La larga lucha librada por los gobiernos colombianos contra los distintos grupos narco-guerrilleros y terroristas, que han mantenido en jaque a la colectividad de esa nación a lo largo de la últimas cinco décadas, ha sido coloreada por varios intentos de alcanzar acuerdos de paz con los alzados en armas.
Todos estos esfuerzos han resultado en rotundos fracasos desde que comenzaron dichos ensayos en el gobierno de Turbay Ayala (1978-1982), hasta el último proceso durante el gobierno de Andrés Pastrana en el período 1998-2002. Los desastrosas resultados de las conversaciones entre Pastrana y los narco-guerrileros, llevaron a ese mandatario y a su sucesor Álvaro Uribe, a arreciar la lucha armada contra-insurgente a través de los denominados Plan Colombia y la Política de Seguridad Democrática, que exitosamente han logrado diezmar a los grupos criminales de las FARC y el ELN.
En todas las experiencias desarrolladas en la búsqueda de la paz, el común denominador ha consistido en la poca voluntad política de los terroristas, quienes sólo han aprovechado las negociaciones o bien para fortalecer sus posiciones en el país y reagrupar sus fuerzas o bien para llamar la atención de la comunidad internacional para intentar obtener su apoyo.
El anuncio del nuevo proceso de paz el cual ya está en marcha con reuniones entre las FARC y el gobierno colombiano en Oslo y en Cuba, han abierto la esperanza del pueblo colombiano, cansados y agobiados por la violencia que generan estos grupos armados en varias regiones del país.
Algunos analistas han señalado que una de las fortalezas que tiene este proceso a diferencia de los anteriores, es la construcción de una agenda previa consensuada la cual guiará el proceso de negociaciones. Los puntos acordados por las partes dialogantes son los siguientes:
1) Una política de desarrollo agrario integral.
2) Garantías para la participación política de los insurgentes en un marco de legalidad y con libertad de acceso a los medios de comunicación.
3) La finalización del conflicto armado basado en el abandono de las armas.
4) Una solución al tema del narcotráfico o de las drogas ilícitas.
5) Una política de resarcimiento a las víctimas, apoyada en una Comisión de la Verdad.
6) La implementación, verificación y refrendación de la negociación y de los acuerdos por parte de la comunidad internacional y de los facilitadores y acompañantes externos al proceso.
No obstante, precisamente, desde nuestro punto de vista, será bastante difícil que el gobierno pueda ceder a las pretensiones de los insurrectos en los puntos atinentes a la política de desarrollo agrario y las drogas ilícitas. Este par de elementos de la agenda, de ninguna manera han debido incluirse en las negociaciones, ya que son atribuciones del gobierno fijar los objetivos y características de las políticas relacionadas con ambos temas.
Por lo antes planteado, no tenemos demasiadas esperanzas con que se alcance el éxito en las conversaciones de paz entre las FARC y el gobierno colombiano, lo cual resultaría en una gran pérdida para el capital político del presidente Santos. Eso sí: esperamos estar equivocados.
Por: Leopoldo E. Colmenares G.
Centro Latinoamericano de Estudios de Seguridad.
Universidad “Simón Bolívar”
