La búsqueda de una salida negociada de la crisis venezolana se ha estancado. La coalición opositora al gobierno tomó la decisión de suspender el proceso de diálogo en rechazo a que la represión a los estudiantes que piden la libertad de sus compañeros se mantiene, así como al desmantelamiento de cuatro campamentos opositores. La oposición esperaba plantear las razones de su retiro ante los miembros de Unasur que asisten a las conversaciones, pero ellos anunciaron la suspensión de su viaje a Caracas, creando así un indicio más de la gravedad de la situación.
El conflicto se agravó a partir de las protestas estudiantiles del 12 de febrero y la consiguiente represión que han dejado ya 42 muertos, más de 800 heridos y muchos detenidos, según datos oficiales.
Se esperaba que el diálogo iniciado contribuyera a una distensión, pero no ha sido así, quizás porque no había una agenda y una metodología bien definida y porque el gobierno no ha dado ninguna señal de querer desarmar a los colectivos y dejar claro que la violencia es inaceptable.
Le corresponde a la comunidad internacional y especialmente a Unasur, que asumió el papel de facilitador, redoblar sus esfuerzos hasta alcanzar la paz y reconciliación que la nación venezolana necesita para robustecer su desarrollo en democracia.
