El presidente guatemalteco Otto Pérez Molina negó haber solicitado un amparo ante la Corte de Constitucionalidad con el cual se busca revertir la decisión de la Corte Suprema de Justicia de iniciar un trámite para el retiro de su inmunidad como mandatario.
En conferencia de prensa, Jorge Ortega, vocero presidencial, dijo que el mandatario no conoce al abogado Edgar José Elías Corominal, quien hizo la solicitud en nombre de Pérez Molina, y que el presidente no ha solicitado nada.
El documento, al que tuvo acceso The Associated Press, está firmado por Elías Corominal, supuestamente a petición del presidente, y en él se establece que Pérez Molina asegura que la acción de la Corte Suprema de tramitar la solicitud para retirarle la inmunidad se habría hecho sin un «profundo y verdadero análisis jurídico».
«El recurso que fue presentado ante la Corte de Constitucionalidad, el Ejecutivo no tiene nada que ver en esa situación; está siendo usado el nombre del señor presidente», dijo Ortega, y aclaró que el viernes personal de la secretaria general de la presidencia se presentará ante el Ministerio Publico para que se hagan las investigaciones pertinentes. La Corte de Constitucionalidad inició el trámite del amparo solicitado.
Pérez Molina dijo el jueves que no tiene ninguna responsabilidad en las acusaciones en su contra por denuncias de corrupción que han dado pie a que se tramite el retiro de su inmunidad como mandatario, y afirmó que queda a la espera del debido proceso.
«No tengo ninguna responsabilidad; me puedo sentir tranquilo que no he cometido ningún hecho delictivo en relación a estas situaciones», afirmó en conferencia de prensa sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia, tomada la víspera, en la que dio trámite y envió al Congreso de la República una solicitud que analiza si le retiran o no la inmunidad para ser investigado.
La Corte basó su decisión en la denuncia presentada por el diputado de izquierda Amílcar Pop, que acusa al mandatario de estar vinculado con dos escándalos de corrupción: el primero por la defraudación aduanera por millones de dólares al fisco guatemalteco, de la cual no se ha suministrado el monto, y el segundo por un fraude al Seguro Social por 15 millones de dólares.
En un país de más de 14 millones de habitantes que luchan con problemas sociales crónicos, tales como una tasa de homicidios de 34 por cada 100.000 habitantes, violencia rampante de pandillas, pobreza generalizada y desnutrición infantil, ver a los servidores públicos enriquecerse tan descaradamente fue un punto de inflexión, dijo Adriana Beltrán, analista de seguridad de la Oficina de Washington para América Latina, una organización con sede en Estados Unidos que promueve los derechos humanos en la región.
«Creo que (los escándalos) finalmente demostraron a la población cómo estas redes de la corrupción y el crimen organizado realmente afectan su vida diaria», dijo Beltrán. «Para que ellos dijeran que ‘pagamos impuestos y el Estado no es capaz de proveer los servicios básicos porque están malversando o robando’, creo que con el tiempo esa fue la gota que desbordó el vaso».
Pérez Molina dijo que no existía ninguna línea jerárquica entre las decisiones que tomaron directivos de la Superintendencia de Administración Tributaria y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, instituciones en las que se habrían cometido los hechos de corrupción.
En ambos casos funcionarios de alto nivel y de confianza de Pérez Molina han sido detenidos, como el presidente del Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez, ex secretario de Pérez Molina, y Omar Franco, ex superintendente de Administración Tributaria.
Protestas por escándalos para presionar al presidente
Cada sábado durante casi dos meses, la Plaza de la Constitución frente al Palacio Nacional de la Ciudad de Guatemala se ha desbordado con miles de manifestantes que demandan el fin de la corrupción y la renuncia del presidente Otto Pérez Molina.
La mayoría son jóvenes de clase media, de la generación de los teléfonos celulares, y organizan las manifestaciones sin líderes a través de las redes sociales. Pero en estas marchas también se puede ver a sacerdotes o monjas hombro con hombro con empresarios, y a estudiantes junto a amas de casa, en lo que los analistas llaman ya una movilización de masas sin precedentes que incluso ha cruzado las líneas socioeconómicas, políticas y de clase.
«Es una expresión de frustración acumulada… que finalmente encontró una forma de expresarse públicamente y de forma masiva», dijo Eduardo Stein, exvicepresidente de Guatemala y ex ministro de Relaciones Exteriores. «Hubo gente de muchos sectores de la sociedad hartos de la corrupción».
A Guatemala no le son ajenas las protestas. Las marchas indígenas y campesinas suelen ocurrir comúnmente. El movimiento anticorrupción es único para constituir y mantener las manifestaciones en la capital por una multitud diversa, en su mayoría bien educada, que se basa en las redes sociales y los dispositivos móviles.
No hay escenarios, sistemas de audio ni políticos que pronuncien discursos en las marchas. En lugar de ello, los manifestantes levantan los puños, cantan el himno nacional y portan banderas nacionales y carteles que critican a la élite política con gritos de «¡Basta ya!».
«Pocas personas pensaban que la sociedad guatemalteca reaccionaría como lo hizo», dijo Pedro Cruz, quien ha participado en varias marchas. «Las protestas son como una primavera democrática donde las personas han salido a las calles para exigir muchas cosas. He visto a la gente despertar».
Las protestas también están dirigidas contra el principal candidato presidencial Manuel Baldizón, quien perdió hace cuatro años contra Pérez Molina y tiene el lema de campaña «Ahora le toca a Baldizón». Las últimas cinco elecciones presidenciales de Guatemala fueron ganadas por quien quedó en segundo lugar de la contienda anterior.
«¡Baldizón, no te toca!», gritan los manifestantes en las protestas.
