Ayer, casi en paralelo al cierre de la cadena del presidente Nicolás Maduro desde Miraflores para conmemorar el 11 de abril de 2002, la Sala Constitucional del TSJ publicó la sentencia 264 que declara inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional dictada por la Asamblea Nacional el 29 de marzo.

En ponencia conjunta, y por unanimidad, los magistrados Gladys Gutiérrez, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta, Juan Mendoza, Calixto Ortega, Luis Damiani y Lourdes Suárez determinaron que la norma “desconoce que Venezuela es un Estado democrático y social de derecho y de justicia, y se aparta de la Constitución”.

A juicio de los magistrados, el instrumento revela una actividad arbitraria del legislador, el cual no actúa en representación del interés general, sino que pretende imponer una verdadera hegemonía de intereses sectoriales ajenos a los principios constitucionales (justicia, paz y responsabilidad entre otros), presentando sus intereses particulares como valores generales, mediante un pretendido consenso social aprovechándose de la legitimidad derivada de la representación indirecta que se ejerce en el marco de las competencias del órgano legislativo.

Sigue leyendo esta nota de Maru Morales P. en El Nacional.