Estados Unidos suspendió la entrega de recursos destinados a la lucha antidrogas en México luego de considerar que las Fuerzas Armadas y de Policía en ese país no están cumpliendo con las condiciones en derechos humanos establecidas por el Congreso y que exigen una certificación anual antes de poder hacer efectivo el desembolso.

Aunque la suma es pequeña, unos US$ 5 millones, es la primera vez que EE.UU. le retiene fondos a unos de sus principales aliados no solo comercial, sino en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.

La decisión estaría asociada a supuestos abusos de las Fuerzas Armadas mexicanas, y en particular el caso de los 43 estudiantes que desaparecieron en el estado de Guerrero el año pasado.

Desde que el Congreso aprobó por primera la llamada ‘Iniciativa Merida’, EE. UU. ha desembolsado unos US$ 2.300 millones en ayudas para ese país destinadas principalmente a la lucha conga las drogas a través del fortalecimiento de sus fuerzas de seguridad y el aparato judicial. Para este año estaban previstos unos US$ 150 millones.

En la ley que autoriza anualmente el presupuesto existe una cláusula (la enmienda Leahy), que prohibe la entrega de hasta el 15 por ciento de los recursos hasta que el departamento de Estado no certifique que el país está cumpliendo con una lista de requisitos en derechos humanos. Entre ellos, que esté castigando a miembros de la Fuerza Pública acusados de graves violaciones a los derechos humanos.

Una conclusión a la que no pudo llegar este año y de allí el castigo.

Se trata de la misma cláusula que se le ha aplicado a Colombia a lo largo de los últimos 15 años desde que EE. UU. comenzó a desembolsar fondos a través del Plan Colombia.

Aunque el Senador Patrick Leahy ha puesto por momentos frenos a la ayuda, el departamento de Estado nunca ha descertificado formalmente a Colombia.

Solo en una ocasión puso límites para que al ayuda aprobada anualmente no fuera entregada a ciertas unidades del Ejército implicadas en violaciones a derechos humanos.

En el caso de México, los 5 millones de dólares habrían sido destinados a erradicación de cultivos ilícitos en Perú.