Señalan que reposición de mercancía es mínima
La decisión de reducir los precios de los productos a diciembre de 2017, ha perjudicado y disminuido los canales comerciales y las cadenas de suministro, generado compras nerviosas y que no se vean los rubros en los anaqueles, insistió ayer el presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal.
El empresario aseguró que las últimas medidas gubernamentales han limitado aún más la disponibilidad de los comercios para reponer la mercancía, sostuvo.
Coincidió así, con los voceros del sector industrial, quienes se pronunciaron sobre el tema el sábado. Argumentó que el aumento del salario mínimo y del bono alimentación, afecta la estructura de costos. Indicó que deben de tomarse “medidas económicas” que satisfagan las necesidades de la población venezolana, y aconsejó que se debe estimular el sector empresarial.
Larrazábal recomendó en una entrevista transmitida por Televen, ir a un mercado cambiario libre, y la aplicación de políticas que ayuden a impulsar la producción.
“Mientras el Gobierno siga atacando a la empresa privada, siga restringiendo la producción nacional, el ciudadano será el afectado”, alegó.
Dijo que otro de los problemas de la economía es la inexistencia de una política cambiaria y el predominio del precio del mercado especulador, resaltó el presidente de Fedecámaras que “ es el tipo de problemática que no se abordan”.
Esta semana continúan las reuniones sobre los precios, según anunciaron el vicepresidente de Economía, Wilmar Castro Soteldo, y Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa y coordinador general de la Gran Misión Abastecimiento Seguro y Soberano (Gmass). (El Universal)
La crisis de los concesionarios
El negocio principal de los concesionarios en Caracas, que es la venta de vehículos, se ha contraído en los últimos años. “Nosotros dejamos de ser un concesionario desde hace seis años”, afirmó la gerente de una sucursal de Hyundai en Caracas. “Nos convertimos en un taller mecánico especializado, pero sin muchos repuestos y sin atención de la planta importadora porque no hay dólares ni permisos para importar”.
El jueves pasado el establecimiento se encontraba desierto, de vehículos, empleados y clientes. La gerente precisó que en 2008, cuando inauguraron el concesionario, había 32 trabajadores y ahora solo hay 12. “¿De qué sirve tener un encargado de ventas si no hay carros?”, dijo.
Un empleado añadió que desde 2012 el concesionario dejó de tener vehículos cero kilómetros porque no se asignaron más dólares para importar y ensamblar automóviles. Señaló que cuando abrieron vendían 30 carros mensuales. “Recibíamos tantos clientes que teníamos que pautar citas porque no dábamos abasto”, recordó.
Actualmente reciben entre 4 y 5 carros diarios para prestarles un servicio como la revisión periódica que se requiere cada 5.000 kilómetros y que cuesta 5 millones de bolívares. “Hace un mes costaba 3 millones. Se tuvo que aumentar por los precios de los repuestos”, afirmó otro empleado, quien aseguró que el negocio del concesionario estaba “muerto”.
Indicó que el inventario está muy bajo. De los principales repuestos no disponen de amortiguadores desde octubre. Tampoco tienen kit de tiempo base de motor ni cable de bujía. “Nosotros le compramos repuestos a proveedores foráneos, esos que se atreven a importar a dólar libre”, señaló la encargada.
En octubre del año pasado Toyota, por un acuerdo con el gobierno, empezó a comercializar el modelo élite o GLi en bolívares (56,7 millones) y en divisas (26.160 dólares). Dos vehículos cero kilómetros marcaban sus precios en la moneda estadounidense en un concesionario de Toyota, en Caracas. El más costoso, un 4 Runner, valía 70.000 dólares y otro, un Corolla S Plus 2016, estaba en 27.000 dólares.
Desde hace seis meses el concesionario oferta dos carros usados para ser vendidos por consignación. “Normalmente las personas que piensan emigran son las que deciden vender sus vehículos en un concesionario”, dijo el encargado.
Esa modalidad la emprendieron el año pasado como una alternativa para intentar frenar la caída en las ventas por los elevados precios de los carros nuevos. Hace 3 años vendían 60 unidades al mes y ahora 6 al año.
“Todavía hay gente que puede pagar un auto cero kilómetros, pero les da miedo salir con una camioneta a la calle y llamar la atención por la inseguridad. Eso también hace que las ventas caigan. Otro factor es lo costoso que resulta un seguro para vehículos”, expresó. (El Nacional)
Más de Bs. 4 billones gastaron venezolanos con tarjetas de crédito en el 2017
Según datos bancarios publicados por la firma Aristimuño Herrera & Asociados los venezolanos gastaron Bs 4,2 billones con tarjetas de crédito durante el año 2017, un incremento de 448,6% con respecto al 2016.
Los tarjetahabientes que más gastaron fueron los de Banesco, cuyo incremento absoluto en 2017 fue de Bs 963.648 millones, seguido del estatal Venezuela, cuyo aumento fue de Bs 832.757 millones.
Visto desde la variación porcentual, la entidad con mayor alza fue el Bicentenario con 1.604,9% de incremento con respecto al año 2016. Esto le sirvió a ese banco del estado para incrementar su cuota de mercado de 2,8% a 8,8%.
Al cierre de diciembre de 2017, los bancos venezolanos acumulan un total de Bs 5,1 billones en préstamos a través de las tarjetas de crédito, mecanismo cada vez más utilizado en el país debido al acelerado deterioro del poder adquisitivo y la baja tasa de interés. (Globovisión)
Saqueos y medidas del gobierno agobian a productores agropecuarios
Una ola de saqueos a fincas y medidas del gobierno que regulan la movilización y venta de la producción agrícola y pecuaria agobian a los productores del campo, en medio de una fuerte caída del abastecimiento en todo el país.
“Caída sostenida de la producción nacional es consecuencia de las erradas políticas del gobierno nacional, el desabastecimiento de alimentos es responsabilidad del gobierno, porque pretenden tapar el foso donde sumergieron a Venezuela con el trabajo de los productores agropecuarios”, dijo en un mensaje en Twitter el presidente de Fedeagro, Aquiles Hopkins.
Durante el mes de enero se han registrado varios saqueos a fincas, según denuncias del sector agropecuario y como se mostró a través de videos que se viralizaron en las redes sociales donde se ve a personas matando a pedradas a una vaca.
“Continúan los ataques ‘organizados’ a los pocos predios productivos. Un grupo de unos 20 hombres luego de extorsionar a un campesino zuliano sustrajeron 12 reses, descuartizándolas y llevando su carne”, denunció en Twitter el presidente de Fedenaga, Carlos Albornoz.
La escasez de alimentos en Venezuela se agudiza cada vez más, en medio de una economía que en noviembre de 2017 entró en hiperinflación. El gobierno inició el año repitiendo las mismas medidas que viene aplicando durante años para tratar de paliar la situación: más controles y fiscalizaciones.
En el sector agropecuario se han dictado medidas regionales que prohíben la circulación de ganado en pie, así como la venta obligatoria de la mitad de la producción al estado para su distribución a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).
Por decretos regionales, los estados Guárico, Apure, Cojedes y Barinas tienen prohibido movilizar fuera de la entidad, ganado, carne y queso.
Por otro lado, la Gobernación de Barinas, ordenó a los productores de alimentos y otros bienes básicos vender a esa instancia la mitad de su producción.
“Gobernador de Barinas toma para sí, a su discreción con un decreto inconstitucional el 50% de la producción de ese estado (primer productor de carne, 3 ero de maíz y arroz, 6 to en leche y 4 to productor de quesos ) de Venezuela perjudicando a los grandes centros de consumo y mayoría del país”, dijo Albornoz en Twitter.
Por otro lado, la revisión de precios que permita a los productores impulsar su actividad, también es un reclamo que se hace al gobierno. Esta semana los cañicultores aseguraron que están a punto de declarar un “paro técnico” debido principalmente al rezago en los precios.
La crisis afecta también a grandes empresas como Nestlé que esta semana informó que suspendió temporalmente sus actividades en la fábrica de Valencia (estado Carabobo) “como consecuencia de la falta de materia prima, en específico de todas sus pulpas de frutas, indispensables para la fabricación de postres más fruta Nestum”.
“Dichas pulpas de frutas son nacionales (cambur, guayaba y lechosa) e importadas (banana, pera y manzana) y las mismas dependen tanto de la asignación de divisas como de la producción nacional. En Nestlé Venezuela y a través de Creación de Valor Compartido con el Programa Nacional de Desarrollo Agrícola e Industrial, se brinda acompañamiento a proveedores locales quienes le suministran a la empresa las pulpas; sin embargo, no se ha logrado tener a disposición el volumen necesario para arrancar la producción”, señaló la empresa en un comunicado.
Nestlé fue una de las empresas notificadas por la Sundde de la orden de rebajar el precio de sus productos al nivel que tenían en diciembre de 2017. (Banca y Negocios)
José Guerra calificó de “imposible” el balance de ministro Castro Soteldo
El presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), el diputado José Guerra, calificó de “imposible” el balance presentado por el ministro de Agricultura, Wilmar Castro Soteldo.
A través de su cuenta en la red social twitter, Guerra respondió a las declaraciones de Castro Soteldo en las que el ministro asegura que la producción nacional “evolucionó” 67% durante el 2017.
“¿La producción nacional evolucionó 67%? ¿Aumentó? ¿Se incrementó? ¿Se expandió? En cualquier caso, es imposible que la producción haya aumentado 67%. Contrariamente, la producción disminuyó significativamente en 2017”. (La Patilla)
Productores rechazaron confiscación de ganado
Más de mil productores agropecuarios se reunieron este fin de semana en la sede de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Socopó, en Barinas, para manifestar su profundo rechazo a varios decretos regionales que les impiden movilizar el ganado fuera de sus estados, les exigen vender entre 10% y 50% de su producción al gobierno, y les fijan los precios de comercialización.
“Quieren hacer con nosotros lo que les da la gana. Después que uno pasa miles de días trabajando te dicen: ‘Dame un porcentaje de lo que produjiste, que yo te lo pago al precio que quiera’. Estos son decretos confiscatorios que atentan contra la agroalimentación y perjudican al consumidor”, dijo Carlos Albornoz, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos.
El directivo precisó que entre las entidades afectadas por los decretos están Barinas, Apure y Guárico, tres de los estados más productivos del país. “Con estos controles queda a discreción de los funcionarios de cada estado la distribución de la carne. Esto puede dejar con un abastecimiento muy precario a los grandes centros de consumo del país”.
El directivo rechazó que las autoridades pongan barreras de producción y matanza a los productores, y no le presten atención a la gran cantidad de ganado que se saca por las fronteras. “El año pasado solo por contrabando de extracción hacia Colombia se perdieron más de 220.000 animales y no hubo autoridad capaz de ponerle freno a eso”.
Rechazó también los ataques a las fincas que se han producido en las últimas semanas. Dijo que grupos de hombres han ingresado a propiedades y se llevan reses o las matan y descuartizan.
Producción. A pesar de que Fedenaga y Fedeagro han denunciado que la escasez de insumos para la siembra y de repuestos para la maquinaria ha impedido que aumente la producción, ayer el ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, afirmó que el año pasado la producción evolucionó 67%.
En una entrevista televisiva, Castro Soteldo dijo que el sector productivo ha crecido gracias a la aparición de nuevos actores asumidos por el sector primario. “Estamos trabajando fuerte en el caso del maíz y hortalizas a nivel nacional, por lo que ha crecido a pesar de las consecuencias y la dificultad política”.
Castro Soteldo añadió que esta semana podría entrar en funcionamiento el nuevo sistema Dicom que pretende trabajar con las remesas que envíen los venezolanos en el extranjero. (El Nacional)
OIT enviará delegación para investigar denuncias de Fedecámaras
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) enviará la próxima semana a Venezuela una delegación tripartita para investigar las alegaciones de la asociación de empresarios, Fedecámaras, de que el Gobierno no respeta sus derechos.
Así lo anunció en una rueda de prensa el director general de la OIT, Guy Ryder, en la que explicó que es “bastante inusual” que quien presente la queja sean los empresarios, en este caso contra el Gobierno.
El tema fue tratado en el Comité Ejecutivo de la OIT -máximo órgano decisorio- de noviembre pasado y la conclusión fue pedir a Ryder que organizase una misión tripartita -representantes de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores- para ir a investigar a Caracas.
La delegación partirá la próxima semana y se regirá bajo el artículo 26 de la Constitución de la OIT, según explicó su director general.
“Nuestro mandato será intentar estimular el diálogo entre el Gobierno, los empleadores y los trabajadores. La queja de Fedecámaras versaba sobre la falta de diálogo con las autoridades y sobre el hecho de que los empresarios se vean sometidos a presiones e incluso intimidación”, especificó Ryder.
Agregó que una de las quejas es que no se les permite la libertad de asociación. (Globovisión)
Cobran hasta $ 300 para pasar un carro por la frontera con Colombia
En la frontera entre Venezuela y Colombia los caminos verdes y los pasos oficiales sirven para el traslado de artículos, por los que se obtiene alguna ganancia. Además de alimentos, combustible, medicinas, insumos plásticos y otros, los carros representan una fuente de lucro en divisa extranjera para quienes hacen y permiten el envío desde Táchira (Venezuela) hasta Norte de Santander (Colombia).
Franklin Duarte, diputado tachirense a la Asamblea Nacional por el circuito de frontera, informó que antes del cierre de la frontera la coima era en bolívares, después del bloqueo de los pasos oficiales en agosto de 2015, la situación cambió.
“Cobraban entre 500.000 y 1.000.000 de bolívares y ahora con la devaluación cobran entre 200 y 300 dólares por automóvil”, señaló el parlamentario. Añadió que la mayor cantidad de vehículos que son pasados a Colombia es con el propósito de venderlos a mejor precio que en Venezuela. En menor proporción, también pasan carros cuyos propietarios pretenden establecerse en el territorio vecino y requieren quedarse con la unidad.
Hasta los pasos internacionales oficiales que no han sido activados por los gobiernos de uno y otro país estarían siendo utilizados para el traslado. “Están pasando los carros por los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, incluso por el puente Tienditas, que no ha sido inaugurado. En algunos casos los pasan con grúa por trochas. Les pagan a los militares de guardia en los puestos fronterizos. Desde que cerraron la frontera en 2015, los vehículos no dejan de pasar por las trochas y puentes internacionales”, afirmó Duarte.
Ex funcionarios de organismos de seguridad, que solicitaron no ser identificados, dijeron que son muy pocos los carros obtenidos a través del hurto y robo que pasan la frontera para fines comerciales. “Esos autos son desarmados para vender las piezas y repuestos. La situación de los repuestos está muy dura porque cuando no se consiguen, entonces los precios están altos”, señaló uno de los consultados.
Autoridades colombianas han declarado que el año pasado fueron retenidos 373 carros venezolanos que habían pasado por trochas y puntos de seguridad ubicados en diferentes áreas fronterizas. Sin embargo, desde el cierre de la frontera ordenado por el presidente Nicolás Maduro en agosto de 2015, la cifra de vehículos con matrícula venezolana es de 686.
Pese a las restricciones de movilidad en la frontera, funcionarios del departamento Norte de Santander y de alcaldías, así como el sector automotor colombiano exigieron al gobierno de Juan Manuel Santos ejecutar planes de seguridad ante la presencia y movilización de carros con placa venezolana en ese país. Incluso modelos de 2016 y 2017, que por el bloqueo no debieron estar en Norte de Santander.
Pero en redes sociales, portales de Internet y en compra-venta de vehículos que están ubicados en Cúcuta, se ofrecen carros venezolanos, incluso de fabricación posterior al cierre de los pasos, lo que ha afectado a los concesionarios y los impuestos departamentales y municipales. Un vehículo de marca nipona 3 puertas, año 2017, se vende en Cúcuta en 13.000.000 de pesos, que equivales a 460.000.000 bolívares.
El decreto. El 27 de diciembre pasado, el Ministerio de Transporte de Colombia emitió el decreto 2229 en el que establece las condiciones, términos y requisitos para autorizar el uso temporal de vehículos, motos y embarcaciones fluviales menores con matrículas de Venezuela.
La norma indica que los modelos matriculados hasta el 19 de agosto de 2015, que entraron desde Venezuela a territorio colombiano y que se encuentran circulando en las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo, deberán solicitar la autorización de internación temporal entre los seis meses siguientes a la publicación del decreto. Los vehículos solo podrán ser de uso particular.
El decreto provocó reacciones en el vecino país. El alcalde de Cúcuta, César Rojas, cuestionó que los impuestos que debe pagar la persona por concepto de internación del vehículo no vayan al municipio sino a la Secretaría de Tránsito del departamento de Norte de Santander.
El presidente del Concejo Municipal de San José de Cúcuta, Jaime Marthey, señaló que “el gobierno nacional sigue legislando desde Bogotá sin tener en cuenta la realidad de la ciudad. No puede cobrarle el mismo valor de impuesto a un vehículo venezolano que vale menos de la mitad, que a un carro colombiano”. (El Nacional)
