La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización social que defiende y promueve los derechos humanos en Venezuela desde hace más de treinta años, manifiesta su preocupación por el clima de zozobra e incertidumbre que vive el país a partir de la promulgación de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) N° 155 del 28 de marzo de 2017 y 156 del 29 de marzo de 2017 de la Sala Constitucional debido a que estas decisiones generaron gran confusión en cuanto a las competencias de la Asamblea Nacional, el respeto por la inmunidad parlamentaria, el irrespeto entre instituciones democráticas y la ausencia de separación de poderes.

El día sábado 1° de abril del presente año la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, luego del exhorto realizado por el Consejo de Defensa de la Nación presidido por el Presidente de la República con el cual solicitaba se revisaran las polémicas sentencias 155 y 156, produjo dos sentencias a través de las cuales revisa y modifican las anteriores.

La sentencia 157 aclara la sentencia 155 suprimiendo lo referido al cese de la inmunidad parlamentaria. Suprime la cautelar 5.1.1 la cual facultaba al Presidente de la República a legislar en materia penal para ampliar el alcance de la legislación penal militar y antiterrorista.

Por una parte, la sentencia 158 suprime la cautelar 4.4. de la sentencia 156 que establecía que mientras durara el desacato de la Asamblea Nacional, la propia Sala Constitucional asumiría todas las facultades parlamentarias.

La Red de Apoyo recuerda a los distintos actores del país que Venezuela es irrevocablemente libre, independiente y soberana y sus instituciones republicanas deben funcionar al servicio del pueblo sin distinción política para así ofrecer soluciones oportunas a los diversos problemas que están afectando a la ciudadanía.

Las venezolanas y los venezolanos tenemos el derecho a determinar nuestro futuro en plena libertad, independencia, en sana paz, respeto y soberanía, sin injerencias o imposiciones de ninguna nación o instancia extranjera. Las vías para ello están establecidas en la Constitución de la República, que establece el marco y los instrumentos para la solución de controversias.

Para la organización resulta propicio considerar retomar el proceso de diálogo cuanto antes para llegar al entendimiento, ya que creemos es la vía más adecuada de lograr la paz social en medio de la crisis que ha surgido durante los últimos años, debido a que las y los venezolanos vivimos en constante zozobra e incertidumbre. Asimismo, resaltamos que el gobierno y la oposición deben actuar con responsabilidad reactivando el encuentro inmediato para poder acometer constructivamente el desafío que nos presenta la actual crisis social, política, económica y moral.

Las actuaciones del Estado y de todos los actores políticos deben estar enmarcado en el respeto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y al respeto universal de todos los Derechos humanos de todas las personas, sin ningún tipo de discriminación; buscando siempre la paz y el bienestar colectivo.

Finalmente, exhortarnos o reiteramos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a los cuerpos policiales a respetar los derechos humanos, el estado de excepción no significa una licencia abierta para efectuar un uso excesivo de la fuerza. No deben violar los derechos de quienes manifiestan. También realiza un llamado a las ciudadanas y ciudadanos que expresan voluntad de manifestar su descontento a asumir su derecho constitucional de expresarse libremente de manera pacífica, respetándose entre sí, incluso a quienes piensen distinto. El Estado desde las instituciones que imparten seguridad debe asumir una actuación garante de tranquilidad donde ninguna persona pueda correr el riesgo de ser agredida, reprimida o discriminada. El llamado es que toda la ciudadanía promueva la convivencia donde la solidaridad, el respeto y la tolerancia estén vigentes en la sociedad.