Las cosas comenzaron hace un año con expropiaciones de desarrollos inmobiliarios, la violencia política contra la propiedad privada inmobiliaria se venía ejecutando a través de invasiones inducidas por un discurso político clasista dirigido a envilecer los precios de viviendas y el ahorro de la familia de clase media. Era un proceso político similar al que ocurre con la toma y expropiación de tierras de uso agropecuario que ha producido ruina en el agro. Llegaron decretos de la Habilitante, el proceso de afectación de valores inmobiliarios ahora se envolvía en un marco jurídico inconstitucional.
El paso inmediato, la aprobación por la AN de la Ley de Arrendamiento, un marco legal que descapitaliza las familias de los sectores medios, pervirtiendo el marco jurídico que ahora fulmina los derechos de propiedad sobre la vivienda no solo hábitat principal sino como activo real inmobiliario y que se expresa en la caída de sus precios. La Ley de Arrendamientos así penaliza a la familia que ahorró, invirtió en viviendas para protegerse del empobrecimiento producido por la inflación y la devaluación. El supuesto económico de las familias de los sectores medios partía de un principio básico: en el largo plazo, los precios de las viviendas cubren la depredación fiscal del bolívar y capitaliza el ahorro. La Ley de Arrendamiento vuelve añicos esas economías.
En el hecho -y en el derecho- la Ley Arrendamiento depreda y allana la propiedad de la vivienda induciendo un proceso por etapas para “expropiar” y mutilar, por el Estado/gobierno y de terceros, los que se convierten en inquilinos de una propiedad estimulados a depredarla según letra y espíritu de esa Ley. Sus efectos se sentirán en toda la industria de la construcción, disminuirá aceleradamente la calidad de las viviendas, precios de parcelas y tierras urbanas serán envilecidos por excesiva regulación, lo cual profundizará el deterioro urbanístico de ciudades. Si se pasean por La Habana arruinada podrán ver en el espejo lo que podría pasar acá, abandono y pobreza urbanística “a la cubana”.
Para vastos sectores sociales poseer una vivienda, además de satisfacer una necesidad básica, constituye simultáneamente una inversión familiar, realizada también sobre el supuesto que en condiciones normales, en el tiempo, constituye una protección del patrimonio familiar, y siendo un activo “real”, es muy probable que los efectos de la inflación y la depreciación de la moneda estarían cubiertos con la adquisición de un activo inmobiliario, como vivienda principal o como vivienda secundaria; es decir un ahorro previsional permanente convertido en inversión.
Ese proceso de reestructuración del portafolio de la familia venezolana se hizo más intenso posterior al viernes negro en 1983, cuando invertir en bolívares en Venezuela se convirtió en una alternativa costosa e incierta y de alto riesgo. Así sido tradicional en Venezuela, salvo algunos años en medio de circunstancias extraordinarias, invertir en una vivienda también podría ser una decisión no óptima, que en última instancia destruya parte del capital familiar , sobre todo porque el marco jurídico y regulatorio de ese mercado inmobiliario evita que la inversión fluya libremente al mismo tiempo que permita satisfacer esas necesidades básicas. En condiciones “normales”, nada más lógico para el ahorro familiar que comprar una vivienda para vivir y cubrir su depredación esencialmente aquella producida por malas políticas económicas y malos gobiernos por inflación y envilecimiento de la moneda.
Ese ha sido, palabras más o menos, la lógica de la inversión en viviendas por parte de los sectores medios. El venezolano y su familia disponían así de un capital en un activo real en su balance personal y familiar, el cual le permitía al mismo tiempo apalancarse financieramente en la medida que las obligaciones hipotecarias derivadas de la adquisición de la vivienda fuesen canceladas, un promedio de 10 años. Ese comportamiento económico y financiero convirtió a la vivienda, en el balance familiar, en el activo de mayor valor.
El mercado respondía rápidamente a esas preferencias de las familias que se organizaba desde autopromoción programada urbanizando y construyendo, la auto-construcción y masivamente a la producción de viviendas por promotores y urbanizadores privados y cuya obligación social y económica comenzaba con la adquisición de tierras urbanas para construir la oferta habitacional privada. Así se construían cientos de miles de viviendas por año. El sector privado construía en promedio más de cien mil viviendas por año, cuyo destino eran los sectores medios y bajos consolidados de un amplio espectro social, con la condición económica fundamental que podía financieramente con el peso de una hipoteca de largo plazo.
Toda esa historia termina con la nueva Ley de Arrendamiento, ahora, y a menos de dos semanas de ser aprobada, sometida a reforma en la AN. La improvisación y el acoso político de los sectores medios desdicen de la intención y calidad intelectual –que no sea la destrucción- del oficio de legislador en las circunstancias políticas actuales, políticamente, la clase media es hueso duro de roer, su solvencia económica, competencia, educación y particularmente su estructura de incentivos en cuanto su natural propensión a la movilidad social hacia arriba, constituye un cuerpo social difícil de corresponder al llamado a la servidumbre del socialismo propuesto por el Presidente de la República.
Alexander Guerrero
@AlexGuerreroE
