El Consejo de Derechos Humanos de la ONU se mostró hoy dividido entre aquellos países que denunciaron las graves violaciones de las libertades fundamentales en Venezuela y los que criticaron la supuesta injerencia de este órgano en los asuntos internos venezolanos.

El comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, presentó el lunes en la apertura de la trigésimo sexta sesión ordinaria del Consejo su informe general sobre la situación de las libertades fundamentales en el mundo, en el que hubo un énfasis especial en la crisis venezolana.

Zeid afirmó que la represión de las recientes protestas antigubernamentales podría constituir crímenes contra la humanidad, y pidió una investigación internacional independiente para dilucidar lo que ocurrió. Ambos comentarios fueron vehementemente rechazados por el canciller venezolano, Jorge Arreaza, quien también se dirigió el lunes al pleno del Consejo y acusó a Zeid de “mentir”.

Este martes era el turno de los países de responder al discurso de Zeid y la sala se dividió entre los que defendieron al jordano, su oficina y los resultados de la pesquisa sobre la situación en Venezuela y aquellos que acusaron al comisionado de injerencia en los asuntos internos del país sudamericano.

En su turno de intervención, EEUU se limitó a denunciar “la escalada de las violaciones de los derechos humanos”, exhortaron al Gobierno de Nicolás Maduro para que restablezca la democracia y libere inmediatamente y sin condiciones a todos los presos políticos. EEUU apoyó la declaración del Grupo de Lima, que reúne a 12 países que el pasado agosto definieron como una “dictadura” al Gobierno de Nicolás Maduro.

El grupo volvió a tomar la palabra hoy, y denunció que la situación en Venezuela se ha agravado en las últimas semanas “con la decisión de perseguir a los opositores que han compartido sus quejas con la comunidad internacional”.

La Unión Europea, liderada por Estonia, consideró que “la crisis multidimensional” en Venezuela se está profundizando y exigió la liberación de los presos políticos, algo que apoyó también específicamente España.

Por otra parte, la Comisión Internacional de Juristas denunció hoy que la Corte Suprema de Justicia de Venezuela es “un brazo” del Gobierno de Maduro que ha dejado de actuar como un ente independiente de defensa de la ley para complacer los deseos del Ejecutivo.

“La Corte Suprema de Justicia de Venezuela ha dejado de actuar como una corte independiente que aplica la ley y el orden y se ha convertido en un brazo de un Ejecutivo autoritario”, afirmó la comisión en un informe.