Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, dejó en la lona a más de uno este viernes. Después de 10 años de lealtad a los mandatarios del chavismo, se bailó a más de uno con una muestra de autonomía institucional. El “gancho” que dobló las rodillas de Nicolás Maduro fue tan fuerte que eclipsó los golpes rectos que pusieron contra las cuerdas a los responsables en materia de seguridad ciudadana del país: el ministro Néstor Reverol y el vicepresidente Tareck El Aissami. En 2016 hubo 21.752 homicidios, con una tasa de 70,1 y un incremento de 12 puntos
@AdrianitaN
“EN DICHAS SENTENCIAS (las emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la Asamblea Nacional de Venezuela) se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que constituye una ruptura del orden constitucional”. Con esa frase Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, se adueñó de los titulares de la prensa nacional e internacional este viernes 31 de marzo. Que la fiscal dé una muestra de independencia institucional, después de servir durante una década a las “líneas” emanadas desde el Ejecutivo, sin duda, es noticia.
El pronunciamiento también fue un “gancho” potente que dejó al presidente Nicolás Maduro aturdido y lo llevó, pocas horas después, a llamar a un Consejo Nacional de Defensa con carácter de urgencia. Pero la fiscal también asestó unos golpes rectos y certeros a los responsables de la seguridad ciudadana del país: habló de aumento de asesinatos, de abuso de autoridad -muy especialmente de la OLP- y de un auge de los delitos en general.
Ortega Díaz decidió hacer la presentación del Informe Anual de Gestión 2016 del Ministerio Público (MP) desde la misma sede del organismo; esto, debido a una “lamentable pugna de poderes” existente en el país y de la cual, en la práctica, decidió no tomar partido. La fiscal habló de una serie de temas que resulta importante rescatar en medio del bullicio del público. A continuación un resumen de ellas:
- Los asesinatos siguen en aumento
La fiscal reveló que “detectamos una alta incidencia del delito de homicidios intencionales” durante el año 2016, con una tasa de 70,1 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Según cifras del Ministerio Público, 21.752 personas fueron víctimas de homicidios dolosos o intencionales —entre los que se cuentan feminicidios, sicariatos y muertes por resistencia a la autoridad, aclaró— durante el último año.
Es importante destacar que entre los móviles de homicidios el Ministerio Público incluye los sicariatos, o crímenes por encargo.
Ya en 2015 Ortega Díaz sorprendió al dar datos sobre este tema, tras ocho años de silencio al respecto. En esa oportunidad informó ante la recién electa Asamblea Nacional que la tasa de homicidios se ubicó en 58 por cada 100 mil habitantes y que, solo en ese año, 17.778 personas habían muerto de forma violenta en Venezuela.
Entonces, en 2016 hubo un repunte de 12 puntos en el indicador de homicidios, lo que se traduce en la muerte de 3.974 personas adicionales a las asesinadas en 2015. Cálculos hechos de forma independiente por la organizaciones no gubernamental OVV dan incluso un panorama más dantesco al oficial: 28 mil 479 personas habrían muerto de forma violenta durante el año pasado.
Ante el auge de este delito, Ortega Díaz hizo un llamado a “unificar esfuerzos institucionales para establecer como meta la reducción de la criminalidad en el país”. Indicó que por estos casos el Ministerio Público imputó a 13.334 personas y acusó a 5.796. Por estos homicidios fueron solicitadas 3.350 órdenes de aprehensión, de las cuales fueron ejecutadas 2.121 (63.3% del total).
A juicio del abogado experto en temas de violencia y seguridad ciudadana, Keymer Ávila, las cifras actuales “son las peores de la historia del país”. Recalcó que al menos un 20% del total de homicidios cometidos tienen como autores funcionarios policiales, algo que “no puede seguir legitimándose”. Al comparar la tasa de homicidios de 70,1 con el resto de la región, Venezuela sigue liderando junto a El Salvador y Honduras la lista de los países más violentos del mundo, explicó el especialista.
- Más jóvenes agredidos y agresores
55.4% de los asesinados en 2016 eran jóvenes. Durante los 12 meses de ese año 12.069 jóvenes de entre 15 y 30 años perdieron la vida de forma violenta. A juicio de la fiscal este hecho es “trágico saldo que atenta contra nuestra generación de relevo”.
Por delitos contra los niños, niñas y adolescentes fueron imputadas 9.218 personas y 4.286 fueron acusadas. En algunos casos la escena se invirtió y fueron los adolescentes quienes cometieron delitos; así, 20.066 fueron imputados y se presentaron actos conclusivos contra 10.713.
En 2015 fueron imputados 14.454 adolescentes, de acuerdo con la Memoria y Cuenta del MP. Esto implica un aumento de 38.8% (5612 casos) en los delitos cometidos por menores de edad.
La fiscal llamó a las autoridades del país a “ser autocríticas” y asumirse como corresponsables de este “lamentable hecho social”. Exhortó al diseño urgente de un plan de atención a la niñez y la población juvenil.
- Los muertos a manos de efectivos policiales
Otro récord anunciado por Ortega es el número de personas fallecidas a manos de efectivos policiales durante 2016, con 4.667 casos según el MP. “Sin necesidad de valorar la legalidad de estas muertes, la letalidad de las políticas policiales por sí mismas implican un aumento de la situación de violencia en el país”, sentenció la fiscal, al tiempo que tachó de “imprescindible” que el órgano rector en materia de seguridad ciudadana retome de inmediato las directrices contempladas en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional y, así, actúe apegado al marco constitucional.
Señaló que 4.441 funcionarios de diversos cuerpos de seguridad del Estado fueron imputados por estar presuntamente incursos en hechos violatorios de los derechos humanos. Además, fueron acusados 635 efectivos y 266 fueron condenados por incurrir en delitos como homicidios, torturas, tratos crueles, violaciones de domicilios y privaciones ilegítimas de libertad.
Ávila, quien es investigador y profesor de la UCV, indicó en el programa radial de Gladys Rodríguez en Éxitos que el repunte de casos de abusos de autoridad en 2016 fue de 173% con respecto al año 2015; y de 344% si se compara con el año 2014. “Si tenemos problemas institucionales, no se van a solucionar socavando el derecho. Si aceptamos excepciones con el derecho a la vida, esa excepción se convierte en la regla. Si el Estado puede matar a unos, el Estado puede matar a todos”, advirtió.
Agregó además que esta era la consecuencia de la implementación de la OLP.
- La OLP sin “h” de “humanista”
La fiscal se refirió a las OLP como “Operación de Liberación del Pueblo”, sin la “h” de “humanista” que le añadió el presidente Nicolás Maduro cuando relanzó el programa de seguridad, en febrero de 2017, tras cientos de denuncias de atropellos tras la aplicación de esta.
Según Ortega Díaz se contabilizaron 241 muertes en el marco de las OLP de 2016, por lo que fueron imputados 80 funcionarios de distintos cuerpos de seguridad y acusados 17 por, presuntamente, haber cometido violaciones de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Ya en noviembre de 2016 la fiscal hizo un llamado a “revisar la conducta de las personas que ejecutan los planes (…) porque la violencia genera más violencia y no contribuye a la paz”. En la Memoria y Cuenta de 2015 se contabilizaban 245 muertes en el marco de la OLP, apenas 4 más de las registradas un año después.
“Estos números implican vidas que se pierden a manos de funcionarios policiales, quienes en teoría deberían protegernos”, destacó Keymer Ávila.
- Llamado al desarme de la población civil
86,6% de los más de 20 mil venezolanos asesinados en 2016 fue a manos de armas de fuego. Esto, a juicio de la fiscal, evidencia lo necesario de desarmar a la población civil y la implementación del control de armas y municiones, con el fin de “lograr reducir la criminalidad y establecer una cultura de paz”.
- Extorsión, secuestro, narcotráfico y legitimación de capitales en auge
4.430 personas han sido imputadas y 2.590 acusadas por delitos de extorsión y secuestro; 24,7% y 18,1% más que las registradas en 2015, respectivamente. Asimismo, 19.761 ciudadanos fueron imputados y se presentaron acusaciones contra 10.521 por delitos vinculados con drogas ilícitas.
Ortega habló también de un “significativo” auge de los delitos económicos, financieros y de legitimación de capitales, por los cuales se acusaron a 2.614 personas durante 2016.
- Corruptos en la mira
“Los dineros que deben destinarse a satisfacer las necesidades de alimentos, salud, seguridad, son desviados en detrimento de su propio propósito”, dijo Ortega y señaló que 3.165 personas fueron imputadas, 2.167 acusadas, y otras 979 condenadas por ilícitos establecidos en la Ley contra la Corrupción. En 2015, 3.565 personas fueron imputadas y 3.119 acusadas, 11% más y 30% menos, respecto a los valores de 2015.
- Las mujeres aún son víctimas
122 femicidios fueron consumados en 2016 (uno más que en 2015) y fueron 57 frustrados en el país; por estos casos por se presentaron 108 acusaciones y se lograron 45 condenas que involucran a 50 victimarios. La fiscal destacó la creación del Servicio de Abordaje Integral a Víctimas de Violencia de Género y la intención por proteger a las familias.
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