Cuando la comunidad internacional estrecha lazos para combatir el terrorismo, especialmente tras la irrupción de Daesh, Venezuela es el único reducto sólido que les queda a los etarras en el planeta. Al menos medio centenar de terroristas viven al cobijo del régimen chavista, con un nivel de derechos y prosperidad superior a la inmensa mayoría de los ciudadanos, pese a que muchos de ellos están reclamados por España por sus muchos crímenes. Arturo Cubillas, cabecilla del colectivo, fue designado funcionario de la Administración por Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, le mantiene en la casta bolivariana.

Poco hacía presagiar que aquel Hugo Chávez que a principios de los años ochenta colaboró en la lucha antiterrorista -llegó a interrogar con especial celo a varios etarras para esclarecer casos abiertos en España-, acabara siendo su mejor protector. Los primeros etarras llegaron oficialmente a Venezuela como resultado del acuerdo suscrito entre el presidente del Gobierno Felipe González y su homólogo Carlos Andrés Pérez. Francia o Argelia se negaban entonces a extraditarlos y como mal menor el ejecutivo español «tragaba» y aceptada que fueran dispersados por diversos países de América. Todo, menos que permanecieran operativos en Bayona, Hendaya, San Juan de Luz, Biarritz…

Es el argumento que sigue esgrimiento Maduro para acoger bajo su régimen la amplia colonia etarra. Mal se entendió entonces que se trasladara a terroristas reclamados por sus muchos crímenes a terceros países en lugar de ser entregados a la Justicia. Pero estaban más o menos controlados.