Desde la semana pasada, un equipo de alto nivel de la Fiscalía, encabezado por el propio Eduardo Montealegre, viene analizando la viabilidad jurídica de denunciar ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional los graves abusos cometidos por el Gobierno venezolano en contra de los colombianos.

En esencia, los expertos consideran que la deportación masiva e indiscriminada por el simple hecho de la nacionalidad colombiana podría configurar una conducta de “ataque generalizado y sistemático contra la población civil”.

El Artículo 7 del Estatuto de Roma, que le dio vida a la Corte Penal Internacional, establece entre los delitos de lesa humanidad –y, por lo tanto, de competencia de ese tribunal con sede en La Haya– la “deportación o traslado forzoso de población” y, también, la “persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional”.

Los hechos cometidos en las últimas dos semanas contra miles de connacionales podrían encajar en esos conceptos y, sobre el papel, poner a andar la máquina de la temida Fiscalía de la CPI. Sin embargo, advierten todos los analistas, en la realidad las posibilidades no son tan claras.

Desde el 2002, cuando empezó a operar ese tribunal, que no juzga a países sino a personas –los ‘máximos responsables’ de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad–, solo ha intervenido en ocho países (‘situaciones’, según el lenguaje diplomático), todos africanos, y mantiene observación sobre otros nueve, entre ellos Colombia. (Además: Narcos, ¿detonante de la crisis fronteriza?)

Aunque no de manera formal, no sería la primera vez que las acciones del Gobierno venezolano llegan a la Fiscalía de la CPI. De hecho, una de las últimas acciones de Álvaro Uribe como presidente de Colombia, en el 2010, fue denunciar ante la Corte al fallecido presidente Hugo Chávez por 40 supuestos crímenes contra colombianos, entre ellos la masacre de 9 maniceros en la zona de frontera, que habría sido cometida en el 2009 por miembros de las Fuerzas Militares venezolanas y las Farc.

“Se entregaron evidencias sobre los campamentos de la guerrilla en Venezuela, y de los hechos que afectaron a la población colombiana en la frontera –señaló el abogado Jaime Granados, quien presentó la denuncia del 2010– (…). Como la justicia venezolana nunca actuó, era viable la entrada de la Corte Penal Internacional”.

La Fiscalía de la CPI, en tiempos de Luis Moreno Ocampo, también apuntó hacia los nexos internacionales de las Farc evidenciados en los computadores de ‘Raúl Reyes’, pero esa actuación no avanzó.

Andrés Molano Rojas, profesor de la maestría de Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario, cuestiona los reales efectos de dar un paso semejante si lo que se pretende es mejorar las relaciones con Venezuela o mejorar la situación de los colombianos afectados por las acciones de Caracas.

“La CPI no es una ventanilla a la que uno va con una carpeta a poner una demanda”, dice Molano, y explica que este tribunal internacional tiene una serie de procedimientos que podrían tardar años antes de una decisión importante.

“Hay una revisión de los procedimientos de admisibilidad; luego, la Sala de Cuestiones Preliminares hace un pronunciamiento sobre si admite o no la demanda, después interviene la oficina del Fiscal de la Corte –explica–. Y si se pasan todos estos filtros, después se procede con las investigaciones que pueden tardar años”. En 12 años de existencia, la CPI no ha emitido más de tres sentencias, lo que muestra que sus procesos toman tiempo.

Carlos Arévalo, expresidente de la Academia Internacional del Derecho y profesor de Derecho Internacional de La Sabana, dice que las conductas ocurridas en la frontera “podrían encuadrarse como crímenes de lesa humanidad, en el sentido en que sería una violación sistemática de los derechos de la población civil por parte del Gobierno venezolano, con la única justificación de que se trata de colombianos”.

Pese a esto, Arévalo anticipa que el escenario será difícil. “No sé si a la Corte le interese tomar este como uno de sus casos emblemáticos por desarrollar”.

Procurador llevó caso a la CIDH

El procurador Alejandro Ordóñez dijo este martes que llevó una queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “sobre la dramática situación contra los colombianos” en la frontera con Venezuela.

Ordóñez también envió un informe ante la Corte Penal Internacional (CPI) por los “delitos de lesa humanidad” cometidos en la frontera. “Son hechos dramáticos y constituyen un atentado flagrante contra la dignidad de los colombianos”, dijo.

Ante la misma CIDH, el alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez, interpondrá hoy miércoles una denuncia, apoyada en más de cien declaraciones de deportados afectados por delitos de lesa humanidad.

Defensor del Pueblo venezolano pide indemnización por frontera

El defensor del Pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, dijo que Colombia debe indemnizar a su país “por todo lo sucedido” en la frontera, y rechazó las denuncias de violación de derechos humanos de los colombianos residentes y los repatriados.

“Deberíamos ser indemnizados (por Colombia) por todos los daños que nos han causado: crímenes, contrabando de extracción, infiltración de paramilitares”, declaró el ombudsman al canal de televisión estatal VTV.

Y agregó: “En Colombia los supuestos defensores de derechos humanos han inventado que en Caracas se estaban haciendo revisiones a las casas, y donde vieran a alguien con cédula colombiana, lo llevaban directamente a la frontera; eso es mentira (…)”.

Este martes en la noche, el Gobierno de Venezuela amplió a toda la zona fronteriza del estado Táchira el estado de excepción. La medida cobija a cuatro municipios más, con lo cual ya suman 14.