En América Central y más específicamente en Honduras, Guatemala y El Salvador, la gobernabilidad se ha visto profundamente disminuida por el acoso que tantos grupos del crimen organizado transnacional, así como por las denominadas  maras o pandillas han puesto contra la sociedad, por los intensos niveles de violencia  que generan  en perjuicio de la ciudadanía.

Para combatir tal flagelo, los gobiernos de la región han apostado por el uso de sus Fuerzas Armadas, desviándolas de su función natural como lo es la Defensa de la nación. Contradictoriamente los procesos de democratización de la región tenían como uno de sus objetivos  que precisamente estos cuerpos retornaran a cumplir sólo labores  de seguridad externa.

Es así como, por ejemplo, en El Salvador se apostó por los llamados “Plan Mano Dura” y “Plan Súper Mano Dura” que básicamente consistían  en el  despliegue de patrullaje conjunto de la Policía Nacional y el Ejército, para el combate de la delincuencia común y a la desarticulación de las pandillas. En Guatemala, motivado al amplio grado de infiltración de la Policía Nacional Civil por parte del crimen organizado, el gobierno se ha visto obligado a emplear a sus fuerzas militares  para apoyar a las fuerzas de seguridad pública, en Honduras el caso es similar: las Fuerzas Armadas prestan su apoyo en las actividades de seguridad pública.

Los resultados de las políticas  implementadas en Centroamérica para el combate del crimen organizado y las pandillas,  no han tenido, como era de esperarse,  los resultados deseados. Los niveles de violencia y criminalidad no han descendido y los grupos ilegales continúan desarrollando sus actividades delictivas habituales. Más bien estos  grupos se encuentran en expansión, tanto en lo que se refiere a las zonas geográficas que abarcan como al ámbito de  las actividades ilegitimas que desarrollan.  Es así como ahora los grupos criminales han añadido a su  repertorio criminal el robo de vehículos,  trata de personas, secuestros, etc. De igual forma, cada vez más se verifica la tremenda  penetración que desarrollan en las estructuras del Estado.  Esto contribuye a que esas  naciones se encuentren incluidas en el índice de Estados  en riesgo de devenir  en fallidos.

Desafortunadamente  y en cambio,  los que se han consolidado como hechos corrientes  en esa región latinoamericana,  son las constantes violaciones de los derechos humanos, tanto de los miembros de los  grupos criminales, como de la población civil en general. Las razones son harto conocidas: los ejércitos no están capacitados para cumplir con misiones policiales, no tienen la doctrina, el entrenamiento y el equipamiento para hacerlo  y probablemente tampoco tengan el deseo  de realizar estas  funciones de control de la criminalidad

Los gobiernos de esa región se sienten obligados a utilizar a las Fuerzas militares, motivados por el clamor popular para que tomen  medidas extraordinarias contra la criminalidad,  así como por  la desconfianza de la población hacia las fuerzas policiales. A lo anterior se añade la supuesta verticalidad, organización y eficiencia de las Fuerzas Armadas en cualquier tarea que emprendan.

Por lo tanto,  los líderes políticos se están dejando arrastrar por lo deseos de la población, aun a sabiendas de la escasa posibilidad de que las Fuerzas Armadas tengan éxito en la lucha contra la delincuencia organizada y las pandillas. Probablemente no se den cuenta que con estas acciones demagógicas están contribuyendo a la pérdida tanto  de  la credibilidad de las instituciones democráticas  como de su propio capital político.

Por lo tanto, después de más de cuatro décadas de represión por parte de dictaduras militares en la región y el convencimiento y unanimidad  de los actores políticos, sobre la necesidad de ejecutar  procesos de transformación y modernización  de las Fuerzas Armadas -en el contexto  de la redefinición de las relaciones político-militares-  estamos observando como se desarrolla la tremenda contradicción de que esos mismos actores políticos que querían  a los militares de vuelta a sus cuarteles,  los están involucrando cada vez más en funciones de seguridad interna, que le corresponden al mundo civil.

Por: Leopoldo E. Colmenares G. @LCOLG

Centro Latinoamericano de Estudios de Seguridad.

Universidad “Simón Bolívar”