Que no se malinterprete el título de nuestro artículo, nada es más deseable para la seguridad de la subregión andina meridional que el final de la larga guerra interna que ha experimentado Colombia. La relación entre ambos países no es un juego suma-cero, de aquellos en los que lo que uno gana el otro lo pierde, sino más bien un juego integrativo, suma-variable, o como está de moda decir: ganar-ganar. El problema para la seguridad nacional no es que Colombia consiga una solución política a su conflicto armado, ni siquiera el método por medio del cual la plantea, sino el camino que ha llevado a su gobierno hasta el punto que observamos hoy y, sobre todo, la participación de Venezuela en el mismo.
La primera polémica tiene que ver con la decisión, y en ella se enfrascan dos percepciones, dos estilos políticos y dos escuelas de negociación que se materializan en dos importantes apellidos colombianos: Uribe y Santos. El primer detalle que salta es que el Partido de la U, y que mencionamos sólo de soslayo, con todas sus fracturas e inconsistencias, está dominando el escenario político colombiano, como lo demuestra la tensión entre sus dos patriarcas. Pero más allá de eso, que daría para más de un artículo, está la confrontación entre dos estilos políticos: mientras Uribe es un político que pone por delante los principios, Santos evalúa el éxito a partir de resultados. Como hemos dicho en el pasado reciente, representan dos visiones que podrían bien autoproclamarse como realistas, pero difieren en los pasos tácticos, las consideraciones éticas y el tiempo. Mientras Uribe alega que no es posible negociar con grupos violentos mientras estos cuenten aún con cierta capacidad de fuego, operatividad de combate y voluntad de lucha, Santos piensa que si no tuviesen al menos un mínimo de esas cualidades, no estarían dispuestos a negociar, pues un enemigo al borde de la derrota es más peligro que uno que tiene salidas. Uribe considera que la victoria contra el enemigo público se define como rendición incondicional (lo que nos recuerda a general Douglas MacArthur en Japón y Corea), mientras que Santos considera que la fuerza se puede combinar con el diálogo en una fórmula ganadora, logrando la pacificación mientras se reducen los costos. Y además, Uribe cree que los resultados no pueden ser inmediatos, pues debilitar al enemigo hasta su agotamiento y derrota final es una tarea suprema que debe ser completada sin fallas, mientras que Santos está urgido de resultados políticos que avalen su propuesta original de superar la “paz democrática” y avanzar hacia la “prosperidad democrática”. El primero desea volver al poder, el segundo quiere mantenerse y además pasar a la historia como el pacificador de Colombia (¿y quizá un Nobel de la Paz?).
Noruega, por su tradicional neutralidad ante el conflicto colombiano; Cuba, por su capacidad de dialogar de forma directa con sus camaradas de las FARC; y Venezuela, por cualidades parecidas a las cubanas, pero además por ser considerada el lugar de presunto aliviadero de la guerrilla, acompañan el esfuerzo del gobierno dirigido por Santos. Es en este punto donde emerge la amenaza para Venezuela, pues el tipo de guerra y acciones no estrictamente políticas (de financiamiento ilícito) de las FARC no fue combatido por parte de Colombia con la asistencia coordinada de sus vecinos. La históricamente incumplida responsabilidad colombiana de proteger las zonas fronterizas ha sido justificada bajo el principio de la necesidad de concentrar fuerzas en el interior del país para combatir el foquismo. A ello se suma la poca cooperación en su vecindario y, recientemente, las dudas con respecto a los objeticos políticos reales de sus vecinos (lo que motivó el ataque inconsulto a las FARC en territorio ecuatoriano, y las denuncias contra Venezuela presentadas en la OEA). Así las cosas, Colombia ha logrado una importante degradación de las capacidades de combate de las FARC con ayuda de su aliado norteamericano, pero sin asistencia regional concreta y coordinada, lo que supone una inesperada ventaja para negociar, pues así como el gobierno de Pastrana despejó 42,000 km2 para incentivar las negociaciones, el de Santos parece ofrecer una salida trasera a los grupos que no se desmovilicen, sugiriendo tácitamente que salgan de los límites colombianos.
La principal arista de la amenaza que para Venezuela supone el proceso de paz colombiano no es una migración del conflicto. La guerra colombiana tiene características propias que están vinculadas a factores tan insustituibles como la geografía (física y humana), la historia, la composición social y la economía. El problema no es que se recree el conflicto político colombiano en Venezuela, sino que sus productos residuales crucen la frontera masivamente y se asienten ante la fragilidad del Estado venezolano. Los productos residuales de un proceso de paz con las FARC son los niveles y frentes que no atiendan a la desmovilización, que cuentan con una especializada función paramilitar y se han familiarizado con los negocios ilícitos hasta convertirlos en su modus vivendi. La “cacería” de altos mandos guerrilleros, iniciada por Uribe y continuada por Santos, ha degradado al liderazgo revolucionario, ello ha venido motivando una mutación constante en la estructura de las FARC, hasta una forma reticular que quizá Marulanda no reconocería a simple vista. Esto significa que la centralizada estructura paramilitar fue agotándose, con lo que nos atrevemos a poner en duda el principio de subordinación y el mando supremo de Timochenko. No todos los miembros se desmovilizarán, bien sea por razones de orden penal, de orden ideológico o, simplemente, por no ser rentable abandonar su especialización como combatientes y traficantes. Ambas cualidades, por cierto, muy bien recompensadas en la industria del crimen organizado. Esos productos residuales buscarán espacios, y Venezuela parece ser, al menos por ahora, el mercado más prometedor de la región para el emprendimiento ilícito. De allí que la paz en Colombia pueda ser interpretada como una amenaza para Venezuela.
Víctor M. Mijares
