejeras que se han registrado en Caracas y otras ciudades.
Los violentos incidentes han dejado 42 muertos, 787 heridos y unos 2.500 detenidos, de los cuales 197 permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales, según la Fiscalía General.
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