LA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic) rechazó, mediante un comunicado, los ataques y operativos especiales llevados a cabos por distintos cuerpos de seguridad del Estado contra edificios y residencias en el país desde el inicio de las protestas antigubernamentales en abril de este año.

La organización ha registrado estos ataques en al menos seis estados del país: Mérida, Lara, Táchira, Carabobo, Zulia y en Caracas. El ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, se ha referido a las acciones de los cuerpos de seguridad como «operativos especiales», sin embargo la ONG advierte que estos hechos “carecen de los parámetros legales mínimos y que han puesto en grave riesgo la integridad personal y las propiedades de numerosas familias, generando efectos severos a nivel emocional en las personas que han sido expuestas a estas atrocidades”.

Cofavic cita el artículo 47 de la Constitución, que establece que: «El hogar doméstico y todo recinto privado de persona son inviolables. No podrá ser allanados, sino mediante orden judicial, para impedir la perpetración de un delito o para cumplir de acuerdo con la ley las decisiones que dicten los tribunales, respetando siempre la dignidad del ser humano», así como el artículo 68, que garantiza al derecho a la protesta pacífica.

Las zonas registradas por la organización que han resultado más afectadas por las acciones de los cuerpos de seguridad han sido las sectores El Campito y la avenida Cardenal Quintero en Mérida, la urbanización Sucre en Barquisimeto, las residencias Altavista en San Cristóbal, además de los edificios «Los Verdes» y residencias Victoria en el oeste de Caracas.

“Los ataques y actos de hostigamiento a zonas residenciales han dejado una afectación severa en sus habitantes, no sólo por el nivel de pérdidas en daños a bienes materiales como puertas de acceso, ascensores, destrucción de sistemas internos de seguridad, daños a infraestructura y áreas verdes, sino también pérdidas simbólicas”, reza el comunicado de la ONG.

Por último, la organización exige al Ministerio Público que se inicien las respectivas investigaciones al respecto, y que se respete el derecho a la libre expresión, el debido proceso, y la propiedad privada.