Policía brasileña investiga a Lula por un caso de tráfico de influencias

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El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva anda abatido y cabizbajo, muy diferente del sindicalista parlanchín que movilizaba muchedumbres en piquetes en São Paulo y del político que lideró mítines por todo Brasil desde la década de los 90 hasta sus dos victorias electorales en 2002 y 2006. Sus aliados dicen que los ataques que han sufrido él y su familia han contribuido a que le cambie el semblante.

Un documento que la policía federal entregó a la justicia esta semana informa de que el expresidente está siendo investigado en la operación de “venta” de medidas provisionales —proyectos de ley con carácter de urgencia, a los que el Parlamento tiene que dar prioridad— que beneficiaron a fabricantes de automóviles.

El caso es un elemento más en un océano de malas noticias. Lo que más le preocupa a la familia de Lula y a toda la cúpula de su partido, el Partido de los Trabajadores (PT), es la sospecha de que sea dueño de dos inmuebles (que juntos valen unos 690.000 euros) que jamás se declararon a Hacienda: una casa de campo en una finca de 173.000 metros cuadrados en el Estado de São Paulo y un tríplex de 215 metros cuadrados en la costa y que habrían sido reformados por las constructoras OAS y Odebrecht, acusadas de desviar miles de millones de reales de la petrolera brasileña Petrobras.

Lula niega ser dueño de esos inmuebles. Sobre la casa de campo, su asesoría afirma que pertenece a amigos de la familia. Alega que las visitas a la propiedad —111 en cuatro años, según la revista Época— eran solo momentos de descanso familiar. Sobre el apartamento, alega que llegó a pagar una cuota de uno de los pisos del edificio, pero que nunca adquirió el tríplex.

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