La resolución 61/89 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas hace seis años llamaba a la comunidad internacional en su conjunto a incrementar todos sus esfuerzos en pro del «establecimiento de normas internacionales comunes para la importación, exportación y transferencia de armas convencionales”. Es ampliamente conocido, en contextos como el África por ejemplo, que la circulación masiva de armas es uno de los elementos que coadyuva a inflar los conflictos intestinos que se padecen en muchos países.

A mediados de este año, varias organizaciones no gubernamentales vieron frustradas sus esperanzas de que se llegarse a un acuerdo sobre un nuevo tratado que regulase el multimillonario comercio mundial de armas. El dedo acusador fue directo hacia precisamente los Estados Unidos, uno de los países donde más armas se producen (y exportan) y donde además el tema del control de la tenencia de armas enciende el debate político de modo recurrente. Un país que según cifras más bien conservadoras, ostenta un verdadero récord de armas en manos privadas o de civiles: casi 300 millones de ellas, de todos los calibres y grados de potencia.

Había cierto temor dentro de los Estados Unidos de que la Organización de las Naciones Unidas se convirtiese en una especie de regulador y supervisor de las disposiciones jurídicas relativas a las armas, incluyendo su posesión. En efecto, el borrador del tratado -que lamentablemente en borrador se quedó-, planteaba algunas disposiciones especialmente en su artículo 10 («Presentación de informes y registro»), que causaron urticaria entre los acólitos y miembros de la poderosa e influyente NRA -la ‘National Rifle Association’-.

Ante todo hay que decir que el portar armas no es un derecho humano consagrado en instrumento internacional alguno pues contradice la esencia misma de tales derechos, vale decir, la preservación de la vida y de la seguridad personal -ambas, a ser garantizadas por el Estado, sea cual fuere-. Es eso sí, un derecho constitucional en algunos países, ferozmente defendido por influyentes grupos de presión como la NRA antes mencionada. La segunda enmienda de la Constitución estadounidense reza: “Siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre una milicia bien organizada, no se coartará el derecho del pueblo a tener y portar armas”.

La redacción del referido artículo es tan ambigua que da para múltiples interpretaciones siendo especialmente preferida la de aquellos que sostienen que en efecto, todo el mundo -indistintamente de su condición- puede tener un arma. El control sobra la tenencia de armas a manos de civiles no es algo nuevo sino que data incluso del Imperio Romano, más propiamente de la época de Diocleciano. Y todavía varios siglos después, la discusión sobre este espinoso tema persiste.

A tales efectos, son varias las modalidades de control que se han ideado e implementado con mayor o menor éxito.

Modalidades que incluyen fundamentalmente el marcado, registro y rastreo de las armas y de sus municiones, así como el un aumento notorio de la severidad en cuanto a los criterios de selección de los potenciales compradores. En todo caso, esta nueva matanza en los Estados Unidos no es un hecho aislado sino uno más de la larga lista de episodios dentro de un mismo país, que una y otra vez llevan al mismo punto. Claro está que debemos analizar otras variables pero el debate sobre el “derecho” a tener y usar armas, hay que darlo justo a raíz de hechos tan lamentables como este, donde la mayoría de las víctimas fueron niños inocentes.

Ojalá que el gobierno reelecto de Obama y el Congreso estadounidense, estén a la altura de las circunstancias. Pero el miedo pulula entre los órganos de poder en Washington. ¿Sucumbirán estos a la presión popular o a la del fuerte ‘lobby’ pro-tenencia de armas? Veremos…

Omar Hernández
Internacionalista
@omarhUN