Fedecámaras aseguró ayer que los empresarios del sector privado están dispuestos a acompañar al gobierno en la toma de decisiones económicas “fuertes”, siempre y cuando se realicen “reformas” que permitan que la producción fluya.

“Cuando (…) hablamos que le tendíamos la mano al gobierno nacional y al presidente de la república y que estamos dispuestos a compartir con ellos la toma de decisiones que sean fuertes, esto es siempre y cuando tengan la reforma que el empresariado requiere para poder salir adelante”, dijo el nuevo presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez.

Explicó que “si no se hacen las reformas necesarias” en un conjunto de normas que se han creado en los últimos años, la empresa privada no podrá “acompañar” al gobierno ni “destrancar el juego”.

Martínez señaló que el gobierno de Nicolás Maduro no puede, además, seguir calificando al empresariado privado como “delincuente” ni confiscando sus bienes a través de fiscalizaciones “discrecionales y agresivas” que las llevan incluso a su cierre.

“No puedes seguir atacando la capacidad productiva del país y pretender después exigirle al empresariado que se corresponsabilice contigo porque no hay producción y porque los anaqueles no tienen los productos necesarios”, dijo.

Asimismo, reiteró que “la gran mayoría de las empresas” tiene severos problemas de inventarios y no tienen capacidad de reposición de sus productos pues no pueden vender y tener las rentabilidades adecuadas.

Fedecámaras ha solicitado al gobierno, e incluso ante el Tribunal Supremo de Justicia, la nulidad o reforma de algunas normas hechas en los últimos años como la Ley de Precios Justos que establece ganancias sobre los costes no mayores al 30 % pues, asegura, “atenta contra las libertades económicas” consagradas en la Constitución.

Además, los empresarios han pedido una flexibilización del sistema de control de cambios que opera desde 2003 y que deja en manos del Estado la administración de las divisas, que son asignadas a tres tipos de cambio distintos dependiendo del objeto que tengan.

Otra norma que también ha sido objeto de críticas por parte de los empresarios es la Ley del Trabajo, aprobada en 2012, que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales y estipula el disfrute obligatorio de dos días de descanso consecutivos, lo que según la patronal, afecta más a los trabajadores que a las empresas.