A raíz del fallido golpe de estado ocurrido el sábado de la semana pasada, y bajo la consideración de que aún sigue presente la amenaza golpista, el Consejo de Ministros ha declarado al país en estado de emergencia por los próximos tres meses.
Durante el estado de emergencia impuesto por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, el gobierno continuará buscando a los responsables de la intentona de golpe.
Erdogan se dirigió a la nación en un mensaje televisivo luego de un día de reuniones con los consejos de ministros y de seguridad.
Desde la restauración del presidente en su puesto, alrededor de 50.000 soldados, policías, jueces, funcionarios públicos y profesores han sido suspendidos o detenidos, aumentando la tensión en el país de 80 millones de habitantes fronterizo con el caos de Siria y aliado de Occidente contra el Estado Islámico.
Turquía también se ha comprometido a eliminar de raíz a los aliados del clérigo, Fethullah Gülen, quien vive en Estados Unidos a quien culpa del fallido intento de golpe de la semana pasada, ampliando una purga de su Ejército, la Policía y la Justicia también a universidades y colegios, la agencia de inteligencia y autoridades religiosas.
«Esta organización terrorista paralela no volverá a ser un peón efectivo para ningún país», afirmó el primer ministro, Binali Yildirim, en referencia a lo que el Gobierno lleva tiempo denunciando como un estado dentro del estado controlado por seguidores de Gülen. «Los arrancaremos de raíz», dijo en el Parlamento.
Gülen, de 75 años, que vive en un exilio autoimpuesto en Pensilvania pero tiene una red de seguidores dentro de Turquía, condenó el intento de golpe y negó estar involucrado. El antiguo aliado reconvertido en crítico de Erdogan sugirió que el presidente lo organizó como una excusa para poner en marcha una campaña de represión tras una constante acumulación de control durante los 14 años que lleva en el poder.
Las autoridades han cerrado medios considerados afines al clérigo y han anunciado 15.000 despidos en el Ministerio de Educación, 492 del Directorio de Asuntos Religiosos, 257 de la oficina del primer ministro y 100 funcionarios de inteligencia.
Además, el Consejo de Educación Superior de Turquía prohibió a los académicos del país viajar al extranjero para realizar estancias. Los académicos que actualmente se encuentren en el extranjero sin una imperiosa necesidad para ello deberán volver al Turquía, añadió el organismo.
Esta medida llega después de que se pidiera la dimisión de 1.477 decanos de Universidades y se revocase la licencia de 21.000 maestros de instituciones privadas.
*Con información de Bloomberg y DW
