El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) denunció una escalada de violencia y deploró la muerte de manifestantes en las recientes protestas. La organización no gubernamental exigió garantizar los derechos a la vida, integridad, libertad y manifestación pacífica.
El OVCS ha registrado desde el 1 de abril 1.208 manifestaciones en todo el país, ha documentado 55 muertes desde el 6 de abril hasta el 16 de mayo del presente año de las cuales el Ministerio Público ha reconocido la muerte de solo 43 personas.
«La mayoría de los casos están relacionados con jóvenes, quienes han sido víctimas de una intensa represión por parte de efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y civiles armados, amparados por el Plan Zamora», explicó el comunicado.
El texto explicó que las muertes se encuentran distribuidas en 8 estados del país. Siendo en Distrito Capital, Carabobo y Miranda donde se concentran el mayor número de víctimas, sumando 41 entre las tres entidades.
El OVCS reitera sus exigencias:
- Realizar las investigaciones pertinentes, de manera expedita y oportuna, para establecer las responsabilidades correspondientes por la muerte de manifestantes o terceros en el contexto de las protestas.
- Poner fin a la ejecución del plan Zamora.
- Realizar las investigaciones pertinentes, de manera expedita y oportuna, para determinar las responsabilidades correspondientes por tratos crueles inhumanos y degradantes, y detenciones arbitrarias ocurridas durante las manifestaciones.
- Garantizar el pleno cumplimiento y respeto del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece: “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.
- Cumplir con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre medidas y acciones de orden público según la sentencia de El Caracazo.
*Con información del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social
