En 1998 Hugo Chávez ganó la presidencia de Venezuela. Durante su campaña criticó duramente la corrupción de gobiernos anteriores y prometió erradicarla. Sin embargo, durante los 15 años que lleva el chavismo en el poder no han cesado las denuncias en esa materia. La más reciente provino del Departamento de Estado de Estados Unidos, que aseguró que funcionarios venezolanos blanquearon cerca de 4,2 millardos de dólares en la Banca Privada d’Andorra.

Sobre este caso la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, pidió, a través de la Cancillería, la información de las cuentas de los venezolanos en esa institución financiera.

Actualmente Venezuela es considerado uno de los países más corruptos del mundo, según el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional. Advierte que Venezuela es una de las 14 naciones más corruptas: ocupa el puesto 161 entre 175 países.

En el índice el país solo obtuvo 19 de puntos sobre 100, lo que denota que continúa siendo percibida como una nación con grandes riesgos de corrupción en el sector público. Es el país peor valorado de toda América, solo superado por naciones como Yemen, Libia, Afganistán, Corea del Norte y Somalia.

En 2013 el presidente Nicolás Maduro pidió poderes especiales para legislar contra la corrupción. Sin embargo, de acuerdo con Transparencia Venezuela, lo grave es que no se toman realmente medidas para solucionar la situación. El país ha ocupado lugares similares desde hace nueve años.

Uno de los casos de corrupción más emblemáticos se remonta al año 2007, cuando el empresario venezolano-estadounidense Guido Antonini Wilson entró en Argentina con un maletín en el que llevaba 790.550 dólares. Ese dinero supuestamente lo envió Hugo Chávez para financiar la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.

Después de 2 años, en 2009, en el terminal marítimo de Puerto Cabello, estado Carabobo, se hallaron 123.725 toneladas de alimentos descompuestos, que debieron ser distribuidos por la red oficial Pdval.

Luego, en 2013, el entonces ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, admitió que por el Sistema de Transacciones con Título en Moneda Extranjera salieron del país 25 millardos de dólares.

En ninguno de esos casos se ha sancionado a los culpables. Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela, criticó que no se investiguen denuncias de tales magnitudes, lo que a su juicio evidencia la debilidad institucional del país. “Es inaudito que no se abra una investigación por el lavado de dinero en Andorra. Cuando alguien saca esa cantidad de dinero, implica que muchas personas estaban involucradas y que se gozaba de un gran nivel de discrecionalidad”, señaló.

Aclaró que el problema no es la falta de tecnología para investigar, pues en el país los aparatos de investigación “son estupendos” y están equipados con lo necesario.

La punta del iceberg

Desde la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional se ha pedido investigar los casos de corrupción, pero eso no ha ocurrido.

El diputado Andrés Velásquez, integrante de esa comisión, aseveró que Venezuela se convirtió en una trinchera para la corrupción porque las instituciones encargadas de investigar las denuncias –la propia comisión, la Fiscalía o la Contraloría– no tienen voluntad para hacerlo.

“No hay una determinación de atacar la corrupción porque se caería el gobierno solo. Hay demasiados involucrados del alto gobierno, del medio gobierno y de todos los equipos que tienen. Además, hay muchos militares involucrados”, indicó.

Dijo que los casos que el gobierno se ufana de investigar son insignificantes en comparación con denuncias como las de Giordani.

Uno de los pocos oficialistas castigados por corrupción en Venezuela fue el ex alcalde del PSUV en Valencia, Edgardo Parra, a quien se acusó de montar una red de extorsión a comerciantes valencianos a quienes se exigía grandes sumas de dinero bajo la amenaza de revocarles las patentes de industria y comercio. Eso ocurrió en 2013 y en 2015 Parra salió de prisión con una medida humanitaria.

El ex alcalde denunció en 2013 que las acusaciones en su contra se hicieron por su pretensión de reelegirse como alcalde, algo que no aprobaba el alto mando político del partido.

De Freitas dijo que los delitos de Parra son insignificantes si se comparan con las denuncias recientes, como los 4,2 millardos de dólares que se blanquearon. “6 personas tenían 4,2 millardos de dólares en el exterior, una cifra extraordinaria. Eso es más que el presupuesto de muchos países. Es la punta del iceberg. Pero, lamentablemente, la televisión oficial hace esfuerzos gigantescos para que le gente no se acuerde de eso”, señaló.

¿Qué hacer entonces? De Freitas responde que la única opción es seguir exigiéndoles a las instituciones cada día. “Las instituciones públicas se mueven cuando los ciudadanos se mueven. Los corruptos no se pueden quedar con el país”, agregó.

Quien fuera testigo de primera línea, Jorge Giordani, admitió hace semanas en la presentación de su libro Encuentros y desencuentros en una construcción bolivariana que la situación está lejos de solventarse: “¡Hay gente que anda robando por allí, en el gobierno! ¡Y sigue robando, carajo! ¿Y entonces? ¿Hasta cuándo?”.

Se fugaron $ 25 millardos

El entonces ministro de Planificación y Finanzas Jorge Giordani admitió en 2013 que por el Sistema de Transacciones con Título en Moneda Extranjera salieron del país 25 millardos de dólares.

Un año antes, la ex presidente del Banco Central de Venezuela Edmée Betancourt admitió que Cadivi había aprobado 20 millardos de dólares a empresas de maletín.

A raíz de su declaración, Armando León, entonces director del BCV, la sustituyó como único vocero autorizado en el instituto emisor, y ella fue destituida por órdenes de Nicolás Maduro. Betancourt había sido designada días antes de que estallara el escándalo sobre presunta corrupción en el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social durante su gestión.

La Comisión de Mercados y Valores de Estados Unidos consiguió suficientes pruebas para incriminar y poner tras las rejas a la ex gerente de finanzas de esa institución y a otras tres personas por el pago de sobornos para transar bonos de la cartera del banco y obtener importantes ganancias. Las sanciones se produjeron fuera de Venezuela.

Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela, considera que el control cambiario que existe desde 2003 ha sido la principal causa de corrupción en el país.

“El control de cambio es un antro. Es muy atractivo para un funcionario que tiene en sus manos la decisión de autorizar un dinero. La diferencia entre 6,3 bolívares por dólar y 190, en el caso del Sistema Marginal de Divisas, es tan gigantesca que lo hace muy atractivo. Además, el riesgo que corren es muy bajo. Se pueden comprar muchos silencios con tanto dinero”, señaló.

Al olvido la comida podrida

Otro caso de corrupción que alarmó a la opinión pública venezolana tiene que ver con las 123.725 toneladas de alimentos que se encontraron descompuestos en 2009 y cuya responsabilidad de distribución era de la red de mercados Pdval.

La cantidad de comida que el gobierno admitió que se dañó fue mucho menor: 26.350 toneladas. Sin embargo, El Nacional reveló que a principios de 2009 el entonces ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, recibió un memorando en el que se advertía que se destinaron 2,2 millardos de dólares para la importación de 143.866 toneladas de alimentos, de las cuales solo se distribuyó 14%; es decir, 123.725 toneladas de comida estaban decompuestas o vencidas.

En mayo de 2010 comenzó la investigación y se detuvo a los implicados: el presidente de Pdval para ese entonces, Luis Enrique Pulido, y los directores de operaciones Ronald Flores y Vilyeska Betancourt. A principios de 2012 fueron liberados porque pasó un año sin que se iniciara el juicio.

Neidy Rosal, diputada del Consejo Legislativo de Carabobo, dijo que en febrero de 2011 se consignó una nueva denuncia por hallazgos de alimentos descompuestos (mortadela) en un depósito de Pdval en Guacara, en su entidad.

¿Qué pasó con esos casos? Rosal explicó que no se ha castigado a los responsables y que, en lugar de eso, se premió al que era entonces ministro de Alimentación, Carlos Osorio, a quien Hugo Chávez destituyó, pero que Nicolás Maduro ratificó en el mismo cargo la semana pasada.

Además, a la investigación se le aplicó la “operación morrocoy”, denunció Rosal: “La investigación está en el tribunal 30 de control de Caracas esperando sorteo del tribunal para iniciar el juicio. Pulido, Flores y Betancourt siguen libres, esperando que se inicie el juicio. Exigimos a la Fiscalía que inicie el sorteo”.

La Cifra

161 es el puesto que ocupa Venezuela entre 175 naciones dentro del Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional. Es el país con peor evaluación en América