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Más de 100 organizaciones de derechos humanos, junto a personalidades y miembros de la sociedad civil, suscribieron este martes un documento que exige la renuncia del defensor del Pueblo, Tarek William Saab, luego de que este, en nombre del Consejo Moral Republicano (CMR), apoyó públicamente la sentencia 155 del Tribunal Supremo de Justicia, que eliminó la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional; atribuyó al Presidente de la República la facultad de revisar leyes y de decidir la aplicación de delitos militares; y sugirió que se estudiara la presencia de Venezuela dentro de organismos internacionales.

La misiva –que fue entregada este martes en el despacho de Saab y vía correo electrónico– indica que el apoyo del defensor, plasmado en las declaraciones que ofreció el pasado miércoles 29 de marzo, fue fraudulento porque no fue producto de un consenso entre los miembros del CMR. La prueba está en que dos días después de que Saab le diera el espaldarazo al máximo tribunal, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz –quien es parte de la instancia– rechazó la sentencia por considerar que constituía una «ruptura del orden constitucional».

Además, el documento sostiene que el visto bueno del Defensor representa «un menosprecio a la actividad parlamentaria» por cuanto allana la inmunidad de los diputados. Al respecto, la socióloga y directora titular del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Ligia Bolívar, recordó que las mismas organizaciones de DDHH que hoy Saab llama «golpistas» fueron las que lo defendieron cuando se convirtió en el único diputado preso durante el intento del golpe de Estado a Hugo Chávez, en abril de 2002. «Es doblemente indignante», sostuvo.

Los reclamos de las ONG van más allá de la polémica sentencia. Se dirigen también a la falta de independencia del Defensor en distintos casos, como el de los restos humanos hallados en fosas de la Penitenciaría General de Venezuela.

 

“Por lo expuesto anteriormente, quienes suscribimos la presente comunicación le solicitamos formalmente que presente su renuncia al cargo como Defensor del Pueblo, permitiendo que una persona independiente y respetuosa de la Constitución, el Estado de Derecho y los principios democráticos, asuma el cargo; una persona que en lugar de defender sin pudor al gobierno, se coloque al lado de las víctimas de las graves violaciones a derechos humanos que ocurren diariamente», se lee en la carta.

Lo que el Defensor no defiende

«A él le han tocado varias cosas de su exclusiva responsabilidad, tanto para haber actuado adecuadamente al lado de las víctimas y de las personas que sufren las consecuencias de esas situaciones, como para haber alzado la voz, como se le pidió, en Naciones Unidas sin ningún tipo de cortapisas», señaló Feliciano Reyna, presidente de Acción Solidaria, quien apuntó que a pesar de la crisis social en salud y alimentación, el Defensor solo se ha conformado con armar mesas de trabajo que no presentan soluciones.

«Cuando hay una convocatoria de marcha, como la de las mujeres con cáncer que no tienen ningún medicamento, él debe estar allí o mandar a personal de alto nivel para que vea qué es lo que ocurre. Cuando hay una amenaza como la del Arco Minero contra los pueblos indígenas, él debería hacer un trabajo continuo. Cuando hay hechos con fallecidos y heridos, como las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), donde ha habido ejecuciones extrajudiciales, robos, entradas de madrugada que tanto han afectado a las comunidades… Ahí no se ha visto la presencia del Defensor», puntualizó Reyna.

El presidente de Acción Solidaria recalcó que, cuando las organizaciones han solicitado ayuda internacional humanitaria, Saab ha dado la espalda. «Se ha plegado, como en otras situaciones, a la postura del poder, del Ejecutivo y de otros actores del PSUV, y ha dicho que eso significa injerencia o que abre las puertas a una intervención militar. Eso es gravísimo», calificó.

Lista de organizaciones firmantes

A través de una breve nota publicada en su portal, la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) expresó su profunda preocupación por la situación actual en Venezuela.

«La decisión del Tribunal Supremo de Justicia de privar a la Asamblea Nacional de sus funciones legislativas representó un paso decisivo hacia un gobierno autoritario. El intento de disolver la Asamblea Nacional suprimió el principio constitucional de separación de poderes y la voluntad del pueblo venezolano, expresado en las elecciones legislativas de diciembre de 2015», se lee en la nota.

Asimismo, LASA pide al gobierno venezolano que respete la Constitución Bolivariana, que respete las funciones legislativas de la Asamblea Nacional y que libere a todos los presos políticos.

A continuación, los firmantes del texto:

Joanne Rappaport, LASA President, Georgetown University
Gil Joseph, LASA Immediate Past President, Yale University
Aldo Panfichi, Vice President / President Elect, Pontificia Universidad Católica del Perú
Patricia Tovar, Treasurer, John Jay College
Evelina Dagnino, Executive Council Member, Universidade Estadual de Campinas
Robin Derby, Executive Council Member, University of California, Los Angeles
Maria Helena Machado, Executive Council Member, Universidade de São Paulo
Claudia Ferman, Executive Council Member, University of Richmond
Daniela Spenser, Executive Council Member, CIESAS / Mexico City
Catalina Romero, Ex Offico Member, Pontificia Universidad Católica del Perú
Timothy Power, Ex Officio Member, University of Oxford
Florencia Garramuño, Ex Officio Member, Universidad de San Andrés
Philip Oxhorn, Ex Officio Member, McGill University
Aníbal Pérez-Liñán, Ex Officio Member, University of Pittsburgh

La mañana de este martes 4 de abril, el Metro de Caracas informó que 12 estaciones no están prestando servicio comercial en «resguardo de los usuarios, el personal y las instalaciones».

En la Línea 1 fueron cerradas las estaciones Chacaíto, Sabana Grande, Plaza Venezuela, Colegio de Ingenieros, La Hoyada, Capitolio y Caño Amarillo.

En la Línea 2 no presta servicio comercial El Silencio, mientras que en la Línea 4 están cerradas las estaciones Teatros, Parque Central, Zona Rental y Bello Monte.

Para este martes se prevén dos movilizaciones: una del oficialismo —que partirá desde la Defensoría del Pueblo hasta la esquina de San Francisco— y otra de la oposición —que va desde Plaza Venezuela hasta el Palacio Legislativo.

1/2 #ATENCIÓN Iniciamos las operaciones comerciales, sin embargo, en resguardo de usuari@s, personal e instalaciones NO prestan servicio las

— Metro de Caracas (@metro_caracas) April 4, 2017

2/2 Estaciones de L1: #CHT, #SAB, #VEN, #CDI, la #HOY, #CPT, #CAÑ, de L2 #SIL de L4 #TEA, #PQC, #ZOR y de L5 #BMO pic.twitter.com/GNschiTB6f

— Metro de Caracas (@metro_caracas) April 4, 2017

LOS DIPUTADOS DE LA OPOSICIÓN CONVOCARON convocaron a una movilización desde Plaza Venezuela hasta la sede del Poder Legislativo, este martes 4 de abril, a las 10:00 am.

Para este martes se prevén dos movilizaciones: una del oficialismo —que partirá desde la Defensoría del Pueblo hasta la esquina de San Francisco— y otra de la oposición —que va desde Plaza Venezuela hasta el Palacio Legislativo.

A continuación presentamos un minuto a minuto de esta jornada:

El Gobierno dio inicio formal a la celebración del centenario de la Revolución de Octubre de 1917. Según los organizadores, la línea que marcará el curso del año de jubileo socialista será: De Lenin a Chávez, de la Revolución Bolchevique a la Revolución Bolivariana. Sin embargo, desde el Partido Comunista de Venezuela afirman que tras 18 años de brega, la revolución socialista en Venezuela sigue siendo un tema pendiente. Siendo así, ¿qué legado reivindica entonces el Gobierno?

• Maduro decretó feriada toda la Semana Santa para la administración pública

• La OEA declara que en Venezuela hay “una grave alteración inconstitucional”

• Detuvieron a Roberto Enríquez por supuesta traición a la patria

• Detienen a tres sujetos con un lanza misil en Aragua

De los bolcheviques a los bolichicos: 100 años de la Revolución Rusa

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FOTOS Colectivos hieren al diputado opositor Juan Requesens

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Bolivia la tendrá difícil para impedir sesiones sobre Venezuela en la OEA

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Comenzó el proceso de remoción de magistrados de la Sala Constitucional del TSJ

[iconbox title=»Cáritas suma 806 niños con desnutrición y bajos de peso en 31 parroquias» title_align=»center» content_align=»center» title_color=»#1006a0″ align=»center» type=»vector» icon=»fa-icon-group» icon_align_to=»box» size=»32″ ] Dato publicado en Crónica Uno. [/iconbox] [divide style=»dashs» icon=»circle» margin_top=»5″ margin_bottom=»5″ color=»#dd9933″] [iconbox title=»Indicadores Económicos» title_align=»center» content_align=»center» title_color=»#dd9933″ align=»center» type=»vector» icon=»steady-icon-bars» icon_align_to=»box» size=»32″ icon_color=»#dd9933″ icon_color_hover=»#0c0c89″ icon_animation=»none» ]

Precio de @BarrilVenezuela es $43.76 base a WTI de $50.23.

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El presidente Nicolás Maduro decretó días feriados para todos los trabajadores públicos el lunes 10, martes 11 y miércoles 12 de la próxima semana para avanzar en obras de infraestructura por las lluvias.

De esta manera toda la Semana Santa será feriada para los trabajadores de la administración pública. El Presidente afirmó que la medida es para agilizar las obras que se abordan en varios estados ante los daños causados por las precipitaciones.

La afirmación la hizo la noche de este lunes 3 de abril durante un Consejo de Vicepresidentes de Gobierno, desde el Palacio de Miraflores.

El Ministerio Público logró privativa de libertad para ocho hombres, por su presunta responsabilidad en el hurto de más de 100 motos, situación detectada el pasado 30 de marzo en la parroquia San Bernardino del municipio Libertador, Distrito Capital.

Asimismo, por este caso fue imputada una mujer de 56 años.

En la audiencia de presentación, la fiscal de la Sala de Flagrancia del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Laura Lara, imputó a Jesús Brunos, César Coronado, Eyber Díaz, Jaime Pérez, Vicente Urbano, Jhonel Zarraga, Carlos Pineda, Edwin Prado y Claret Rojas, por los delitos de hurto agravado de vehículo automotor, desvalijamiento de vehículo, alteración de seriales, extorsión y asociación, todos en concurso real de delitos.

Adicionalmente, a Claret Rojas se le precalificó el delito de uso de documento público falso.

Luego de ser evaluados los elementos de convicción expuestos por la fiscal, el Tribunal 36º de Control del AMC dictó la privativa de libertad para los ocho hombres quienes fueron enviados al Centro Penitenciario Región Capital Yare III, mientras que a Rojas se le otorgó una medida cautelar consistente en la presentación de dos fiadores que devenguen 100 unidades tributarias cada uno.

El pasado 30 de marzo una persona denunció en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) el hurto de su moto marca Kawasaki modelo KLR en las inmediaciones de la Clínica Herrera Lynch, ubicada en San Bernardino.

Minutos más tarde, Brunos, quien se desempeñaba como registrador en el citado centro de salud, se puso en contacto con la víctima, solicitándole 2 millones de bolívares por la devolución de su vehículo.
En este sentido, el hombre asistió al lugar acordado junto a funcionarios del Cicpc, quienes aprehendieron al registrador.

De inmediato el Ministerio Público inició la investigación del caso, la cual condujo a la detención de los otros involucrados ese mismo día en diferentes puntos de Caracas y el estado Vargas.

Vale destacar que tras realizar dos allanamientos, la policía científica incautó piezas de más de 100 motos que fueron denunciadas como hurtadas.

La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó hoy «por mayoría» una declaración que afirma que en Venezuela hay una «grave alteración inconstitucional del orden democrático» y exige al Gobierno de Nicolás Maduro que restaure «la plena autoridad» de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.

El texto fue aprobado «por mayoría» (17) de los 21 Estados presentes en la Sala, ya que solo se abstuvieron cuatro de ellos: República Dominicana, Bahamas, Belice y El Salvador.

El documento lo presentaron Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, EE.UU., Jamaica, México, Panamá, Paraguay y Perú.

El texto no se sometió a votación, sino que se aprobó «por mayoría» de los Estados presentes, según declaró el presidente interino del Consejo Permanente, el embajador de Honduras, Leónidas Rosa Bautista.

En el momento de la presentación y debate de la resolución no estuvieron presentes Bolivia, Venezuela y Nicaragua, que abandonaron la sesión tras denunciar que se trata de una reunión «ilegal» y un «golpe de Estado institucional» al haberse celebrado pese a que Bolivia, titular de la presidencia del Consejo, la suspendió esta mañana.

La resolución, el texto más duro aprobado en la OEA contra Maduro, incorpora la posibilidad de, «en la medida que sea necesario», emprender «gestiones diplomáticas adicionales para fomentar la normalización de la institucionalidad democrática», «incluyendo la convocatoria de una reunión a nivel ministerial».

Fuentes diplomáticas explicaron a Efe que la posibilidad de que los cancilleres se reúnan en la OEA para abordar este tema es algo que se está negociando pero para lo que todavía no hay fecha.

El texto indica que «a pesar de la reciente revisión de algunos elementos de dichas sentencias (del Supremo sobre la Asamblea Nacional), es esencial que el Gobierno de Venezuela asegure la plena restauración del orden democrático».

De esa manera, los firmantes instan a Venezuela a «actuar para garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional», según la versión final del texto aprobado, que leyó en la sesión la embajadora de Perú, Ana Rosa Valdivieso.

En el documento, expresan «su profunda preocupación por la grave alteración inconstitucional del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela y su apoyo continuo al diálogo y a la negociación para dar lugar a una restauración pacífica del orden democrático».

Indica además que «las decisiones del Tribunal Supremo de Venezuela de suspender los poderes de la Asamblea Nacional y de arrogárselos a sí mismo son incompatibles con la práctica democrática y constituyen una violación del orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela».

Los países se comprometen asimismo a mantenerse dispuestos «a apoyar las medidas que permitan el retorno al orden democrático a través del ejercicio efectivo de la democracia y el Estado de derecho en el marco constitucional de Venezuela».

El embajador de Venezuela, Samuel Moncada, advirtió antes de salir de la sala que cualquier cosa que fuera aprobada en esta sesión no sería tomada en cuenta por su Gobierno al considerar que la reunión es «ilegal».