La reciente decisión de dos concejos municipales dominados por el oficialismo de sustituir a los alcaldes opositores Warner Jiménez (Maturín, Monagas) y Delson Guarate (Mario Briceño, Aragua), miembros del partido Voluntad Popular, y poner en su lugar a concejales del PSUV ha encendido -una vez más- las alarmas de abogados, disidentes del chavismo y de la Asociación de Alcaldes por Venezuela.

Expertos en derecho administrativo, como Luis Alfonso Herrera, advierten que la interpretación que hicieron los concejales oficialistas de Maturín y Mario Briceño Iragorry del articulado de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal -que les sirvió de marco legal- puede abrir la puerta para la instauración del juicio político contra los alcaldes incómodos al poder central.

“La Loppm habría que revisarla en profundidad porque si su redacción permite que haya un juicio político con destitución del Poder Legislativo hacia el Ejecutivo a nivel de municipio eso no se puede permitir y habría que plantear una reforma. Ello implicaría la eliminación de la división de poderes. Se presta para que cada vez que se quiera, desde el consejo legislativo, acusar al alcalde de mal administrador, proceder a separarlo del cargo y designar a uno que sea afín al partido que tiene la mayoría, pues invocan la ley y listo”, advirtió Herrera.

El diputado Juan Pablo Guanipa (MUD), encargado del proyecto de reforma de la Loppm, ofreció una lectura política coincidente con la advertencia jurídica: “¿Cuál es el objetivo del PSUV? Ir a esos municipios donde gobierna la oposición, pero la cámara les favorece a ellos, para crear imputaciones irreales, que se detenga al alcalde y que el concejo pesuvista designe a un alcalde sin haber sido elegido para ese cargo. El objetivo político del PSUV es controlar las alcaldías que no pudo controlar a través del voto. Eso no se puede aceptar”.

Incluso Jesús Cepeda, ex diputado del PSUV-Guárico y de reciente ruptura con el oficialismo, se opuso a la decisión: “Rechazo los atropellos de que están siendo víctimas muchos alcaldes y dirigentes en este país. No se puede criminalizar la disidencia. La democracia se basa en la alternabilidad en aceptarnos, tolerar los diferentes enfoques. Aquí todo el que protesta es estigmatizado. La arbitrariedad y el atropello son los mecanismos de ejercicio de política de este gobierno, lamentablemente. No puedo compartir esa manera de hacer política”.

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