En un contexto en el que han aumentado las fallas graves, Herrera asegura que 80% de los servicios dispuestos para realizar estudios de hematología están en cierre técnico, al igual que el 79% de los laboratorios facultados para hacer análisis de bioquímica. Se trata de exámenes rutinarios que miden valores en la sangre y que requieren todos los enfermos para cumplir con el diagnóstico, control y seguimiento de sus patologías.

El gremio advierte que en el Domingo Luciani, un recinto adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y que en la práctica ha asumido los pacientes rechazados por centros del Ministerio de Salud, tiene dos años sin hematología.

La situación se complica en el campo de los marcadores tumorales, un área donde las fallas y la escasez de insumos ascienden a 84,5%, según el Colegio de Bioanalistas de Venezuela.

En cuanto a los estudios de bacteriología, el colegio esgrime un cálculo que va en detrimento y que retrata el peligro al que están sometidos los enfermos con infecciones complejas. Ya 2012 50% de los laboratorios especializados en ese campo estaban operativos. Este año solo 25% de ellos puede hacer diagnóstico y de ese número, 80% presenta fallas graves.

Así se dio a conocer durante el cuarto ciclo de foros “Diálogo Social: Instrumento para el fortalecimiento de la democracia”, realizado por el Instituto de Altos Estudios Sindicales (INAESIN) en Colegio de Ingenieros.

“90% de los equipos e insumos que se requieren para hacer estudios de laboratorio son importados y el Estado no liquida las divisas a las empresas para reponerlos”, dijo Marta Herrera, al destacar que se trata de una deuda relativamente modesta en comparación con otros sectores. En 2016, aseguran voceros del gremio, el Gobierno debía 70 millones de dólares a ese sector.

En Venezuela, un país que solo invierte 1,6% de su presupuesto en salud, la crisis humanitaria, decretada en enero de 2016 por la Asamblea Nacional, ha privado a muchos venezolanos con patologías crónicos del diagnóstico y control de sus padecimientos, en especial aquellas personas que sufren de cáncer, problemas cardiovasculares y renales.

Rezago laboral

Durante su intervención en el foro, Zenaida Figuera, Secretaria Ejecutiva del Sindicato único Nacional de Empleados Públicos, Profesionales, Técnicos y Administrativos del Ministerio de Salud (SUNEP-SAS), que agrupa siete gremios, señala que el contrato colectivo del sector tiene dos años vencidos y en todo ese tiempo el ministerio no ha dado señales para sentarse a dialogar con los empleados perjudicados.

Figuera asegura que el Ministerio ha intentado escapar a la coyuntura aumentando ciertas cláusulas de la convención colectiva, una medida que el gremio califica de unidireccional y que rechaza porque no resuelve la crisis económica de los trabajadores. “Estas nuevas autoridades del ministerio son sumamente políticas y agresivas. Se ha instalado una comisión de la verdad, integrada por trabajadores que denuncian a sus propios compañeros por criticar la gestión de gobierno. Y luego son sancionados con la destitución”, concluye.

Nixa Martínez, presidenta del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Venezuela, presenta su diagnóstico de la crisis económica, que, según señala, se remonta al año 2006, cuando mermó la producción nacional. “Las bolsas del CLAP no resuelven las necesidades de consumo de las familias más pobres, sino que las profundiza”. Martínez tacha la iniciativa gubernamental de circo mediático y propone retomar la producción nacional de arroz, harina, azúcar y leche, alimentos que en la práctica han sido sustituidos por tubérculos y vegetales.

Con información de Inaesin