Representantes del Observatorio Venezolano de Prisiones, de Transparencia Venezuela y de la Comisión para los derechos humanos del estado Zulia presentaron un informe en el que denuncian que la obra de un centro de reclusión judicial que sería construida en el sur de Maracaibo está inconclusa. El estudio, refieren las organizaciones, también evidencia la violación de derechos de procesados, familiares y ciudadanos que se han visto afectados por el abandono de la construcción
Un estudio realizado por representantes del Observatorio Venezolano de Prisiones, de Transparencia Venezuela y de la Comisión para los derechos humanos del estado Zulia revela que la obra de un centro de reclusión judicial que prometió construir en el sur de Maracaibo la ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela, está «en ruinas». En el informe Los papeles de una prisión inconclusa destapan un escándalo de corrupción y violación de DDHH las organizaciones denuncian los detalles del caso que -argumentan- involucra la violación de derechos de procesados, familiares y ciudadanos tras el abandono de la obra.
El representante de Transparencia Venezuela por el estado Zulia, Jesús Urbina, explicó que las organizaciones que realizaron la investigación detectaron que el Ministerio de Servicio Penitenciario y el Fondo Nacional de Edificaciones Penitenciarias (Fonep) son los responsables de que la obra del centro de reclusión que prometió construir la ministra Iris Varela el 5 de diciembre de 2012 esté abandonada y paralizada.
«Esas dos entidades fueron las que actuaron directamente y la gran responsabilidad que tienen es que han invertido dinero de la nación. En su momento fueron casi 210 millones de bolívares, al menos, porque eso es lo que está declarado. No sabemos si luego hubo otro desembolso para la empresa contratista que no aparece declarado en la Memoria y Cuenta de los años 2013, 2014 y 2015 del ministerio y del Fonep», dijo Urbina.
El representante de Transparencia Venezuela por el estado Zulia recordó que el centro de reclusión prometido por Varela tenía el objetivo de resolver el hacinamiento crítico en el estado Zulia y aseguró que este miércoles presentarán la denuncia en el Ministerio Público: «Se ha defraudado al sistema penitenciario, a los privados de libertad y a sus familiares. En todo ello tiene responsabilidad el Estado y nosotros creemos que aquí se ha cometido por lo menos un delito relacionado con lo que establece el artículo 55 de la Ley Contra la Corrupción que establece que todo funcionario responsable, de acuerdo con los términos de esa ley, que deje perder, deteriorar, dañar definitivamente bienes del patrimonio público tiene una responsabilidad que lo puede llevar a prisión mínimo por seis meses y máximo por tres años. Cuando hagamos formalmente la denuncia vamos a solicitar que la investigación se haga también con esos términos. Aquí se ha defraudado a la nación cometiendo un delito de corrupción contra el patrimonio público, además de las faltas que se han cometido al dejar guindando a toda esa población de procesados judiciales del estado Zulia y los han distribuido en varios centros sin informarles a sus familiares».
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Claves de la investigación
. El 5 de diciembre de 2012 la ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela, anunció la construcción de un centro de reclusión judicial en el sur de Maracaibo. Dieciséis días después, el Fonep suscribió un contrato con la empresa Cresmo, C.A. por 130.660.866, 54 bolívares para la construcción de la obra que arrancaría el 2 de enero de 2013. El 4 de diciembre de ese año sellaron un contrato, sumando entre ambos un desembolso por el Ministerio de Servicio Penitenciario de 209.104.434,64 bolívares, que finalizaba el 31 de diciembre de 2014.
. «Transcurrieron 46 meses desde que la ministra prometiera que en un año estaría terminado el centro penitenciario. Esa obra inconclusa está rodeada de la mayor opacidad y tanto el gobierno nacional como el regional deben explicar por qué se perdieron los recursos públicos invertidos en ella», advierte Jesús Urbina, coordinador regional de Transparencia Venezuela.
. La obra, diseñada para alojar 600 reclusos, fue garantizada para 2013 en aras de combatir el hacinamiento carcelario, que en ese año se acrecentó tras el desalojo de la Cárcel Nacional de Sabaneta, cuyos reclusos fueron dispersados por todo el país tras los eventos convulsos que terminaron en su clausura.
. “De acuerdo al análisis que hace Transparencia Venezuela a la Memoria y Cuenta de los ministerios, y el seguimiento de los presupuestos pudimos determinar que de Bs. 36.469.000.000 ($ 5.183.715.098) que recibió el ministerio de Servicios Penitenciarios en los últimos cinco años, solo Bs. 2.401.176.821 fueron destinados para la ampliación, recuperación, dotación y construcción de la Edificación Penitenciaria. Y en 2012 cuando el gobierno prometió la construcción de 24 establecimientos y anunció la construcción del CRPPJEZ solo asignaron para dicho fin Bs. 207.000.000, monto insuficiente para cumplir con la promesa que hizo Varela”, advierte Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela.
Pedirán respuestas al Estado
El Ministerio Público debe explicar el posible fraude por un contrato que recibió recursos del Ministerio de Servicios Penitenciarios y no se terminó.
La Contraloría de la República debe investigar, señalar y sancionar a los responsables por las pérdidas de recursos públicos de una construcción que ahora está desmantelada.
El Ministerio de Servicios Penitenciarios tiene que publicar los contratos completos paras saber cuánto dinero se invirtió y cómo fue utilizado.
Desconocemos cuál es su plan de construcción de los establecimientos penitenciarios. Siendo necesarios para resolver, entre otros problemas, el terrible hacinamiento al que son sometidos los reclusos vulnerando sus derechos humanos. Debe existir un cronograma.
El ministerio de Servicio Penitenciario tiene que rendir cuentas de todos los recursos que recibió (36.469.000.000) y del uso que se les dio.
Cuál es el plan que tiene la ministra Varela para reasignar a los reclusos que fueron trasladados de la cárcel de El Marite y de Sabaneta.
La ministra Varela debe explicarle al país por qué no pudo cumplir con las promesas hechas sobre la construcción de ocho centros de reclusión judiciales en 2012.
Cierre de centros agudiza el hacinamiento en calabozos del Zulia
Daniela Guerra, directora general de la Comisión para los derechos humanos del estado Zulia, destacó que el cierre de la cárcel de Sabaneta y del retén de Marite, ha agudizado el hacinamiento en los calabozos policiales de la entidad: «Si se toma en consideración que el hacinamiento es crítico en Venezuela y que además la mayoría de los reclusos están en situación de procesados, podemos ver que el desalojo de El Marite ha agudizado el retardo procesal. No se está cumpliendo con la celeridad del proceso. La mayoría de los reclusos fueron trasladados fuera del estado Zulia y en casi todas las prisiones, salvo Fénix, en Lara, y en la cárcel de Coro, no se están realizando los traslados hacia el circuito judicial zuliano, lo que indica que no se están realizando las audiencias. Estas personas que están en hacinamiento crítico no ven una luz de cuándo será su juicio para así determinar si la medida privativa de libertad es efectivamente necesaria. A la mayoría de los reclusos se les está violando la presunción de inocencia, porque hay casos de presos que han cumplido siete años sin una condena».
Guerra precisó que según cifras oficiales el hacinamiento en los calabozos policiales en el estado Zulia era del 150 %: «Esa situación se agravó después del desalojo del retén de El Marite porque no hay prisiones en la región, que es el estado con mayor población en Venezuela. Estamos hablando que es un estado con 4.300.00o habitantes y no tenemos una prisión».
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, dijo que una de sus preocupaciones son las condiciones de salud de los privados de libertad que fueron trasladados desde El Marite y Sabaneta. A la par, el representante de la Comisión para los derechos humanos del estado Zulia, Carlos González, refirió que dos de los presos que fueron trasladados murieron.
De acuerdo con cifras del OVP, el hacinamiento en las cárceles es de un 210 %, mientras que en los calabozos policiales el hacinamiento oscila entre el 800 y 1.000 %.
En la presentación de la investigación las organizaciones precisaron que en El Marite, Cabimas y San Carlos del Zulia, un total de 2.290 sobreviven al hacinamiento que supera el 220%. Estas cifras fueron reveladas por el Secretario de Seguridad de la entidad, Biagio Parisi, quien añadió que en la Costa Oriental del Lago hay 411 internos, pero su capacidad es de 150 máximo. «A estos 2.290 se le suman los 1.100 que están recluidos en los calabozos de la policía regional, las policías municipales, Cicpc, Guardia Nacional y Sebin. En ese sentido, Parisi aseguró hicieron algunas solicitudes ante el Ministerio de Servicios Penitenciarios, entre las que destacan la revisión de los expedientes de los privados de libertad y la reactivación de la construcción de la cárcel del estado, la cual se encuentra paralizada», detalla el informe.
