«No hay peor castigo para un preso político que el olvido». Palabras del abogado Gonzalo Himiob, que aparecen en la página de la organización no gubernamental de la que es director: el Foro Penal Venezolano, que tiene registradas, en este momento, a 78 personas detenidas por motivos políticos.

Hoy el proyecto de amnistía entrará en la Cámara Plena de la Asamblea Nacional. Dos amnistías promulgó el fallecido presidente Hugo Chávez. La primera se realizó en 2000 para exonerar a los militares golpistas de 1992. La segunda se hizo en 2007, y su objetivo fue perdonar a los que atentaron contra su gobierno en abril de 2002, a excepción de quienes cometieron delitos de lesa humanidad.

De los 78 presos políticos, 28 están detenidos por protestar, 19 por rebelión militar, cuatro por uso de redes sociales, uno por rebelión civil y 26 por otros motivos. Están distribuidos en los siguientes centros de reclusión: Santa Ana (Táchira), INOF (Miranda), La Pica (Monagas), Penitenciaría 26 de julio (Guárico), Penitenciaría de Cumaná (Sucre), DGCIM de Boleíta (Caracas), PNB de La Yaguara (Caracas), Policía Militar de Fuerte Tiuna (Caracas), Ramo Verde (Miranda), Rodeo II (Miranda), Sebin Helicoide (Caracas), Sebin de Maracaibo (Zulia), Sebin de Plaza Venezuela (Caracas), Yare II (Miranda), El Marite (Zulia) y Tocuyito (Carabobo). También hay un grupo de privados de libertad que están bajo régimen penitenciario, entre los que se encuentra el alcalde metropolitano, Antonio Ledezma.

El caso más reciente fue el de Humberto Yusuino, presidente del centro de votación Bambu Lucera (Amazonas), que está detenido en el Sebin Helicoide por presuntamente haber coaccionado a electores a votar por la MUD en los comicios legislativos, realizados el 6 de diciembre de 2015. Fue acusado por delitos de sabotaje o daños a programas informáticos, instigación pública, corrupción y asociación para delinquir.

Es, precisamente, el Sebin Helicoide el centro de reclusión donde hay más privados de libertad por motivos políticos, con 25. De allí pueden mencionarse los casos de Gilberto Sojo, Renzo Prieto y Rosmit Mantilla, los tres están detenidos por manifestar y fueron electos diputados suplentes. Parlamentarios de la bancada opositora han mostrado en la Asamblea Nacional carteles, en los que exigen que sean liberados por inmunidad para que ejerzan sus cargos.

Víctor Ugas es otro caso particular, debido a que fue detenido por presuntamente haber difundido fotos del cadáver de Robert Serra a través de Twitter. Aunque tiene boleta de excarcelación, no ha salido de la prisión.

En el INOF está recluida la TSU en procesos químicos Araminta González, acusada por José Pérez Venta (asesino de Liana Hergueta junto con Carlos Trejo) de fabricar explosivos. Sobre ella pesan los cargos de delitos de asociación para delinquir, agavillamiento e instigación a la rebelión, aunque su audiencia ha sido diferida más de 20 veces.

Dentro del Sebin de Plaza Venezuela, donde hay un lugar que llaman «La tumba», hay solo tres privados de libertad considerados presos políticos: Juan Miguel de Sousa, Gabriel Valles Sguerzi y Lorent Saleh.

Juan Miguel de Sousa, ingeniero en Computación de 51 años de edad, fue detenido tras ser acusado de manejar la cuenta de Twitter @enyukote, a través de la que se enviaban mensajes desastibilizadores. Motivado a la baja temperatura del lugar, ha sufrido de infecciones pulmonares, además de una infección odontológica que afectó su oído.

Gabriel Valles es ingeniero en Sistemas y tiene 27 años. Fue detenido por el gobierno colombiano y deportado a Venezuela en septiembre de 2014. El Ministerio Público le imputó por presuntamente cometer el delito de conspiración a la rebelión. Motivado a las violaciones de sus derechos humanos en el centro de reclusión, que denunció su defensa, hizo una huelga de hambre que duró 18 días, y logró mejoras, como salir por cuatro horas semanales.

Por otra parte, a Lorent Saleh también lo deportó el gobierno colombiano. Se le imputó el delito de conspiración a la rebelión. Su defensa denunció, en reiteradas oportunidades, violaciones a sus derechos humanos, pero después de que realizó una huelga de 18 días, mejoraron sus condiciones en el lugar.

Decreto o ley de amnistía

El Foro Penal entregó, el 11 de enero, el proyecto de amnistía a la Asamblea Nacional que, de aprobarse, beneficiará tanto a presos como a exiliados políticos. Para la propuesta se consultaron organizaciones no gubernamentales como Provea, Espacio Público, Proiuris, Observatorio Venezolano de la Justicia, Fundepro, Fundeci, Colegio de Abogados de Nueva Esparta, Un Mundo Sin Mordaza, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, Academia de Ciencias Jurídicas del Zulia, Justicia y Proceso Venezuela, Centro Popular de Formación Ciudadana y Justicia Venezolana.

Existen dos mecanismos judiciales: el decreto legislativo y la ley de amnistía. Alfredo Romero, director del Foro Penal, explicó que ambos tienen el mismo objetivo. La diferencia es que la ley puede tardar más tiempo en ser promulgada.

«El decreto legislativo, por ser un decreto, es un acto de la Asamblea Nacional y no una ley», dijo Romero.

Añadió que con el decreto solo debe realizarse una discusión: «Levantan la mano y al día siguiente estará publicado en Gaceta. Así que los familiares pueden ir con su Gaceta al tribunal y solicitar la liberación de las personas».

El abogado indicó que la ley de amnistía tiene cuatro pasos: discusiones, aprobación, promulgación y publicación. Afirmó que este procedimiento podría tardar, por lo menos, un año, aunque acotó que las leyes no tienen un tiempo predeterminado.

El artículo 12, tanto del decreto como de la ley, establece a quién beneficiará la amnistía, en base a sucesos determinados, entre los que se mencionan los hechos de abril de 2002, el paro petrolero y las protestas de 2014.

«No aceptaré ninguna ley de amnistía»

El presidente Nicolás Maduro dijo, luego de que se conocieran los resultados de las elecciones parlamentarias, que no aceptará una ley de amnistía. «Me podrán enviar 1.000 leyes, pero los asesinos de un pueblo tienen que ser juzgados y tienen que pagar», manifestó.

Acerca de esto, Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional, señaló que si el mandatario nacional se negaba a aprobar la amnistía, la aprobará y la promulgará el Parlamento.