Efraín Santos dejó de rociar su cultivo de naranjas con el agua que llega por el grifo porque, dice, «o si no se me dañan».

«¿No ve que esa agua llega toda podrida?», le dice a BBC Mundo a las afueras de la ciudad de Valencia, en el centro-norte de Venezuela, a menos de 10 kilómetros del embalse más importante de la zona, Pao Cachinche.

Para irrigar sus naranjas, entonces, Santos recoge el agua en los pozos profundos de la zona, donde la mayoría de lugareños se abastece, porque la que viene cada dos o tres días por el acueducto, señalan, «está toda hedionda».

La queja de que el agua está sucia no solo se repite en el área que rodea a Valencia, sino en varias regiones de Venezuela, especialmente por esta época en que la sequía ha aumentado el racionamiento a lo largo del país.

Según la encuesta Encovi de 2015, en la que tres universidades estudiaron la calidad de vida de los venezolanos, un 81% de los hogares poseen acueducto, mientras que 38% no tiene acceso continuo al agua.

Debate en la Asamblea

La escasez y la mala calidad del agua llegaron la semana pasada a la Asamblea Nacional, que hace un mes se inauguró con mayoría opositora por primera vez en 17 años.

Allí se aprobó un acuerdo para exhortar al gobierno nacional a atender cuanto antes esta crisis, que se añade a otros problemas económicos, sanitarios y sociales que sufre el país.

«La escasez y sobre todo la contaminación del agua son un problema de salud pública, porque deriva en los alimentos que comen los venezolanos y las condiciones en que trabajan los hospitales», le dice a BBC Mundo Ylidio

Abreu, diputado de la oposición que presentó el proyecto de acuerdo.

El gobierno reconoce que hay una crisis de agua, pero dice que la oposición exagera su gravedad.

En todo el territorio venezolano se ven cierres de calles en forma de protesta por los cortes de agua durante días y a veces semanas, pero en Valencia y las ciudades que la rodean –más de 3 millones de habitantes– la situación parece ser peor.

La «lucha» por el agua

En la casa de Nellifer Figueredo, en la parroquia Miguel Peña del sur de Valencia, durante el último año el agua llegó por cuatro horas dos veces por semana.

Entra con tan poca presión, dice la madre de tres niños, que Figueredo a veces tiene que inhalar por el tubo principal para que empiece a correr.

«Pero esa agua que llega del acueducto solo sirve para limpiar, para lavar», le dice a BBC Mundo, mientras llena un vaso con agua amarillenta y pedacitos de mugre para corroborar su afirmación.

Según ella, varias personas de la zona han mostrado brotes de sarna que vinculan a la calidad del agua.

Como muchos de sus vecinos, Figueredo tiene dos opciones para conseguir el agua para cocinar, beber y bañarse: o comprarla o sacarla de un pozo profundo.

Hace tres años, la comunidad –a través del Consejo Comunal, asociaciones civiles ligadas al oficialismo– logró después de varios años «de lucha» que las empresas estatales cavaran un pozo e instalaran un tubo para sacar el agua de ahí.

Pero después se encontraron con otro problema: el agua del pozo tiene sulfuro, un gas con olor a podrido que puede ser tóxico.

Y «la lucha» ahora es lograr que el gobierno instale una potabilizadora para poder aprovechar el pozo.
Mientras tanto, no hay agua.

Sigue leyendo este trabajo de Daniel Pardo en BBC Mundo.