El Bloque Constitucional de Venezuela emitió un comunicado en el cual celebra el triunfo cívico de los venezolanos en la validación de firmas para activar el referendo revocatorio presidencial al mismo tiempo que condena las numerosas trabas impuestas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) al proceso
La agrupación de juristas también rechazo la detención de los jóvenes Gabriel San Miguel y Francisco Márquez, dirigentes de Voluntad Popular la noche del martes 21 en Cojedes por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) considerándolo como un caso de «persecución política». Proponen la visita de una Misión Internacional Independiente durante la celebración del referendo revocatorio, que asumen como «inminente».
El documento cuenta con las firmas de Román Duque Corredor, Cecilia Sosa Gómez, Perkins Rocha, Miguel Ángel Martín y Juan Carlos Apitz, quienes aseguran que que el Poder Electoral actuó “contrariando de manera descarada los principios de independencia orgánica, despartidización, igualdad, imparcialidad, transparencia y celeridad sobre los que se debe soportar la actividad electoral, previstos constitucionalmente en los artículos 293 y 294 constitucionales”.
Subrayan también que los electores venezolanos lograron llegar a la meta de firmas validadas “venciendo todo tipo de escollos y obstáculos gubernamentales, militares, violentos y delincuenciales, provocados por grupos oficialistas mercenariamente colocados especialmente para agredir a ciudadanos y diputados”.
Destacan que el CNE complicó aún más el panorama, “creando ilegal y sobrevenidamente etapas procedimentales, complejas, absurdas y perentorias, previas a la definitiva convocatoria de la consulta pública refrendaria, que han implicado: tergiversaciones interpretativas contrarias al sentido jurídico-electoral de su propia normativa administrativa, extendiendo abusivamente los tiempos de realización de variados y distintos actos, infundadamente creados sin base legal y aplicando criterios flagrantemente violatorios de la libre manifestación ciudadana”.
Hacen especial mención de lo que consideran “La grosera exclusión de más de 600 mil firmas de venezolanos”, a quienes se les negó un derecho, alegando motivos de forma que no tenían por qué confiscarles la manifestación de su voluntad. Recuerdan que insólitamente, líderes emblemáticos del proceso de validación fueron afectados por esta práctica; mientras se facilitó el trámite a quienes manifestaran su deseo de retirar la firma.
Los juristas denuncian ante la comunidad internacional, de cara a la próxima discusión sobre la posible aplicación de la Carta Democrática Interamericana en Venezuela, “el quebrantamiento del orden democrático y constitucional venezolano, que ha sido perturbado por factores oficialistas y el propio gobierno, hasta el punto de crear actualmente una situación de emergencia nacional”.
Finalmente, solicitan “la urgente implementación de una ‘Misión Internacional Independiente’ que observe y vigile directamente el proceso electoral próximo a realizarse en el país, todo dentro del marco de los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela y en estricto cumplimiento de las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana de los Derechos Humanos, a tenor de lo establecido en los artículos 23 y 31 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
