Internacional

La ONG Amnistía Internacional publicó este lunes un informe sobre la falta de protección que provee el gobierno de Curazao a los venezolanos que llegan a la isla tras huir de la crisis en su país, y exhortó a las autoridades a protegerlos y poner fin a los abusos en su contra.

El informe, titulado «Detenidos y deportados: Niegan protección a personas venezolanas en Curazao«, ofrece pruebas convincentes de que desde julio de 2017, las personas extranjeras no pueden pedir protección internacional en Curazao y detalla varias presuntas violaciones de derechos humanos cometidas contra personas procedentes de Venezuela, que corren el riesgo de ser detenidas y devueltas en infracción del derecho internacional.

“Es una vergüenza que el gobierno de Curazao no haya establecido un procedimiento efectivo para solicitar asilo. En lugar de volver la espalda a quienes huyen de la grave crisis de Venezuela, las autoridades de Curazao deben garantizar los derechos de todas las personas solicitantes de asilo y refugiadas que necesitan protección internacional”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

De acuerdo a AI, en lugar de proteger a quienes llegan desde Venezuela, el gobierno de Curazao ha elaborado una “estrategia de expulsión activa” con el fin de deportar a las personas en situación migratoria irregular. En 2017, las autoridades de Curazao expulsaron a 1.203 personas venezolanas de la isla, mientras que en los primeros cuatro meses de 2018 deportaron a otras 386.

Amnistía Internacional ha visto que las autoridades recluyen a quienes van a ser deportados en centros de detención y calabozos policiales. El informe expone también un caso en el que las autoridades pusieron a unas personas menores de edad al cuidado de un hogar de niños estatal mientras su madre estaba detenida.

La organización de derechos humanos reportó haber observado condiciones injustificables en los centros de detención, como hacinamiento, falta de intimidad, higiene deficiente en las zonas de ducha y aseo, y falta de ropa de cama adecuada. Varias personas dijeron a la organización que habían sufrido malos tratos en el momento de la detención o bajo custodia, incluida la proposición de hacer favores sexuales a cambio de compresas y jabón.

“Algunos guardias nos tratan como a animales”, dijo a Amnistía Internacional un hombre recluido en los calabozos policiales de Río Canario.

“Estamos consternados ante las denuncias de malos tratos, uso excesivo de la fuerza y otros abusos que se cometen durante las detenciones o bajo custodia. Las autoridades de Curazao deben poner fin de inmediato a estas prácticas y abrir investigaciones sin demora, imparciales, independientes y efectivas sobre cualquier denuncia de violaciones de derechos humanos”, dijo Erika Guevara Rosas.

Venezuela está en estado de emergencia desde enero de 2016, y las personas disidentes son sometidas a redadas, acoso e intimidación. Las graves crisis alimentaria y de sanidad siguen empeorando, y afectan sobre todo a niños y niñas, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas. La ONU calcula que 2,3 millones de personas venezolanas han huido de esta crisis sin precedentes en su país, de las que entre 5.000 y 15.000 están actualmente en Curazao en situación migratoria irregular.

*Con información de nota de prensa

En Nueva York, el Consejo de Seguridad de la ONU inició un debate sobre la corrupción y conflictos en el mundo, presidida por la embajadora de Estados Unidos ante la ONU. En la sesión, varios dirigentes han expresado sus opiniones con respecto a la situación política, económica y social que atraviesa Venezuela.

La embajadora de los Estados Unidos Nikki Haley,  en su discurso se refirió a Venezuela y destacando que en su país  han hecho “un esfuerzo adicional para garantizar que nuestras sanciones estén dirigidas directamente al régimen de Maduro y no al pueblo venezolano”.

Recordó que en Venezuela, el departamento del Tesoro ha impuesto sanciones específicas a los funcionarios del gobierno para evitar que muevan sus activos robados en el sistema financiero internacional”. Explicó que en países como el Congo, Nicaragua y Venezuela, donde la corrupción ha alimentado el conflicto o ha impedido su resolución, el Departamento del Tesoro de los EEUU Ha impuesto importantes sanciones”.

Continuó diciendo Haley que “los gobiernos en lugares como Venezuela e Irán no existen para servir a su gente y usan corrupción para su beneficio. Existen para servir a sus propios intereses y la corrupción es el medio por el cual lo hacen”.

Recordó que a las 3 de la tarde de hoy se llevará acabo la reunión de la Fórmula Arria: Venezuela como estudio de caso de corrupción, paz y seguridad.

Jorge Arreaza: En Venezuela no hay crisis humanitaria, sino una crisis económica

Michelle Bachelet, la nueva Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, aceptó reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, en la antesala del discurso que el canciller pronunciará el 11 de septiembre en Ginebra.

«En Ginebra sostuvimos una cordial y productiva reunión de de trabajo con Michelle Bachelet», escribió Arreaza sobre la reunión en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con el canciller, en el encuentro se acordó comenzar una nueva etapa de cooperación, «con nuevos métodos de intercambio y coordinación» entre el gobierno y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

En Ginebra sostuvimos una cordial y productiva reunión de de trabajo con @mbachelet , Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. Acordamos comenzar una nueva etapa de cooperación, con nuevos métodos de intercambio y coordinación entre Venezuela y su Oficina. pic.twitter.com/wcpBqEsPJA

— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) September 10, 2018

Según informó la portavoz de la oficina de la ONU, Ravina Shamdasani,  la reunión habría sido solicitada por Venezuela y la Alta Comisionada habría aceptado.

Bachelet hizo este lunes su primer discurso frente al Consejo Derechos Humanos, que celebra su 39ª sesión entre el 10 y el 28 de septiembre. El discurso, del que una copia fue transmitida previamente a los medios, contenía párrafos sobre Venezuela pero que finalmente la exmandataria chilena no pronunció antes los diplomáticos.

“Cuando se abre esta sesión, el creciente número de personas que huyen de Venezuela y Nicaragua demuestra una vez más la necesidad de defender constantemente los derechos humanos”, indica el texto de su discurso. También manifestó que es “urgente ayudar a los Estados de acogida a resolver los numerosos problemas que provocan estos movimientos”.

*Con información de AFP

El gobierno de Donald Trump dijo el domingo que su preferencia para que en Venezuela haya un retorno a la democracia ordenado y pacífico sigue “sin cambios”.

Garrett Marquis, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, comentó lo anterior luego de que el periódico The New York Times reportara que funcionarios del gobierno de Trump se reunieron en secreto el año pasado con rebeldes militares venezolanos para conversar sobre los planes de éstos para derrocar al presidente Nicolás Maduro.

El diario citó a funcionarios estadounidenses anónimos y a un excomandante militar venezolano que participaron en las conversaciones, y señaló que a la larga los estadounidenses decidieron no ayudar a los conspiradores.

Marquis dijo que una solución duradera a la crisis política y económica generada por el liderazgo autoritario de Maduro en Venezuela sólo puede alcanzarse tras la “restauración de la gobernanza por prácticas democráticas, el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales”.

La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo hoy que se han seguido recibiendo desde el pasado junio informaciones sobre casos de muertes relacionadas con la malnutrición y enfermedades que se pueden prevenir en Venezuela.

En su primer discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la nueva alta comisionada dijo que en el mismo periodo continuaron las denuncias de detenciones arbitrarias, maltratos y restricciones a la libertad de expresión en ese país.

“El gobierno no ha mostrado apertura para una rendición de cuentas genuina”, sostuvo, en referencia a las violaciones de los derechos humanos que documentó la ONU durante las protestas masivas de 2017.

Bachelet, quien asumió el puesto de alta comisionada la semana pasada, dijo que el éxodo de venezolanos demuestra la importancia de proteger los derechos humanos en toda circunstancia y, en este caso particular, de ayudar a los países que los están recibiendo.

Cifró en 2,3 millones el número de personas que han huido del país hasta el pasado 1 de julio, lo que equivale al 7 % de la población total.

Las razones -expuso- han sido “la falta de alimentos y de acceso a medicinas esenciales y a atención médica”, así como “la inseguridad y la persecución política”.

Mencionó que este movimiento no está decayendo, sino que por el contrario se está “acelerando”, con 800 venezolanos que están entrando a diario a Brasil.

Asimismo, mencionó que 4.000 venezolanos llegaron a Ecuador cada día en la primera semana de agosto, y que hubo 50.000 llegados a Colombia en un periodo de tres semanas en julio, reseñó Efe.

AFP reseñó que el discurso, del que una copia fue transmitida previamente a los medios, contenía párrafos sobre Venezuela pero que finalmente Bachelet no pronunció antes los diplomáticos.

“Cuando se abre esta sesión, el creciente número de personas que huyen de Venezuela y Nicaragua demuestra una vez más la necesidad de defender constantemente los derechos humanos”, indica el texto de su discurso.

“Es urgente ayudar a los Estados de acogida a resolver los numerosos problemas que provocan estos movimientos”, añade.

“Pero también es fundamental abordar las razones por las cuales la gente se va” del país, afirma Bachelet, y pide al Consejo que tome “todas las medidas disponibles para hacer frente a las graves violaciones de los derechos humanos” en Venezuela y Nicaragua.

En el texto de su discurso, Bachelet indica también que desde la publicación en junio del informe del Alto Comisionado, la instancia “continuó recibiendo información sobre violaciones de los derechos económicos y sociales, como los casos de muertes relacionadas con la malnutrición o las enfermedades que se pueden evitar, así como las violaciones de los derechos civiles y políticos”.

Por otra parte subraya que el gobierno de Venezuela “no ha hecho prueba de apertura” para poner en marcha “auténticas medidas” de cara a juzgar las responsables de la violencia “durante las manifestaciones de 2017”.

A continuación las denuncias de Bachelet sobre Venezuela y Nicaragua

Al comenzar esta sesión del Consejo, el número cada vez mayor de personas que huyen de Venezuela y Nicaragua demuestra una vez más la necesidad de defender constantemente los derechos humanos. Sí, es urgente ayudar a los Estados receptores a resolver los muchos desafíos que plantean dichos movimientos. Pero también es fundamental abordar las razones por las cuales las personas se van. En ambos países, la Oficina insta al Consejo de Derechos Humanos a que tome todas las medidas disponibles para abordar las graves violaciones de los derechos humanos que se han documentado en informes recientes.

Con respecto a Venezuela, se estima que 2,3 millones de personas huyeron del país el 1 de julio, aproximadamente el 7% de la población total, debido en gran parte a la falta de alimentos o acceso a medicamentos esenciales y atención de la salud, inseguridad y persecución política. Este movimiento se está acelerando. En la primera semana de agosto, más de 4,000 venezolanos por día ingresaron a Ecuador; Según los informes, 50,000 venezolanos llegaron a Colombia durante un período de tres semanas en julio; y 800 venezolanos por día ahora están ingresando a Brasil. El movimiento transfronterizo de esta magnitud no tiene precedentes en la historia reciente de las Américas, y la vulnerabilidad de los que se van también ha aumentado: personas mayores; mujeres embarazadas; niños, incluidos menores no acompañados; y las personas con problemas de salud cruzan la frontera en números crecientes.

Desde la publicación de nuestro último informe sobre Venezuela, en junio, la Oficina ha seguido recibiendo información sobre violaciones de derechos sociales y económicos, como casos de muertes relacionadas con la malnutrición o enfermedades prevenibles, así como sobre violaciones de los derechos civiles y políticos, incluidas las detenciones arbitrarias, los malos tratos y las restricciones a la libertad de expresión. El Gobierno no ha demostrado apertura a medidas genuinas de rendición de cuentas respecto de cuestiones documentadas por la Oficina durante las protestas masivas de 2017.

La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo hoy que se han seguido recibiendo desde el pasado junio informaciones sobre casos de muertes relacionadas con la malnutrición y enfermedades que se pueden prevenir en Venezuela.

En su primer discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la nueva alta comisionada dijo que en el mismo periodo continuaron las denuncias de detenciones arbitrarias, maltratos y restricciones a la libertad de expresión en ese país.

«El gobierno no ha mostrado apertura para una rendición de cuentas genuina», sostuvo, en referencia a las violaciones de los derechos humanos que documentó la ONU durante las protestas masivas de 2017.

Bachelet, quien asumió el puesto de alta comisionada la semana pasada, dijo que el éxodo de venezolanos demuestra la importancia de proteger los derechos humanos en toda circunstancia y, en este caso particular, de ayudar a los países que los están recibiendo.

Cifró en 2,3 millones el número de personas que han huido del país hasta el pasado 1 de julio, lo que equivale al 7 % de la población total.

Las razones -expuso- han sido «la falta de alimentos y de acceso a medicinas esenciales y a atención médica», así como «la inseguridad y la persecución política».

Mencionó que este movimiento no está decayendo, sino que por el contrario se está «acelerando», con 800 venezolanos que están entrando a diario a Brasil.

Asimismo, mencionó que 4.000 venezolanos llegaron a Ecuador cada día en la primera semana de agosto, y que hubo 50.000 llegados a Colombia en un periodo de tres semanas en julio.

Aunque permanece en una unidad de cuidados intensivos, el estado de salud del candidato presidencial Jair Bolsonaro, evoluciona favorablemente, dijeron este sábado sus médicos.

Bolsonaro, líder en los sondeos para los comicios de octubre en Brasil, fue acuchillado el jueves en un mitin.

Según el boletín médico divulgado por el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, el candidato “se mantiene consciente y en buenas condiciones clínicas”.

Bolsonaro fue trasladado el viernes tras haber sido sometido un día antes a una delicada cirugía en la ciudad de Juiz de Fora.

En el boletín, el centro médico indicó que el diputado permanece en una unidad de cuidados intensivos pero que no tuvo ninguna complicación en las últimas 24 horas; que sus condiciones pulmonar y cardiovasculares están buenas y que no presentó fiebre ni ningún síntoma de infección.

Agregó que todos los exámenes de laboratorio y de imagen a los que fue sometido mostraron resultados estables y se le dio “continuidad al tratamiento cínico con buena evolución y sin necesidad de procedimientos adicionales por el momento”.

Isabel De Saint Malo, vicepresidenta y canciller de Panamá, dijo que su país debe ser solidario ante la crisis humanitaria que abate a Venezuela y por ello defendió la decisión de otorgar permisos de trabajo a los asilados venezolanos.

“Esta administración ha otorgado condición de asilo a 7 personas, los 7 de Venezuela. Con crisis humanitaria que vive ese país, Panamá debe ser solidario y crear condiciones para que puedan ganarse su sustento. Otros países les otorgan salario además del permiso de trabajo”, escribió De Saint Malo este sábado en su cuenta de Twitter.

La ley panameña establece que muchas profesiones y oficios solo pueden ser ejercidas en el país por nacionales y bajo condiciones muy específicas y generalmente asociadas a la no existencia de personal calificado es que un extranjero puede ejercerlas.

El viernes fue publicado en la gaceta oficial un decreto del 30 de agosto pasado, firmado por el presidente Juan Carlos Varela, y el ministro del Trabajo, Luis Ernesto Carles, que autoriza que se otorgue permiso de trabajo a extranjeros en condición de asilos en Panamá.

Ese permiso laboral se otorgará de forma anual, tendrá un costo de 10 dólares y deberá ser tramitado mediante un abogado, de acuerdo con el decreto ejecutivo 114. “No tendrán derecho a estos permisos de trabajo las personas que estén condenadas o vinculadas a actividades delictivas como el blanqueo de capitales, narcotráfico, trata de personas, pandillerismo, sicariato y terrorismo”, añade el documento oficial.

En otros mensaje en Twitter, De Saint Malo recalcó este sábado que “la legislación vigente desde el 2008 ya otorgaba posibilidad de otorgar estos permisos laborales. El decreto lo único que hace es reglamentarlo para que la ley se cumpla”.

De acuerdo con la información oficial, cuatro magistrados del Tribunal Supremo venezolano en exilio han recibido asilo en Panamá, un país al que han llegado en los últimos años miles de venezolanos que huyen de la crisis generalizada de su país.

Panamá estableció la exigencia de visa estampada a los venezolanos desde octubre pasado, lo que junto con las fuertes restricciones laborales ha desalentado la llegada de estos extranjeros y llevado a otros ya establecidos a salir del país.

Esta administración ha otorgado condición de asilo a 7 personas, los 7 de Venezuela. Con crisis humanitaria que vive ese país, Panamá debe ser solidario y crear condiciones para que puedan ganarse su sustento. Otros países les otorgan salario además del permiso de trabajo. ISMA

— Isabel de Saint Malo (@IsabelStMalo) 8 de septiembre de 2018

Además la legislación vigente desde el 2008 ya otorgaba posibilidad de otorgar estos permisos laborales. El decreto lo único que hace es reglamentarlo para que la ley se cumpla. ISMA

— Isabel de Saint Malo (@IsabelStMalo) 8 de septiembre de 2018