Vía La Nación
La Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela observa con preocupación los recientes acontecimientos en los que un número de personas, aún indeterminado, han sido detenidas por organismos de seguridad del Estado, con el alegato de “haber realizado amenazas y burlas”, tras el lamentable asesinato del diputado del Psuv Robert Serra y su asistente María Herrera.
Ocupa nuestra atención, dice el CNP, el hecho de que ciudadanos venezolanos sean privados de libertad por “haber realizado amenazas y burlas”. En cuanto a las amenazas por las redes sociales, es evidente que los organismos de seguridad están en el deber de investigarlas, todas las amenazas, no algunas. Hacemos la observación, porque en innumerables ocasiones, miembros de nuestro gremio y ciudadanos en general han sido objeto de mensajes en los que se advierten posibles agresiones a su integridad física y moral, sin que ello haya representado alarma alguna para el Gobierno.
Nos llama la atención que los esfuerzos del Estado están concentrados en lo que dice la opinión pública, en controlar lo que opinan tuiteros, videntes, caricaturistas, reporteros o usuarios comunes y corrientes de las redes, y no en resolver los problemas más acuciantes del pueblo venezolano, como la inseguridad personal, la escasez de alimentos y medicinas, o la crisis sanitaria.
En más de una ocasión nuestro gremio denunció la utilización de los medios del Estado como una vía para proferir insultos a dirigentes de la oposición, hechos públicos y notorios, que tampoco generaron prurito a los dirigentes del oficialismo.
Como gremio, no avalamos el irrespeto desde ningún sector, pero el “castigo a la burla”, el cual no está tipificado en las leyes venezolanas, pudiese estarse instaurando como un nuevo mecanismo de censura a la libertad de expresión. El CNP, una vez más, hace un llamado a los factores radicales de las parcialidades políticas, para que se produzca una profunda reflexión sobre una serie de comportamientos que han lesionado la convivencia en el país. En nuestro país, los delitos de difamación e injuria, contemplados en el Código Orgánico Penal Procesal, necesitan de una serie de condiciones que deben probarse. Consideramos que el presidente de la AN no está en capacidad ni en la potestad de calificar un delito, y mucho menos, dar instrucciones para que proceda la justicia
